Encubrimiento y violencia: el trasfondo en el caso de las hijas de la descuartizadora de Guaymallén
La familia paterna de las hijas de la descuartizadora denunció violencia institucional por parte del Estado. La abuela pidió la guarda de las cinco niñas.
La familia paterna de las hijas de la descuartizadora pidió la guarda de las niñas.
Rodrigo D'Angelo / MDZLa abuela paterna de cinco de las hijas de la acusada de descuartizar a su inquilino en Guaymallén reclama la guarda de las niñas que se encuentran internadas en el Hospital Carrillo, a la espera de ser trasladadas a residencias del Estado. La abogada de la familia denunció violencia institucional y reclamó celeridad en la causa.
Adriana Valeria Suárez tiene seis hijas, cinco de ellas del mismo padre. Las niñas tienen 6, 9, 11, 13 y 16 años y convivían con ella. Según aseguran, estaban presentes en el momento en que ocurrió el crimen. Fue Suárez quien envió fotos y videos del cuerpo desmembrado y calcinado a su expareja y padre de sus hijas, Nicolás Bravo.
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Una situación compleja
Nicolás estuvo preso por un delito que cometió junto a Adriana Suárez y actualmente se encuentra en libertad ya que cumplió su condena. Su situación es compleja y hoy no puede ejercer su rol de padre ya que tiene una orden de restricción de acercamiento hacia las niñas producto de tres denuncias que fueron realizadas en la Justicia por parte de la acusada de descuartizar a Darío Rodas. La abogada Patricia Chalampa explicó que las tres denuncias contra Bravo habían sido desestimadas pero el levantamiento de la orden de restricción no había sido efectivizado.
"Una vez que son decretadas, más allá de todos los intentos que tengamos y las pruebas favorables, las restricciones de acercamiento son muy difíciles de levantar. En el 2022 se pidió el levantamiento de esa orden a través de una abogada oficial que presentó el escrito. El padre fue a la Justicia y le entregaron un papel donde se confirmaba el levantamiento, estaba contento pero era un escrito que no tenía validez porque estaba sin ninguna firma", explicó Chalampa.
El conflicto de la familia paterna
"El día del crimen, fue el papá quien realizó la denuncia y corrió al auxilio de sus hijas. Tuvo que asistir él mediante autorización de los oficiales para auxiliarlas en ese momento, hoy se siente liberado del temor de ser detenido o de ser juzgado porque ha tenido que suceder esto para que se blanquee la situación. La familia paterna es la que está presente y tiene voluntad. La abuela paterna fue convocada para acompañar a las niñas cuando fueron internadas en el Hospital Carrillo, la llamaron a las 4:30 de la mañana y se hizo presente en el lugar. Estuvo hasta el otro día con ellas y después no la dejaron volver a verlas", relató la abogada.
"Tanto a la señora Elisa como al padre de las niñas los han tratado como encubridores de la situación que están viviendo las niñas. Es un término provocativo que atrae a la violencia hacia las personas, se revictimiza a las personas con violencia institucional. Corremos el grave riesgo y el grave peligro que todos traten de deslindar responsabilidades. Lamentablemente, los organismos como el ETI, que debían controlar el estado en que estaban las niñas, no estuvieron presentes. Estamos hablando de una abuela que tuvo la guarda de estas niñas, que se encargó de ellas, que las llevaba a la escuela, un tío que también ha estado presente. Es una familia que entiende que sus nietas son sujetos de derecho, no son un objeto. Los niños no son un objeto", expresó Chalampa en diálogo con MDZ Radio.
Un sistema que falló
Con el transcurso de los días se fueron conociendo detalles de cómo era el día a día de las 5 niñas que estaban bajo el cuidado de su madre que cumplía una condena de prisión domiciliaria. La lógica indica que los controles y seguimientos en condiciones de evidente vulnerabilidad debían ser estrictos pero nada de eso sucedió. Por el contrario, se detectaron graves fallas en el sistema que debía contenerlas. "Desde el ETI no tenemos ninguna alerta por parte de ninguna institución del sistema de protección de derechos", destacó la subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes, Verónica Álvarez Ocampos, al ser consultada por MDZ y agregó que hay una investigación sumarial en curso para determinar responsabilidades o negligencias en el sistema.
