El golpe escondido en el Presupuesto 2026: quieren borrar la Zona Fría del gas
Más de 200.000 hogares mendocinos quedarían sin el beneficio de la Zona Fría si avanza el artículo 72 del Presupuesto 2026, una medida que elimina un derecho conquistado en 2021 y que corregía la histórica desigualdad tarifaria en regiones de climas extremos.
El Gobierno Nacional incluyó en el artículo 72 del Proyecto de Presupuesto 2026 la derogación de los artículos 4º a 8º de la Ley 27.637, que desde 2021 amplió el régimen de Zona Fría a más de tres millones de hogares en todo el país. Con esa maniobra, más de 200.000 hogares mendocinos perderían un beneficio que no le cuesta nada al Estado y que fue creado para corregir una injusticia histórica en el sistema tarifario.
La paradoja de las tarifas "planas"
Hasta 2021, el esquema tarifario argentino tenía una lógica pensada para zonas templadas: cuanto menos gas consumías, más barato era el metro cúbico, y cuanto más consumías, más caro se volvía, bajo la idea de castigar al "derrochador".
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El problema es que ese diseño no consideraba el factor climático. En provincias con inviernos crudos, como Mendoza, Córdoba serrana o la Patagonia, todos los hogares terminaban consumiendo más gas simplemente porque necesitaban calefaccionarse. Automáticamente, el sistema los castigaba como si fueran despilfarradores, cuando en realidad eran familias intentando no morirse de frío.
Así se daba la paradoja: en zonas templadas, como gran parte de la Provincia de Buenos Aires, un hogar podía pagar tarifas bajísimas, mientras que en zonas de frío extremo las facturas resultaban impagables.
Qué resolvió la Ley de Zona Fría
Para corregir esa inequidad, en 2021 se sancionó la Ley 27.637, que amplió el régimen de Zona Fría y creó un Fondo Fiduciario financiado por los propios usuarios.
El mecanismo es claro:
- Los hogares de zonas templadas pagan un recargo mínimo en sus facturas.
- Con ese fondo, se financian descuentos del 30 % para todos los usuarios de zonas frías.
- Además, los sectores vulnerables (jubilados de ingresos bajos, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad, monotributistas de categorías mínimas) acceden a un descuento del 50%.
Es decir, no hay gasto fiscal, no hay subsidio estatal, no se toca el presupuesto nacional. Se trata de un sistema de equidad entre usuarios que reparte el costo del gas de manera justa en función de las necesidades climáticas.
Qué pasaría si lo eliminan
Si se aprueba la derogación en el Presupuesto:
- En Mendoza, más de 200.000 hogares perderán de inmediato la reducción del 30 % o 50 %.
- A nivel nacional, más de 3 millones de familias volverán a pagar tarifas plenas, quedando cubiertas únicamente la Patagonia, la Puna y Malargüe.
- Los sectores vulnerables, que hoy pagan la mitad de la tarifa, sufrirán un aumento insostenible.
- Se reinstala la desigualdad: los usuarios de zonas templadas volverán a pagar muy poco y los de zonas frías, tarifas imposibles.
En la práctica, esto significa un tarifazo encubierto. Los hogares de zonas templadas dejarán de aportar al fondo, y los de zonas frías cargarán con el total de la tarifa, justo cuando los ingresos están estancados y el costo de la garrafa ya es inalcanzable.
La sombra del Fondo Monetario y el tarifazo que viene
¿Por qué se elimina un régimen que no le cuesta un peso al Estado? La respuesta está en los compromisos asumidos por Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que exigen una reducción drástica de los subsidios energéticos.
Según el último Staff Report del FMI, el gasto en subsidios energéticos debe caer del 1,1 % del PBI en 2024 al 0,5 % en 2025, y al 0,4 % en 2027. Esta baja no se explica solo con ajustes de eficiencia: detrás está el objetivo de acercar las tarifas de electricidad y gas al costo pleno de provisión.
Aplicado a Mendoza, el panorama es crítico. La eliminación de la Zona Fría y el recorte de subsidios nacionales para los usuarios residenciales N2 y N3 implicaría que muchas facturas se dupliquen o incluso se tripliquen de manera abrupta.
El efecto sería devastador:
- Miles de familias que hoy, aun con los descuentos, ya tienen dificultades para pagar el gas, quedarían completamente fuera del sistema.
- En el próximo invierno, el gas natural se volvería impagable para amplios sectores medios y bajos.
- Ya se observa un fenómeno alarmante: familias conectadas a la red han abandonado el consumo de gas natural para pasarse a la garrafa, que es más cara, más incómoda y menos segura. El programa oficial de reparto masivo de garrafas se ha multiplicado en los últimos años, señal de que la población está retrocediendo en materia de acceso energético.
En otras palabras: lo que se presenta como un “ajuste contable” para cumplir con metas fiscales internacionales se traduce, en la vida cotidiana, en hogares que deberán elegir entre pagar el gas o pasar frío.
El derecho del consumidor en riesgo
La Ley de Defensa del Consumidor (24.240) garantiza el derecho a un trato digno, equitativo y no discriminatorio. Eliminar la Zona Fría:
- Desconoce las realidades climáticas que afectan de manera estructural a las familias de distintas regiones.
- Impacta con especial dureza sobre jubilados, trabajadores precarizados y sectores vulnerables.
- Viola el principio de confianza legítima, ya que los hogares organizaron sus economías bajo una norma vigente desde 2021, que ahora se pretende borrar en el articulado del Presupuesto.
Un debate que no puede esconderse
Lo más grave es el método: se busca derogar la Ley de Zona Fría dentro del Presupuesto, sin un debate específico en el Congreso, sin escuchar a las provincias ni a las asociaciones de usuarios.
La discusión no es menor: hablamos de la diferencia entre poder calefaccionar un hogar en invierno o condenar a familias enteras a la pobreza energética.
La Zona Fría no es un privilegio ni un subsidio. Es un mecanismo de justicia tarifaria que equilibra realidades distintas en un país atravesado por climas diversos. Eliminarlo sería retroceder veinte años y cargar, una vez más, el ajuste sobre los usuarios.