Tierras huarpes: legisladores seguirán discutiendo y por ahora no votarán el proyecto de Cornejo
Comunidades huarpes se reunieron con legisladores quienes acordaron no someter a votación el proyecto para derogar artículos de la ley 6920.
El Senado profundiza el análisis de la Ley 6.920 y su impacto en tierras huarpes
Senado de MendozaSemanas atrás, el gobernador Alfredo Cornejo envió un proyecto a la Legislatura para derogar parcialmente la Ley Nº 6920 que reconoce derechos sobre las tierras al Pueblo Huarpe Milcallac que vive en la zona de las lagunas de Guanacache. Tras conocerse la noticia, los referentes de las comunidades huarpes se reunieron con legisladores quienes acordaron seguir discutiendo el proyecto y no someterlo a votación por el momento.
Desde hace más de dos décadas, las comunidades huarpes de Lavalle reclaman el cumplimiento de una ley que les otorga derechos sobre las tierras que habitan. Si bien se había logrado un avance, a través de un proyecto de ley ingresado a la Legislatura, el Gobierno buscaba derogar algunos artículos de la ley Nº 6920 dejando sin efecto las expropiaciones pendientes a los privados. El argumento del Ejecutivo apuntaba a la conflictividad judicial y obstáculos que tuvo la aplicación de la normativa vigente.
Tras reunirse con la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado, las comunidades huarpes se mostraron conformes con el freno al tratamiento del proyecto de ley en la Legislatura. En concreto, se acordó continuar con las discusiones en comisiones y no someter a votación en el corto plazo.
Fidel Bustelo, abogado de las comunidades huarpes, expresó: “El proyecto que ha mandado el Poder Ejecutivo, firmado por el señor gobernador, es falso. Hablan de obstáculos para cumplir la ley, pero no hay obstáculos. Hay desidia. En 15 años no se notificó ni una sola demanda. Eso no es imposibilidad jurídica, es decisión política”. En la misma línea, denunció que el texto presentado por el Ejecutivo está plagado de afirmaciones sin sustento y agregó que "el Estado provincial no tiene perjuicio económico por mantener vigente la Ley 6920, ya que esta establece que los supuestos propietarios deben acreditar su derecho en un plazo de diez años para poder reclamar una indemnización y ese plazo ya venció".
El intendente lavallino Edgardo González también estuvo presente junto a los legisladores y mostró un respaldo contundente hacia el pedido realizado por los referentes comunitarios en relación al freno del proyecto de ley. “Es una historia muy larga, de generaciones que lucharon para que se sancione esa ley. Una cosa es opinar desde afuera, y otra muy distinta es conocer la realidad del campo, donde faltan caminos, agua, pastura y se pierden animales por la sequía” y agregó: "Actualmente hay lugares como La Josefa donde ya han alambrado campos y no dejan pasar a los verdaderos dueños del secano”.
Por otra parte, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, destacó: "Estoy de acuerdo con la gran mayoría de los exponentes en la jornada de hoy con la posición del intendente y demás expositores. No hay ninguna duda de nadie de las fuerzas políticas legislativas de la preexistencia étnica y de la posesión ancestral del pueblo huarpe. No está en duda que esos terrenos le pertenecen. Es un proyecto incompleto que fue presentado de esta manera para poder conversarlo con las comunidades huarpes y con los legisladores para ver la manera de cómo sigue esta iniciativa".
El eje del conflicto
La ley N°6920 declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación a los inmuebles ubicados dentro de una superficie de más de 700 mil hectáreas, que ocupa aproximadamente el 75 % del territorio del departamento de Lavalle y el 5 % de la superficie total de la provincia. Parte de esos terrenos son fiscales, pero la gran mayoría son inmuebles que están en manos de privados, en algunos casos bancos o sociedades anónimas.
En concreto, según el Gobierno provincial "todos los territorios fiscales, que son más de 100 mil hectáreas, fueron entregados a las comunidades. Lo que no se pudo hacer era entregar los terrenos que pertenecían a los privados. Quedaron sujetos a expropiación, se declararon expropiables pero no se pudieron expropiar por una cuestión económica". Si se tiene en cuenta la superficie afectada inicialmente la derogación parcial de la ley afectaría a 680 mil hectáreas aproximadamente.