Trampas mortales en la ruta: las alertas que nadie atendió antes de la tragedia de San Carlos
La muerte de una pareja en San Carlos abrió un nuevo interrogante. Documentos, advertencias previas y especialistas exponen un sistema con responsabilidades divididas y controles que generan dudas.
La tragedia que conmocionó a Mendoza volvió a poner bajo la lupa el estado del arbolado en las rutas y el rol que cumplen los organismos responsables de su mantenimiento. (Imagen ilustrativa)
Luján de CuyoLa imagen todavía conmueve a Mendoza. Una pareja murió cuando un árbol de gran porte cayó sobre la camioneta en la que viajaba junto a su hija por la Ruta Nacional 143, en Paso de las Carretas, San Carlos. El dato que más inquieta a quienes investigan lo ocurrido no es climático: ese día no soplaba viento zonda en la zona. El árbol, según coinciden las fuentes consultadas, no necesitó una tormenta ni ráfagas huracanadas para desplomarse; le bastó su propio estado de descomposición y descuido.
La pregunta sobre si este hecho era evitable expone un problema estructural: nadie parece ser, en los hechos, responsable último del arbolado que bordea las rutas de Mendoza. Es un rompecabezas de jurisdicciones, que una ley sancionada este año, la 9702, intentó ordenar sin demasiado éxito hasta ahora.
Hubo advertencias, y quedaron por escrito. El 8 de mayo de 2024, un vecino de Paso de las Carretas presentó una nota al delegado municipal de Pareditas señalando el mal estado de los forestales de la zona, los mismos que, según su testimonio, terminarían provocando la tragedia. La respuesta llegó recién el 27 de junio de ese año, con la promesa de tomar medidas. Desde entonces no se registró ningún retiro forestal en la zona.
La evidencia de que pudo evitarse una tragedia
El documento más contundente, sin embargo, tiene fecha del 31 de julio: un día antes de la tragedia. El abogado y referente ambiental de San Carlos, Marcelo Romano, presentó ese viernes una nota a Vialidad Nacional reiterando pedidos previos de mantenimiento del arbolado público en la zona. Veinticuatro horas después, el árbol cayó.
Esa no era la primera vez que Romano alertaba públicamente sobre dicho riesgo. El 10 de febrero de 2026 grabó un video en la ruta 40, entre Pareditas y Chilecito, pidiéndole a los automovilistas que evitaran circular por la zona durante el viento zonda: "la falta de mantenimiento del arbolado que está al costado de la ruta se ha transformado en una trampa mortal", dice en la filmación, mientras señala un ejemplar que, advierte, "en cualquier momento se cae". No fue la única vez que lo filmó.
Esos antecedentes no alcanzan por sí solos para afirmar que el desenlace podía evitarse. Sin embargo, sí muestran que el estado del arbolado en ese sector ya había sido motivo de preocupación entre vecinos y dirigentes locales mucho antes del sábado en que ocurrió el accidente. Esa sucesión de advertencias es la que hoy vuelve a estar bajo análisis.
La explicación del gobierno de San Carlos
Consultado tras la tragedia, el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, admitió que la arboleda junto a las rutas nacionales es responsabilidad de Vialidad Nacional y que el municipio no puede intervenir sin autorización de ese organismo. "Para poder tomar cualquier tipo de acción debemos tener un permiso de ellos [...] que a veces tiene un trámite burocrático bastante extenso y complicado", dijo. Según el intendente, el lunes posterior al accidente se hizo presente personal de Vialidad Nacional, que reconoció no contar con presupuesto para las tareas y que solo podía ofrecer los permisos correspondientes.
El relevamiento de emergencia que hizo el propio municipio tras la tragedia arrojó cifras preocupantes: al menos entre 60 y 70 ejemplares bajo jurisdicción de Vialidad Nacional deberían retirarse de inmediato. Y de los 7.000 árboles del ejido municipal que San Carlos tiene censados, un 30% fue calificado como peligroso.
La ley provincial 9702, sancionada en marzo de este año tras la muerte de una mujer aplastada por un árbol en calle Rawson, en Maipú, buscó cerrar ese vacío: obliga a los municipios a presentar, cada cuatro años, un plan de manejo del arbolado público, incluso en tramos de jurisdicción provincial o nacional. Según Romano, San Carlos no lo cumplió: solo existe una nota presentada a la provincia en junio pasado, sin el plan que la norma exige.
La mirada técnica desde los especialistas en arbolado público
¿Por qué caen estos árboles en particular? Sergio Carrieri, presidente del Consejo de Arbolado Público de Mendoza, explicó que buena parte de la forestación al costado de las rutas mendocinas son álamos, plantados hace décadas junto a cursos de agua. Es una especie de vida relativamente corta: pasados los 50 o 60 años, envejece, se ahueca, se pudre o se seca. "Llegó un momento en que hay muchos álamos en esas condiciones en las rutas", señaló, y uno de ellos fue el que cayó en San Carlos.
