Sobreseyeron al expolicía Luis Chocobar en la causa por presunta estafa a través de la fundación con su nombre
La Justicia consideró que no se pudo probar la acusación de la Inspección General de Justicia y que la mayoría de los donantes señalaron que entregó el dinero para ayudar al exagente y no por creer que la entidad ya tenía personería jurídica.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº42 dispuso el sobreseimiento del expolicía de la Ciudad, Luis Chocobar, en la causa por presunta estafa vinculada con la denominada “ Fundación Chocobar”. La resolución, que también alcanza a su abogado Fernando Soto, Ricardo Daniel Galeano y Luis Jorge Cevasco, concluyó que no hay pruebas suficientes para demostrar el engaño, el perjuicio económico ni la relación causal necesaria para configurar el delito.
El sobreseimiento de Luis Chocobar y los implicados en la causa por la Fundación Chocobar
La investigación había comenzado a partir de una denuncia presentada por Carlos Alberto Flores, apoderado de la Inspección General de Justicia, después de que el organismo detectara que la Fundación Chocobar no figuraba inicialmente registrada como fundación ni como asociación civil. La acusación sostenía que los cuatro imputados habían utilizado una entidad inexistente para captar dinero de particulares que creían estar realizando aportes a una organización legalmente constituida.
La Fundación había sido difundida desde 2021 mediante una página web, redes sociales y medios de comunicación. Según el proyecto publicado, su finalidad era brindar asistencia legal, médica, psicológica, económica y social a integrantes de las fuerzas de seguridad y a sus familias, además de acompañar a policías involucrados en procesos judiciales. Para recibir los aportes, se difundieron cuentas bancarias y de Mercado Pago.
La pericia financiera, los testimonios de los donantes y la falta de perjuicio patrimonial
En una de esas cuentas ingresaron $69.100 en donaciones. Sin embargo, la investigación financiera determinó que, desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2026, no hubo movimientos de ingreso ni de egreso y que permanecían $66.962,74 disponibles. Una diferencia de $2.137,26 entre ambos montos no pudo ser explicada por Mercado Pago, pero la justicia sostuvo que no había ningún elemento que permitiera vincularla con una apropiación realizada por los imputados.
El juzgado analizó los testimonios de 25 de los 32 aportantes identificados. El análisis de las declaraciones mostró que la mayoría había aportado dinero por solidaridad con Chocobar y por su identificación con la causa que representaba, y no porque hubiera verificado que la Fundación contara con autorización formal de la IGJ.
Uno de los donadores, Santiago Ignacio Di Tomaso, explicó bajo juramento de decir la verdad que “empatizaba con la causa de Chocobar” y que se había enterado de la Fundación a través de las publicaciones del abogado Fernando Soto. Otra donante, Myrian Viviana Muñoz, afirmó que había transferido dinero con la voluntad de ayudar a Chocobar personalmente.
Patricia Borras, quien había participado en la creación de la página web, también declaró que cuando realizó su aporte, “la Fundación todavía no existía formalmente”. Cuando volvió a declarar en marzo de 2026 y le preguntaron si se sentía perjudicada patrimonialmente, respondió: “Para nada”.
La Justicia puso el foco en ese aspecto porque el delito de estafa exige que el engaño provoque un error en la víctima y que ese error sea la causa de la disposición patrimonial. La resolución sostiene que esa relación no pudo ser demostrada: si los donantes entregaron el dinero principalmente para ayudar a Chocobar, la falta de personería jurídica de la Fundación no aparece como el motivo que determinó sus aportes.
Durante la investigación se comprobó que los imputados habían realizado gestiones concretas para intentar constituir la entidad. Dos abogados consultados por ellos manifestaron que habían recibido consultas sobre los requisitos para crear la Fundación y que incluso se evaluó tramitar su personería en Mendoza ante las dificultades existentes en la Ciudad de Buenos Aires durante la pandemia.
La propia IGJ informó posteriormente la existencia de un trámite de inscripción de la Fundación Chocobar que continúa activo. El organismo formuló observaciones administrativas relacionadas con el patrimonio y la documentación necesaria para completar el proceso. Para el juez, ese dato también debilitó la hipótesis de que la Fundación hubiera sido concebida exclusivamente como una fachada para captar dinero.
La investigación tampoco encontró pruebas de que Chocobar, Soto, Galeano o Cevasco hubieran obtenido un beneficio económico con los fondos. La Justicia destacó además que existió una publicación en redes sociales en la que se ofrecía devolver el dinero a los donantes y que esa circunstancia fue corroborada por la investigación tecnológica y por uno de los testigos.