¿Usás garrafa en tu casa? Esto es lo que tenés que saber hoy

En la Argentina, millones de hogares no están conectados a la red de gas natural. Dependen exclusivamente de la garrafa para cocinar, bañarse y calefaccionarse. Y en pleno invierno, eso significa enfrentar un mercado desregulado, subsidios congelados y operativos que no siempre llegan. Si vivís con garrafa, esta nota te explica qué podés pedir, qué te están negando y cómo defender tu derecho a una energía justa.

El Plan Hogar: subsidio nacional paralizado

El Programa Hogar otorga un subsidio mensual para quienes no tienen acceso a gas por red. Pero desde hace casi tres meses, –no se paga un solo peso–. El Decreto 415/2025, publicado el 18 de junio, ratificó su continuidad, pero "no definió montos, ni cronograma de pagos, ni fecha cierta de acreditación".

Hoy el monto del subsidio varía por provincia y región, pero en la práctica resulta completamente insuficiente. Mientras una garrafa de 10kg cuesta entre $15.000 y $22.000, el subsidio oficial ronda apenas entre $1.500 y $2.200, según el padrón. Es decir "no cubre ni un 10% del valor real" del producto.

De mantenerse estos valores, el subsidio dejaría de cumplir su función de equiparar, para convertirse en un simple gesto simbólico –un "aporte irrisorio" frente al precio real del gas embotellado–.

Además, se espera que el pago sea acumulativo, cubriendo los meses de abril, mayo y junio en los que no se ha abonado. Pero –hasta el día de hoy– eso tampoco ha sido confirmado por ninguna autoridad. Ni el monto total a percibir ni la fecha exacta de acreditación figuran en los canales oficiales.

En un contexto donde los ingresos populares están congelados y el acceso a la red de gas sigue siendo un privilegio geográfico, lo mínimo que se requiere es certeza, actualización y cumplimiento. De lo contrario, el subsidio se convierte en un recurso simbólico que –no protege, no alcanza y no llega a tiempo–.

Tres tipos de usuarios: quién cobra, quién no, quién espera

Si usás garrafa, podés estar en una de estas tres situaciones:

1. Ya estás cobrando el subsidio, pero seguís esperando el pago de los últimos meses. No tenés que hacer ningún trámite, pero tampoco sabés cuándo cobrarás lo que te deben.
2. Fuiste rechazado por no cumplir alguna condición: gas de red activo, ingresos por encima del tope, o duplicación familiar. En ese caso, podés solicitar una revisión presentando documentación en ANSES (presencial o vía web).
3. Estás en espera: hiciste el trámite, figura como activo, pero aún no te pagaron ni tenés fecha asignada. Es el limbo administrativo que hoy afecta a miles de personas.

Para acceder al beneficio, necesitás tener los datos familiares actualizados, declarar que no tenés gas de red, y –en zonas urbanas– presentar el Certificado Negativo emitido por Anses. Si tenés red pero no conexión interna, podés solicitar una excepción.

El caso Mendoza: cuando el gas es local, pero el frío es nacional

En Mendoza, más del 30% de los hogares no tiene conexión domiciliaria de gas. La garrafa es su única fuente energética. Sin embargo, Mendoza es también una provincia productora de gas. Es decir, se produce localmente lo que no se garantiza socialmente.

Allí el gobierno provincial implementa el programa “La garrafa en tu barrio”, que lleva garrafas a algunos puntos vulnerables. Pero:

• Requiere certificado negativo de Anses, aunque en la práctica a veces se entrega sin él.
• Los precios "subsidiados" están entre $6.500 y $9.000, igual inaccesibles para quienes no cobran subsidio nacional.
• No hay fiscalización ni entrega regular: depende de la suerte, el barrio y la voluntad política.

Este modelo se repite en muchas provincias: programas parciales, requisitos burocráticos y una idea equivocada de que subsidiar es regalar. No: subsidiar es equiparar. Es darle al que no tiene red, las mismas condiciones que al que sí la tiene.

La garrafa común: el mercado del frío sin control y sin defensa del consumidor

Quienes no acceden al Plan Hogar ni a programas provinciales quedan completamente expuestos al mercado de la garrafa común. Y ahí ya no hay derecho, ni protección, ni precio justo: hay un abandono deliberado del Estado.

En muchas provincias, y particularmente en Mendoza, la distribución está manejada por un reducido grupo de empresas que actúan en forma oligopólica. Se reparten zonas, fijan precios sin competencia y dominan la logística del gas embotellado con total impunidad. Los consumidores, en vez de elegir, deben conformarse con lo que llega –cuando llega– y al precio que se les imponga.

El problema se agrava por tres factores:

• No hay precios máximos oficiales ni obligatorios. Las garrafas se venden entre $15.000 y $22.000 por unidad, sin distinción entre hogares de bajos ingresos o zonas extremas. Y con ese precio, una garrafa que se usa para cocinar, calefaccionarse y bañarse puede durar tan solo 4 a 6 días en hogares donde el frío es más crudo.
• No se fiscaliza el mercado. La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor obliga al Estado a garantizar transparencia, competencia leal y condiciones dignas de acceso a bienes esenciales. También impone sanciones frente a la "fijación abusiva de precios" y al "aprovechamiento de posición dominante". Nada de eso ocurre aquí.
• No se protege al usuario más vulnerable. El sistema beneficia al intermediario, nunca al vecino. No se exige balanza visible, no se controla el peso real del envase, no se entregan comprobantes y –no se castigan los recargos encubiertos por envío o método de pago–. Es el negocio del frío, legalizado por la inacción estatal.

Este abandono es especialmente grave en contextos de uso intensivo: en zonas frías o de montaña, una familia puede necesitar entre 4 y 6 garrafas por mes. Eso significa un gasto mensual de entre $80.000 y $120.000 solo en gas. ¿Qué salario popular puede sostener ese gasto? Ninguno.

Y eso no se debe al mercado. Se debe a que el sistema de protección al consumidor no actúa donde más lo necesita la gente. Se transformó en un conjunto de oficinas burocráticas que solo atienden reclamos con ticket, con número de trámite y con acceso digital. Pero quien más sufre esta injusticia –la madre en Lavalle, el abuelo en Malargüe, el cosechador en Jujuy– no tiene tiempo, señal o fuerzas para hacer fila.

Un sistema que congela derechos

En Mendoza, 3 de cada 10 hogares no tienen conexión a la red de gas. Y no es casual: son siempre los mismos sectores excluidos, los que viven más lejos de los centros urbanos, los que habitan en zonas rurales, de frontera o en la alta montaña. Lugares donde el frío pega más fuerte y la garrafa de 10kg, que debe servir para cocinar, bañarse y calefaccionarse, no alcanza ni para unos pocos días.

La desigualdad energética no es solo un problema económico: es una violación al artículo 42 y 43 de la Constitución Nacional, que garantizan el acceso a servicios esenciales en condiciones de equidad, salud y dignidad ambiental.

Subsidios como el Plan Hogar no son una dádiva: son una herramienta de equiparación para que quien vive en Gualtallary o Bardas Blancas no pague tres veces más que quien vive en pleno centro de una capital provincial por el mismo servicio básico. La energía no puede depender del mapa: debe depender del derecho.

Porque defender el acceso al gas también es defender el arraigo rural, la soberanía territorial, y a todas esas familias que —a pesar del frío, del precio y del abandono— siguen habitando los lugares que le dan identidad y fuerza a este país.