Carrieri sostuvo que un árbol seco o con peligro inminente no debería permanecer en un lugar donde circulan personas o vehículos. Aclaró, también, que la legislación vigente obliga a retirarlo de inmediato.
Carrieri fue incluso más allá al señalar que la falta de equipamiento o de recursos no debería transformarse en una excusa para dejar árboles peligrosos al costado de una ruta. "No puede haber árboles secos donde circula la gente", sostuvo durante la entrevista con MDZ, al remarcar que la ley establece que esos ejemplares deben retirarse de inmediato cuando representan un peligro inminente.
"Hay un millón de árboles en Mendoza", resume Carrieri, "y hay instituciones que no necesariamente cumplen la ley de arbolado público", porque no todas disponen del equipamiento o los recursos para retirarlos. Vialidad Nacional, dice, es un caso típico: tiene a su cargo una enorme cantidad de forestales a la vera de las rutas, pero no cuenta con la maquinaria necesaria para intervenir. El resultado es la paradoja que resume el problema de fondo: son todos responsables y, en la práctica, no es nadie.
El Consejo de Arbolado Público, el organismo que debería asesorar sobre estas cuestiones, funciona hace más de 20 años, pero, aclara Carrieri, es puramente consultivo: "no tiene absolutamente ninguna capacidad de gestión" ni de control. Puede recomendar, como hizo con un estudio sobre necesidades hídricas del arbolado, pero no puede exigirle a ninguna institución que actúe.
Una herramienta que prometía monitorear el arbolado
Tampoco hay, hoy, una herramienta de monitoreo que funcione. En 2023, el Gobierno provincial presentó Mi Árbol, la plataforma digital presentada en 2023 por el Gobierno de Mendoza para relevar y gestionar el arbolado público del Área Metropolitana. El sistema fue anunciado como una herramienta capaz de identificar árboles secos, ejemplares que necesitaban ser reemplazados y otros datos sobre el estado vegetativo de cada especie.
La herramienta fue desciprta entonces como única en Latinoamérica con datos georreferenciados, nube de puntos Lidar y fotografías 360° de cada ejemplar del Gran Mendoza.
Ese mismo año también se difundieron los primeros resultados del Censo de Arbolado Público. El relevamiento informó que Mendoza contaba con 615.835 árboles censados, de los cuales más de 582.000 estaban considerados vitales, además de identificar las especies predominantes y los espacios disponibles para nuevas plantaciones.
Sin embargo, tres años después, los datos difundidos en la plataforma pública continúan siendo los mismos que fueron presentados en 2023. Carrieri aclaró que el Consejo Provincial de Arbolado Público no participó en ese desarrollo tecnológico y remarcó que el verdadero control debe realizarse mediante recorridas permanentes por parte de cada organismo responsable del arbolado.
Esa falta de información no es un detalle menor: es, según Carrieri, lo que explica por qué estos accidentes pueden repetirse. "Al aumentar la proporción (de árboles en mal estado), aumenta la probabilidad de que haya accidentes de ese tipo", explicó.
Las leyes existen, pero el desafío sigue siendo hacerlas cumplir
La tragedia de San Carlos dejó al descubierto que Mendoza no carece de un marco legal para proteger su arbolado público. Desde 2005 rige la Ley 7874, considerada la norma madre en la materia, que declara al arbolado público como patrimonio natural y cultural de la provincia, establece la obligación de conservarlo y asigna responsabilidades de manejo a los organismos competentes. Sobre esa base, cada jurisdicción debe planificar, controlar y mantener los ejemplares que se encuentran bajo su administración.
Dos décadas después, la Legislatura avanzó un paso más con la sanción de la Ley 9702. La norma, aprobada este año tras otra muerte provocada por la caída de un árbol en Maipú, incorporó nuevas exigencias para los municipios, entre ellas la presentación periódica de planes de gestión del arbolado, con un diagnóstico del estado de los ejemplares y las intervenciones previstas, incluso cuando se trate de sectores bajo jurisdicción provincial o nacional. El objetivo fue fortalecer la planificación y reducir los riesgos antes de que ocurran tragedias.
Sin embargo, mientras especialistas advierten sobre la existencia de árboles envejecidos que requieren reemplazo, los organismos públicos se reparten competencias entre municipios, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, Irrigación y otras dependencias.
Más allá de lo que determinen las investigaciones sobre este caso puntual, la discusión ya no gira solamente alrededor del árbol que cayó en Paso de las Carretas. La pregunta que queda abierta es si Mendoza cuenta con un mecanismo capaz de detectar y retirar a tiempo los ejemplares peligrosos o si las advertencias seguirán acumulándose hasta que una nueva tragedia vuelva a reabrir el mismo debate.
