El Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad se define como “un foro internacional único de intercambios y aprendizajes para los gobiernos nacionales, los organismos públicos, las instituciones especializadas  y las organizaciones no gubernamentales en materia prevención de la delincuencia y seguridad de las comunidades” que fue creado en 1994 bajo el auspicio de los gobiernos de Canadá, Quebec y Francia.

Este centro, presentó recientemente en asocio con la Universidad Alberto Hurtado de Chile el trabajo Seguridad y Prevención: la situación en Argentina, Chile y Uruguay. El texto editado en marzo de este año, incluye información estadística y de análisis durante el período de 2007.

La comparación de problemáticas, los modos de abordaje y el rol del Estado (y su legislación) en cada uno de los países mencionados, son algunos de los ítems que incluye el documento, que en muchos casos es meramente descriptivo de la situación y en otros, avanza sobre proposiciones concretas de superación.

Delitos estancados. Con la compilación del especialista chileno Carlos Guajardo García, se establece de manera llamativa (y casi contra cualquier pronóstico de primera vista) que la región ha logrado desde 2004 “una estabilización de los delitos de connotación social”, que especialmente con la crisis del 2001 había disparado las estadísticas, que ya desde mediados de los ’90 habían mostrado “un claro crecimiento de los índices de criminalidad”.

Sin embargo, lo que el trabajo reconoce es “un aumento en los niveles de violencia”. Esta tendencia, explican, es “parte de un fenómeno común en países como Argentina, Chile y Uruguay: el crecimiento de la percepción de inseguridad”. Una responsabilidad que “parcialmente”  adjudican al “impacto de los medios de comunicación de masas y la dimensión mediática de la política en materia de seguridad, particularmente con fines electorales”.  Cualquier similitud con la situación de Mendoza, es mera coincidencia.

 

Así, los expertos consideran que “si bien los delitos se estabilizan o disminuyen, la violencia con la cual se ejercen los actos delictivos aumenta, y la percepción de temor de la población también”. Dentro esa estabilización, también se admite, por cierto, la “tendencia al aumento de delitos en las zonas urbanas”.

Frente a ello, el estudio resalta que “en Argentina, por ejemplo, no ha existido una política integral de prevención del delito a nivel nacional que entregue resultados, considerando como directrices la participación ciudadana y la prevención del delito y la violencia, por un período sostenido de tiempo”.

Modos de prevención. El trabajo se divide en cuatro capítulos, con apartados especiales para los distintos temas y las particularidades de cada país (diagnóstico de seguridad y contexto de prevención; violencia en las escuelas; violencia juvenil y violencia contra las mujeres).

En el caso de la prevención del delito en Argentina, el informe ha sido elaborado por el especialista mendocino Martín Appiolaza, quien ha sido funcionario de Naciones Unidas, consultor del ministerio de Seguridad y miembro del Consejo Consultivo de Control de Armas del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Appiolaza indica que en nuestro país “las políticas y estrategias de prevención del delito han estado dispersas en diferentes áreas de gestión. La doble fragmentación de políticas públicas en ámbitos jurisdiccionales nacionales, provinciales y municipales, así como en distintos ministerios o agencias gubernamentales, impacta también en las políticas de prevención del delito”.

Así, parecería que esta dispersión de la institucionalidad terminaría siendo contraproducente para la efectividad del Estado (en cualquiera de sus niveles) en la lucha contra el delito. Todo ello, con el agravante que “el discurso mediático ha reducido el debate criminológico a una oposición entre seguridad y derechos humanos, mientras las demandas sociales se traducen en inflación penal plasmada en el aumento de los castigos para los infractores aplicados por un sistema judicial selectivo, reacio a modernizarse y que contribuye a cerrar el ciclo de criminalización de la pobreza”.

Según el informe, esa falta de coordinación nacional puede advertirse en la manera en que se encara la seguridad en distintas provincias, algunas cuentan con ministerios de Seguridad (Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe); otras con jefaturas de policía que dependen del gobernador (Tucumán y Formosa); mientras que “la provincia de Jujuy va más lejos: el mismo ministro se ocupa de la gestión de la policía, las cárceles, la identificación de personas y la educación”, afirma Appiolaza.

La escuela en crisis. El capítulo sobre violencia escolar en Argentina está a cargo de Pablo Madriaza, quien afirma que nuestro país vive en relación a la educación una “enorme contradicción”, ya que mientras “por un lado hubo un aumento considerable de cobertura, alfabetización y de obligatoriedad de la educación”, al mismo tiempo se registró “un aumento de pobreza y desigualdad”.

Allí, y respecto al fenómeno del denominado “bullying”, es decir la “agresión, hostigamiento e intimación persistente en el tiempo y que se produce entre dos personas o grupos con diferentes cuotas de poder” en el ámbito escolar, se refiere que en nuestro país, el 52,9% de estudiantes de escuelas públicas de 21 provincias “reporta haber sido víctima de hostigamiento, el 51,8 confiesa haber agredido de este modo y el 75,5% reporta haber sido testigo de ello”.

Asimismo, el 16,9% reporta ser víctima de violencias propiamente tal, el 16,6% confiesa haber agredido a otro de esa forma y el 34,4% reporta haber sido testigo de este tipo de agresiones”. Como puede apreciarse, un porcentaje más que considerable e indicativo de la violencia cotidiana en la escuela.

