Se reveló que la descuartizadora de Guaymallén tuvo a cargo a otro adolescente

Hace casi un mes, los mendocinos despertamos con la noticia de un crimen atroz. Un hombre había sido descuartizado en una vivienda de Guaymallén por una mujer que estaba bajo el beneficio de prisión domiciliaria. Este hecho abrió una caja de pandora que dejó expuestos a diversos organismos estatales y a la propia Justicia pero también a la comunidad que no supo reaccionar frente a la difícil realidad de 5 de las hijas de la acusada, que convivían con ella.

Adriana Suárez tiene 6 hijas pero solo cinco de ellas habitaban la casa donde se cometió el asesinato ya que la mayor de 22 años vive en otra provincia desde hace tiempo. Las niñas de 6, 9, 11, 13 y 16 años estaban presentes al momento del crimen. Pero no fueron las únicas menores de edad que estuvieron bajo su cuidado mientras cumplía la prisión domiciliaria. El 23 de diciembre del 2024, el ETI de Godoy Cruz autorizó una medida de protección de urgencia por un lapso de 20 días para un adolescente de 16 años que vivió con la acusada. El menor era parte de la familia de una expareja de Suárez. Esa medida se ejecutó aún cuando había informes oficiales que advertían de las malas condiciones que había en esa casa, como el hacinamiento extremo.

Los detalles del caso siguen generando estupor ya que el contexto de vulnerabilidad en que vivían los menores a cargo de Suárez era extremo y nadie, ni la escuela, la familia, vecinos o las instituciones del Estado que debían velar por la integridad psicofísica de esas niñas y adolescentes hizo algo para revertirlo.

"El sistema de protección es un sistema de co-responsabilidad. Toda la comunidad es responsable y si quienes formamos parte de este sistema, no damos aviso a las distintas instituciones cuando tomamos conocimiento de la vulneración derecho, es un sistema que encuentra obstáculos. Incluso se puede llamar de forma anónima a la línea telefónica de acceso gratuito 102 para denunciar", explicó la directora de Protección de Derechos, Belén García y fue contundente al destacar que "los familiares tampoco dieron aviso de ninguna situación durante estos años a ningún inspector de intervención y salen en los medios poniendo en exposición la identidad de estas niñas", reflexionó.

El silencio que dio paso al horror

Las alertas que debían encenderse al momento de presumir o ser testigo de la vulneración de derechos hacia niños y adolescentes no funcionaron. A pesar de la existencia de protocolos en las instituciones que debían contener a las 5 hijas de Adriana Suárez, nada sucedió hasta el día del asesinato de Darío Rodas en la casa que todos habitaban en Guaymallén.

El crimen dejó al descubierto el mal funcionamiento de los organismos estatales y de la justicia pero también de la comunidad ya que no hubo denuncias que alertaran sobre la vulneración de derechos de esas niñas. A pesar de que Suárez estaba cumpliendo prisión domiciliaria, las intervenciones por parte del ETI fueron dos, la primera cuando los dos progenitores fueron detenidos tras cometer un delito y las menores de edad quedaron bajo el cuidado de su abuela paterna. La segunda intervención fue la noche del asesinato.

El caso puso bajo la lupa a todo el sistema de protección de derechos. Mientras Suárez cumplía su prisión domiciliaria no hubo controles ni seguimiento sobre las condiciones de vida de sus hijas y los informes que elaboró la justicia donde se hacía alusión a las condiciones de habitabilidad y hacinamiento quedaron en la nada. Los cuestionamientos se acrecientan al darse a conocer que la acusada estuvo a cargo de un adolescente de 16 años que no era su hijo por decisión del ETI de Godoy Cruz. "La vivienda es alquilada y hay indicadores de precariedad en cuanto a materiales de construcción, deterioro en su estado de conservación y servicios de red pública, luz, agua, gas y envasado", destacaba el informe ambiental., donde se resalta el hacinamiento por cuarto, pues en la casa solo tenía dos dormitorios. Además la propia acusada refería estar en una pareja "con modelos comunicacionales violentos".

Esas alertas no fueron tenidas en cuenta por ningún organismo y, por eso, le dieron a Suárez la responsabilidad de otro adolescente. "A nosotros no nos llegan los informes sobre la prisión domiciliaria, no teníamos conocimiento de esas evaluaciones ya que las hace la justicia. Las intervenciones con las niñas fueron llevadas a cabo por el ETI de Guaymallén mientras que en el caso del adolescente de 16 años que no es hijo de Suárez, la intervención fue del ETI de Godoy Cruz. El adolescente en ejercicio de su autonomía progresiva refiere como red significativa a la señora Suárez y la progenitora de ese adolescente acuerda. En esos casos, los adultos responsables del cuidado tienen que firmar la conformidad y tanto la mamá del adolescente como Suárez firmaron. En el caso en el que los adultos no firmen en conformidad, hay que proceder a la adopción de una medida de tipo excepcional que requiere el control de legalidad de la justicia", explicó la directora de Protección de Derechos, Belén García.

Una vez dictada la medida de protección de urgencia, se hace una entrevista y se compromete a las partes a dar aviso de cualquier modificación y se les explica cómo se va a hacer el seguimiento. La entrevista, la pauta el ETI que es el organismo que va a definir si es necesaria la adopción de otra medida. "Cuando fuimos a hacer ese seguimiento, la medida ya no se estaba cumpliendo, la señora Suárez no había dado aviso de ningún modo y la progenitora del adolescente tampoco. Allí ya no hay nada más que trabajar con esa red que asumía los cuidados y se vuelve a centrar la intervención en trabajar con la red familiar en la que está conviviendo el adolescente. No permaneció más tiempo que ese bajo el cuidado de la Sra. Suárez", agregó García.

El procedimiento para estos casos fue el estandarizado pero lo que llama la atención es que, al momento de dictar la medida de protección de urgencia nadie se hizo presente en el domicilio referido por el adolescente para constatar si cumplía con los requisitos, la casa de Guaymallén constaba de 2 dormitorios y eran al menos 7 personas las que habitaban allí. No hubo tampoco controles ni visitas del ETI durante los casi 20 días que duró la medida para que Suárez se hiciera cargo del menor.

Al ser consultada sobre la presencia del adolescente el día del asesinato, García aclaró: "El adolescente no estaba al momento del hecho no estaba. Si el chico hubiese estado por ser menor de edad, se hubiera adoptado una medida de urgencia y se hubiese procedido al traslado a la institución de salud como se hizo con el resto de las chicas".