Crimen aberrante bajo prisión domiciliaria: ¿qué falló en el caso de la descuartizadora de Guaymallén?

El humo denso que salía de la vivienda de la descuartizadora de Guaymallén el día del asesinato de César Darío Rodas tiene una semejanza con la situación de desprotección de las 5 hijas de la acusada y nadie advirtió, ni siquiera los organismos que debían velar por la integridad física y psicológica de las menores que vivían junto a su madre que cumplía prisión domiciliaria. ¿Cuáles fueron las alertas y qué falló?

Los detalles del caso de la descuartizadora de Guaymallén son propios de una película de terror, por el hecho en sí pero también porque las cinco hijas de la acusada de 6, 9, 11, 13 y 16 años convivían en un entorno que no era compatible con una crianza responsable y adecuada. El entorno violento donde sistemáticamente se violaban las condiciones para la obtención y mantenimiento de la prisión domiciliaria que debía cumplir Adriana Valeria Suárez eran parte de la cotidianidad de las menores que también fueron testigos de diversos episodios de violencia a lo largo de su corta vida. Desde una denuncia por violencia de género contra el padre y posterior restricción de acercamiento, hasta el asesinato de un inquilino que habría intentado abusar de una de ellas.

Según informes de la Justicia emitidos en enero del 2024, las condiciones de habitabilidad de la vivienda no eran adecuadas. Adriana Suárez junto a sus cinco hijas residían en una vivienda alquilada con indicadores de precariedad en cuanto a materiales de construcción, deterioro en su estado de conservación y servicios de red pública, luz, agua, gas y envasado. El hacinamiento por cuarto era mencionado por los profesionales que realizaron el informe, la casa solo tenía dos dormitorios y en ese momento, la mujer refería estar en una pareja "con modelos comunicacionales violentos".

La manutención de las hijas era posible gracias al cobro de las Asignaciones Universales por Hijo que percibía la mujer que hoy arriesga una condena a prisión perpetua por el asesinato de su inquilino. En el último informe realizado el 12 de junio por la Dirección de Promoción y Control de Liberados, la mujer refiere no contar con ingresos propios constituyendo su única fuente de sostén, aquel que percibe como ayuda social estatal, asignación universal por hijo. "Puede inferirse que se trataría de un grupo familiar con necesidades básicas insatisfechas. Al momento de la entrevista, la detenida no presenta un proyecto laboral concreto que le permita a futuros generar ingresos propios para su sostén", agrega el informe.

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La "descuartizadora" aseguró que una de sus hijas sufrió un intento de abuso por parte del hombre asesinado.

MDZ.

Derechos vulnerados

Horas después del asesinato y tras la intervención de la Dirección de Protección y Restitución de Derechos, se pudo conocer que variables básicas como la escolaridad de las menores de edad, no estaba siendo cubierta. "Es una alerta que no estaban asistiendo regularmente a la escuela. No sabemos si los equipos estaban trabajando sobre el ausentismo de las niñas en la escuela. Es muy pronto para confirmar si van a quedar a cargo de algún familiar, son tiempos subjetivos que van a depender del avance que vayan teniendo ellas en este proceso", confirmó la directora de Protección y Restitución de Derechos, Jessica Benítez, en diálogo con MDZ.

Al ser consultada sobre el posible abuso a una de las niñas, la funcionaria destacó: "Se están haciendo evaluaciones clínicas para resguardarlas y se activó el protocolo por presunta violencia sexual". Si bien desde el cuerpo Médico Forense descartaron un abuso sexual con acceso carnal, no está descartada la posibilidad de que las niñas hayan sufrido tocamientos por parte de la víctima fatal, tal como expresó la acusada al momento de ser detenida.