Sin embargo, y pese a la incidencia de estos datos, los especialistas estiman que “se ha hecho difícil consensuar una metodología estadística a nivel nacional, que permita comparabilidad y replicabilidad de datos levantados en diferentes momentos de la realidad argentina. Probablemente este es uno de los esfuerzos y desafíos del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas”, recomienda Madriaza.

Jóvenes violentos. Otro de los aspectos del documento es el de la violencia juvenil, tomándose en consideración la categoría de “jóvenes” a partir de los 12 años. Aquí, los especialistas reconocen que Argentina presenta “un aumento de delitos cometidos por adolescentes y jóvenes, ya que en 6 de cada 10 homicidios aparecen implicados, y en algo más del 50% de los delitos contra la propiedad”, en donde la gran mayoría son varones.

Para los responsables, ese momento particular de la vida, sumado a las condiciones socioeconómicas, “agravan los procesos de crisis”. En ese contexto, las “pandillas juveniles” son el modo de iniciación en el delito. Sobre este fenómeno tiene incidencia “la falta de educación y de formación, el desempleo y la desigualdad de oportunidades, así como la exclusión social, la pobreza y la urbanización”.

Nuestro país “no posee una reforma a la ley penal juvenil, la cual no trata sobre prevención sino más bien sobre las formas de control y penas ante los actos delictivos o violentos cometidos por jóvenes, por lo cual, la política que aplica actualmente es completamente punitiva y aporta más bien a la segregación social que a la inclusión”, apuntan los estudiosos.

Sobre el particular, Appiolaza expresa que “las políticas públicas de abordaje son difusas y con un enfoque predominantemente punitivo. Existen pocas y aisladas experiencias preventivas…”, que además no tienen “continuidad en el tiempo ni análisis de resultados”. Finalmente, agrega que “Argentina adeuda una ley penal juvenil en el marco de un necesario y amplio debate sobre las causas de la violencia juvenil”.

La doble victimización de la mujer. En lo que respecta a la violencia contra las mujeres, se hace referencia a que a partir de la década del ’70 la problemática dejó de ser “un elemento de la vida privada de las personas” gracias a el accionar de los movimientos de mujeres.

Tras la recuperación democrática y con el avance del “desarrollo internacional de los derechos de las personas, que han considerado la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos, que impide la igualdad de género y constituye una amenaza a la salud pública”.

Asimismo, el asunto busca una reconceptualización que incluya no solo la violencia física y psicológica, sino también el impacto que ello tiene en su entorno cercano: sus hijos. “En este aspecto es reconocido el hecho que la violencia doméstica tiende a favorecer la reproducción de la violencia, porque los niños que son afectados por ella, sea como víctimas o testigos, interiorizan la violencia como una forma normal de resolver los conflictos”.

Aquí se hace referencia a que “las diversidades culturales, así como la pertenencia a sectores rurales o urbanos, crean una gran diferencia en la percepción de la violencia entre las mujeres”. La falta de denuncias, ya sea por vergüenza o miedo a represalias es indicativo de ello.

Como indicadores también representativos del fenómeno se puede mencionar además la trata de personas, las violaciones, la violencia en espacios públicos, la discriminación, la exclusión, el acoso sexual, la prostitución forzada y el femenicidio.

El documento reconoce que “Argentina y Chile en comparación con la región, y la tendencia mundial a generar políticas y estrategias con respecto a la seguridad de las mujeres, se encuentran en una etapa de avances, en estrategias pero con limitaciones en su implementación.

Luz Oriana Rioseco Ortega, aborda específicamente la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja en Argentina y si bien acepta que “el nivel de sensibilidad respecto del problema es importante”, esto no se traduce “en un abordaje coherente, apropiado ni concordante con los derechos humanos vulnerados”. Tal situación se visualiza en la “carencia de datos estadísticos –oficiales y/o validados- sobre la violencia sobre mujeres”, tanto a nivel nacional como provincial.

Recomendaciones atendibles. Finalmente y a modo de conclusión, los responsables del texto recuerdan la “transversalidad” de la inseguridad, pero que sin embargo “la experiencia internacional muestra que los abordajes que utilizan acciones mixtas de prevención y control ha mostrado resultados positivos, enfatizando la exigencia de sustentabilidad de estas políticas”.

Para ello, asumen que ha sido fundamental el reconocimiento del “aumento de la criminalidad y conflictividad urbana”, algo que en la década pasada, se minimizaba. Dentro de esa realidad, se refiere que los delitos predominantes son “aquellos dirigidos contra la propiedad, especialmente el robo”.

Ante esta realidad, proponen la “coproducción de seguridad entre actores como el Estado, la sociedad civil y el sector privado”, buscando otorgar más poder a los gobiernos locales. También, la “toma de conciencia de los desafíos y cambios de la violencia en las escuelas”, con especial mención de “la naturalización de la agresión”. Respecto de la violencia juvenil, se asume que es “el problema más complejo” por su relevancia tanto como “victimario y víctima de la delincuencia”. En cuanto a la violencia dirigida a las mujeres “la carencia mayor se encuentra en la falta de enfoques de género de las políticas públicas”.

Los desafíos hacia el futuro, expresan la advertencia que el solo “enfoque prevencionista no es suficiente si las políticas presentadas no poseen un diseño, implementación, metodología y evaluación adecuada”. Obviamente, esto sumado a la voluntad política que incluya políticas de juventud y de prevención juvenil, formación y capacitación, y especialmente, la asignación de recursos, ya que concluyen “la sustentabilidad es condición sine qua non del éxito”.