Sin embargo, la versión de los organismos del Estado es diferente a la que tiene la familia y sus abogados. "Las docentes de las niñas nos expresaron que habían activado el protocolo, no solamente por las inasistencias, sino por el cuidado y estado general de las niñas. Un niño que asiste al colegio mal alimentado, con falta de higiene o que no ha dormido, no puede estudiar. Acá se presume la violencia que han vivido estas niñas" explicó la abogada de la familia paterna.
Cuál es el papel del Estado
"Hay una falencia de matriz tiene que ver que con la determinación de la justicia de que estas niñas estén bajo el cuidado de su mamá. Nos preguntamos qué tipo de pericias se fueron haciendo durante estos años ya que mientras estuvieron bajo la guarda de su abuela, las niñas estaban bien. A Elisa, la guarda se la sacaron porque Adriana Suárez obtiene el beneficio de la prisión domiciliaria", agregó.
"Me preocupa sobre todo la salud mental de las cinco menores, lamentablemente a futuro cuando ya se descubra todo lo que engloba esta causa, vamos a escuchar situaciones horrorosas. Vamos a escuchar cosas que no quisiéramos y la presencia de la familia de estas niñas tiene que estar garantizada por el Estado que fue ausente. El Estado no puede desplazar a la familia paterna criticando y trasladando la responsabilidad. Tenemos cinco niñas y adolescentes que vivían un calvario y fueron testigos de un crimen atroz. En pos de que ellas se mejoren, nosotros pretendemos que reciban la mayor atención y contención en los efectores médicos pero enviarlas a hogares y separarlas es parte del mismo sistema que hoy está en crisis. O sea, no va a haber un hogar especial para para las adolescentes, tampoco va a haber un hogar especial para las más pequeñas. Este sistema es el que ha explosionado", finalizó la abogada.
La versión del tío de las 5 hijas
Lucas es el tío paterno de las 5 niñas que hoy se encuentran bajo la custodia del Estado, y al igual que Elisa, solicita la guarda de las menores y pide que no sean enviadas a residencias. "Mientras las niñas estuvieron bajo la custodia de mi madre, todo estaba en orden. Desde el ETI fueron varias veces a verificar las condiciones de la casa y cómo estaban de salud, nunca hubo una mala observación al respecto del cuidado pero cuando la madre de las niñas obtiene la prisión domiciliaria, echó a mi madre como un perro y dejamos de tener contacto permanente con las niñas", contó Lucas Bravo.
"Durante estos años no se investigó en absoluto lo que pasaba en esa casa. Tampoco investigaron que mi madre había sido la tutora de esas niñas. El día del crimen recibí una llamada a las 4:30 de la mañana para que le avisara a mi madre si podía asistir al hospital. Ella se presenta sin ningún tipo de problema, se hace responsable. He ayudado a mi madre y a las niñas en lo que más he podido. Nos enteramos de las cosas por las noticias, nadie nos informa nada y no nos dejan verlas. Quieren llevarlas a residencias y separarlas pero pedimos que las chicas estén juntas", agregó.
Una suma de falencias
Al ser consultado sobre el rol de la escuela en la detección de la situación de vulnerabilidad que estaban viviendo las niñas, Bravo destacó: "Es muy difícil darse cuenta de lo que pasa, si vos hoy en día charlás con una de las niñas es muy difícil saber qué tiene detrás esa criatura a menos que lo hayas vivido. El problema no está en la escuela, el problema está en el ente que controla que cree controlar todo lo de las niñas. No quiero directamente decirte un nombre de un ente, pero yo creo que hay falencias desde el principio, es más de uno, totalmente".