Los juegos, cuentos y momentos de esparcimiento que forman parte del día a día de cualquier niño, no eran algo habitual para las hijas de Adriana Suárez. El entorno y las condiciones habitacionales tampoco eran las óptimas ya que, según dieron a conocer los organismos que intervinieron al momento de conocerse el crimen, las niñas llevaban más de 48 horas sin comer. El viernes llegaron al Hospital Carrillo en un estado que daba cuenta de la falta de cuidados básicos, falta de aseo y descuidadas. "Quedaron internadas para chequeos médicos y psicológicos y manifestaron que llevaban dos días sin comer", expresaron desde la Dirección de Protección y Restitución de Derechos ya agregaron que "están siendo contenidas por un equipo interdisciplinario de profesionales". A su vez, se dio intervención a los Equipos Técnicos Interdisciplinarios que estarán encargados del seguimiento de cada una de las niñas.

¿Cómo fueron las alertas previas?

El caso de la descuartizadora de Guaymallén generó cimbronazos hacia dentro de al menos dos de los poderes del Estado. Los organismos dependientes del Ejecutivo provincial y el Poder Judicial. Con respecto a los controles que se realizaban, la Justicia es quien determina el tipo de monitoreo, en el caso de Adriana Suárez, tenía un equipo denominado E4 que funciona con un dispositivo ubicado en el domicilio que emite una señal de acuerdo al rango de circulación de la persona privada de su libertad dentro de la propiedad. Este dispositivo se emparenta todo el tiempo con la tobillera, cuando la persona sale de los límites permitidos se emite una alerta que es controlada por la empresa que suministra las tobilleras y por el Servicio Penitenciario. Estás alertas son comunicadas al juzgado que es quien tiene la potestad de revocar el cambio en la modalidad de detención.

"Al momento de otorgar una domiciliaria se deberían tener en todos estos aspectos, pero eso no lo decidimos nosotros, lo que nos piden es solo un informe de viabilidad para instalar los equipos. Entiendo que hay organismos como el ETI que tienen la potestad de elevar informes al juzgado, lo mismo que todo lo que informe la DPL sobre condiciones habitacionales y demás, pero la decisión sobre q hacer con esos informes depende exclusivamente del juzgado", expresaron desde el Ministerio de Seguridad.

"El caso Suárez lo estudiamos mucho. La mujer empezó con beneficios en materia de su prisión desde el 2020, desde la pandemia. Todos beneficios otorgados judicialmente con informes del Servicio Penitenciario. Pasó por distintos sistemas de control según requerimientos judiciales, es decir, primero estuvo con un monitoreo por GPS, con autorizaciones", expresó Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de la provincia de Mendoza.

Al ser consultada por las libertades que tenía la mujer para moverse por fuera del domicilio asignado para el cumplimiento de la prisión domiciliaria, la funcionaria explicó que existen distintas autorizaciones dentro del régimen de prisión domiciliaria. "Podía llevar y traer a sus hijas al colegio, tenía autorizaciones también para salidas médicas y, a partir de agosto del 2024, se le colocó una tobillera para un control. Eso funciona con alertas, justamente una de las alertas por incumplimiento fue del 16 de junio, muy próximo al hecho. Esa alerta se comunicó desde el Servicio Penitenciario al Juzgado de Ejecución número uno, y hay constancia de otros incumplimientos hacia atrás. Es decir, la alerta surge y el Servicio Penitenciario eleva un informe al juzgado porque nosotros no podemos revocar ese beneficio, lo tiene que revocar judicialmente algún juez. Todo esto estaba informado y la verdad que el desenlace del hecho es absolutamente violento", manifestó Rus.

"También fue violento el robo que la llevó a estar en prisión. Fue un robo del 2019, un robo en Luján. Era una mujer violenta, incumplía las condiciones que le habían fijado, o incumplió en alguna medida las condiciones que le habían fijado para tener un determinado beneficio. Obviamente que ahora, con este delito tan grave, esa persona se supone que si se confirma que ella obviamente es la autora, la pena es perpetua. Hay una amenaza punitiva de una pena perpetua", agregó la ministra.