Trata de personas y explotación laboral: rescataron a 42 personas en un campo
Megaoperativo en Santa Fe para desbaratar una red de explotación laboral y trata de personas. Dos personas detenidas.
Megaoperativo en Santa Fe para desbaratar una red de explotación laboral y trata de personas.
La Justicia Federal y la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe realizaron un megaoperativo que permitió desarticular una red de explotación laboral y trata de personas que operaba en la zona costera de la provincia.
El procedimiento tuvo lugar sobre la ruta provincial N.º 1, a la altura del kilómetro 17,5 en Arroyo Leyes, donde fueron rescatadas 42 personas adultas y dos menores de edad que vivían y trabajaban en condiciones infrahumanas.
La intervención fue ordenada por el fiscal federal Walter Rodríguez y contó con la colaboración de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas, Criminalística, UATRE, RENATRE y la Coordinación de Rescate Nacional.
En el lugar se encontraban personas sometidas a jornadas laborales extenuantes, sin acceso a derechos básicos y en un contexto de total vulnerabilidad.
Detenciones y secuestros
Como resultado del operativo, la policía detuvo a dos hombres, de 64 y 25 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia acusados de integrar y dirigir el esquema de explotación laboral.
A su vez, durante los allanamientos se secuestró una importante cantidad de elementos probatorios: armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, una camioneta VW Amarok, 132 cartuchos de diferentes calibres y más de 10 millones de pesos en efectivo.
También se incautaron documentos contables, chequeras, contratos laborales y una pistola Bersa 9 mm con munición. Además, los agentes encontraron marihuana y diversos artículos electrónicos de alta gama, entre ellos un iPhone 16 y una CPU Intel i5.
Asistencia a las víctimas
Las 44 personas rescatadas, la mayoría oriundas de Chaco, fueron inmediatamente asistidas por equipos especializados en trata de personas y puestas bajo resguardo. Se sospecha que muchas de ellas permanecían en el lugar desde hacía meses, en un contexto de aislamiento y con nula posibilidad de denunciar.
El caso quedó en manos de la Justicia Federal, que ahora avanza con la investigación para determinar la dimensión de la red y la posible existencia de otros establecimientos con prácticas similares en la región.