Caso Magis TV: la Justicia ordenó a Google actuar sobre Android y cambió las reglas del juego
Un fallo en Argentina no solo dispuso bloqueos online: también instruyó a Google a desactivar Magis TV en Android con IP del país.
La causa por piratería avanza hacia el juicio penal y deja un precedente inédito en Argentina.
El expediente por Magis TV abrió una etapa nueva en la discusión regional sobre piratería audiovisual. El caso ya no se limita a bajar enlaces o clausurar páginas. Ahora, la Justicia dio un paso más profundo: ordenó acciones vinculadas al software que circula en los teléfonos y TV Boxes.
Con imputados procesados y una investigación que apunta a la comercialización del servicio, el conflicto se encamina a la órbita penal y podría llegar a un juicio oral durante 2026, según el estado actual de la causa.
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De la Operación 404 al foco argentino
El punto de partida está fuera del país. La investigación se conectó con un operativo impulsado en Brasil, conocido como Operación 404, una etiqueta que juega con el mensaje clásico de internet cuando un sitio no aparece. En ese marco, distintas entidades vinculadas a la industria denunciaron que Magis TV captaba señales y contenidos sin autorización, con un esquema de ingresos basado en suscripciones y venta de equipos. En la misma línea de intervención se mencionó el bloqueo de cientos de sitios y la inhabilitación de aplicaciones asociadas, en un intento por desarmar un circuito que se reproduce con rapidez.
En Argentina, la pesquisa quedó bajo la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (UFEIC), dirigida por el fiscal Alejandro Musso. El avance incluyó monitoreo digital, seguimiento de publicaciones y reconstrucción de rutas de comercialización de TV Boxes que se ofrecían con la aplicación ya instalada. Como resultado, se reportaron detenciones y procesamientos. Entre los nombres señalados aparecen Leopoldo Peña, Kevin Bentancur y Hugo Mospan, apuntados por distribución y venta del servicio. También se describieron allanamientos en Buenos Aires y Misiones, donde se habrían secuestrado equipos listos para salida comercial, servidores, computadoras con herramientas de retransmisión y documentación asociada a movimientos de dinero.
El giro del fallo: de bloquear dominios a tocar Android
El quiebre se atribuye a una resolución del juez Esteban Rossignoli, del Juzgado de Garantías N.° 4 de San Isidro. Por un lado, ordenó a proveedores de internet restringir el acceso a decenas de dominios vinculados a la plataforma. Pero lo más novedoso fue la instrucción dirigida a Google: desinstalar o inhabilitar la app en dispositivos Android que operen con IP argentina. Se trata de un antecedente inusual en el país, porque implica que una empresa tecnológica intervenga sobre aplicaciones presentes en equipos de usuarios, en un contexto ligado a derechos de autor y seguridad digital.
En el plano legal, los acusados fueron vinculados a la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. El marco penal contempla sanciones que pueden llegar a años de prisión, aunque en la causa se analizan elementos que podrían agravar el cuadro, como la facilitación del acceso con fines de lucro y, en algunos tramos, una posible estructura organizada. Especialistas remarcan que el objetivo no sería perseguir al usuario final, sino golpear el negocio detrás: venta de dispositivos, cobro de abonos y logística para sostener la retransmisión.
El caso queda como señal de época. La respuesta judicial ya no se agota en “bajar” sitios. Apunta a la infraestructura que mantiene vivo el circuito. Si el expediente se eleva a juicio durante 2026, el resultado podría consolidar un estándar nuevo para investigar piratería digital en Argentina. Y, sobre todo, dejar un mensaje operativo para el mercado: cuando el negocio se apoya en tecnología y distribución masiva, la intervención puede llegar también a las capas más cercanas al usuario, donde antes casi no se miraba.