Discapacidad: cuando el ajuste se vuelve crueldad
La Justicia le puso un freno al ajuste en discapacidad: un fallo en Campana ordenó restituir prestaciones vulneradas por el veto presidencial y dejó en claro que los derechos de niños y personas con discapacidad están por encima de cualquier recorte fiscal.
El fallo del juez federal de Campana que declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad no es un trámite aislado: es un mensaje claro al poder político. Los derechos de las personas con discapacidad no se recortan con excusas fiscales.
Un caso individual que refleja una realidad colectiva
El amparo lo presentaron los padres de dos niños con discapacidad. El juez ordenó restituir prestaciones educativas y terapéuticas que habían quedado en riesgo por el veto. Aunque el caso es individual, desnuda un problema general: las prestaciones se siguen brindando, pero sin actualización, y las familias deben cubrir cada vez más con recursos propios. Esa práctica es un ajuste encubierto, donde lo que se "ahorra" el Estado lo paga el ciudadano común.
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El magistrado fue categórico: el derecho a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad —y en particular de niños— tiene supremacía sobre cualquier restricción presupuestaria. Ese razonamiento se apoya en la Constitución, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad.
El presupuesto ya existe y es ínfimo
La Ley 27.793 no inventa un gasto nuevo. El presupuesto para discapacidad ya estaba previsto en la Ley de Presupuesto Nacional. Lo único que hace la norma es impedir la maniobra del Ejecutivo de no actualizar las partidas, licuándolas con la inflación y reduciendo en los hechos la cobertura.
El costo fiscal que estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso es de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Un número insignificante dentro del presupuesto nacional. Para decirlo claro: es un porcentaje ínfimo, casi invisible en el total de las cuentas públicas. Presentarlo como un factor de desequilibrio es una falacia.
Si realmente se buscara equilibrio fiscal, las primeras medidas no hubieran sido eliminar retenciones al agro y a la minería. Allí se resignaron miles de millones de pesos que sí afectaron la capacidad del Estado de cumplir con la ley de presupuesto y con derechos básicos. El ajuste, una vez más, fue selectivo: se protegió a los sectores exportadores y se golpeó a quienes no tienen lobby.
El derecho del consumidor como marco
Las personas con discapacidad son consideradas consumidores hipervulnerables por la Ley de Defensa del Consumidor. Eso significa que el Estado, las obras sociales y las prepagas tienen la obligación de garantizar la cobertura plena y continua de todas las prestaciones.
Cuando una obra social se excusa en que "no hay actualización de fondos", en realidad está trasladando el ajuste al afiliado, lo que constituye una práctica abusiva prohibida por el artículo 8 bis de la ley. El fallo del juez González Charvay también protege esta dimensión: refuerza que los prestadores no pueden cortar tratamientos apelando al déficit fiscal.
Ajuste selectivo y prioridades políticas
Mientras se mantienen los privilegios de la política —cargos innecesarios, autos oficiales, viajes, estructuras duplicadas—, se ajusta sobre quienes menos pueden defenderse. Se habla de equilibrio fiscal, pero lo que en verdad se practica es un ajuste con sello ideológico: se castiga al más débil y se libera de cargas al más poderoso.
Corrupción no es excusa para crueldad
Es cierto que durante años hubo punteros que repartieron pensiones por discapacidad falsas. Pero esa corrupción no puede ser usada como argumento para desfinanciar a quienes realmente necesitan terapias y apoyos. La estafa política no puede transformarse en crueldad institucional.
El costo de interrumpir tratamientos
Cuando se interrumpen terapias o medicaciones, la persona con discapacidad sufre involuciones irreversibles. Eso destruye calidad de vida y, además, genera un costo mayor para el sistema de salud y para la familia. Ajustar en discapacidad no es ahorro: es una condena humana y económica.