¿Qué sucederá con las hijas de la mujer acusada de descuartizar a su inquilino en Guaymallén?
La acusada de descuartizar a César Darío Rodas en Guaymallén se encontraba con prisión domiciliaria y vivía junto a sus 5 hijas de 6, 9, 11, 13 y 16 años.
En la vivienda donde sucedió el asesinato vivían las 5 hijas de la asesina
ALF PONCE MERCADO / MDZLos detalles del caso de la descuartizadora de Guaymallén siguen saliendo a la luz y son propios de una película de terror. La diferencia es que la realidad le ganó a la ficción y más allá del hombre que perdió la vida en manos de Adriana Valeria Suárez, hay cinco víctimas menores de edad que convivían en un entorno que no era compatible con una crianza responsable y adecuada.
Adriana Valeria Suárez tiene cinco hijas de 6, 9, 11, 13 y 16 años. Las niñas convivían con la mujer en una casa ubicada en Guaymallén que fue escenario de uno de los crímenes más atroces del último tiempo. La víctima fue César Darío Rodas, un hombre de 41 años que hacía poco más de una semana que alquilaba una habitación en la vivienda donde sucedió el horror.
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El humo denso y los olores que salían de la vivienda fueron solo una de las escenas de terror, el ataque con un hacha y el posterior desmembramiento de la víctima sucedió bajo el mismo techo donde habitaban las 5 hijas de la mujer acusada que hoy se encuentran internadas en el Hospital Carrillo y están siendo abordadas por profesionales.
Las niñas fueron testigos de un hecho que generó un fuerte impacto en la sociedad mendocina y a nivel nacional. A medida que se dan a conocer los detalles surgen interrogantes acerca de las condiciones en las que se encontraban las hijas de la acusada así como también de la responsabilidad de los organismos involucrados en el hecho ya que la mujer se encontraba privada de su libertad, cumpliendo una condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria y cargo de 5 menores de edad.
Mendoza cuenta con un total de 6.426 internos alojados en distintos complejos y unidades que forman parte del Servicio Penitenciario. La cifra aumentó respecto al 2023 donde eran 6.118. De ese total, 577 se encuentran bajo la modalidad de detención domiciliaria, tal como sucedía con Adriana Valeria Suárez. Quienes acceden a esa modalidad de detención deben cumplir con un protocolo que incluye una serie de condiciones que fueron infringidas por la mujer detenida y acusada del asesinato. En primer lugar, la persona detenida no puede salir del domicilio sin autorización, no respetar los horarios de salida permitidos, o no estar presente en el domicilio cuando se requiere; recibir visitas de personas no autorizadas, comunicarse con otras personas de manera no permitida, o utilizar medios de comunicación para fines distintos a los permitidos; realizar actividades que estén expresamente prohibidas por la orden judicial, como trabajar sin permiso, consumir alcohol o drogas, o tener contacto con personas con antecedentes penales y por último, no cumplir con las obligaciones impuestas por el juez, como comparecer ante autoridades judiciales, pagar multas, o asistir a tratamientos médicos.
Según imágenes que se pudieron observar a través de Google Maps y según el testimonio de algunos vecinos, la acusada violó varias de las condiciones que fueron impuestas por el juez al momento de otorgarle la prisión domiciliaria: salir del domicilio, consumir alcohol, recibir visitas de personas no autorizadas, tener contacto con personas con antecedentes penales, entre otras; pero también de ninguna manera estaba permitido el alquiler de una habitación a un tercero. Todas esas violaciones sistemáticas a las disposiciones judiciales hacen pensar que los controles por parte de los organismos fueron insuficientes.
¿Qué sucede con los menores de edad?
Las hijas de 6, 9, 11, 13 y 16 años se encuentran internadas en el Hospital Carrillo bajo el cuidado de su abuela paterna. Tras darse a conocer el hecho, las menores fueron trasladadas a ese efector de salud para ser contenidas y evaluadas por profesionales. A su vez, se dio intervención a los Equipos Técnicos Interdisciplinarios que estarán encargados del seguimiento de cada una de las niñas.
Los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) son organismos provinciales que intervienen en momentos clave para proteger y garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Realizarán el abordaje, toma de medidas de protección de derechos y seguimiento de éstas hasta su restablecimiento, en caso de maltrato físico y/o psíquico, negligencia o abuso sexual entre otros, contra niños, niñas y adolescentes.
"Es el primer organismo que interviene cuando hay alguna denuncia de vulneración de derechos de algún niño. Una vez indagada la situación, si no se pueden quedar con su familia, como es este el caso, ellos tienen que investigar en la familia extensa si hay algún miembro que se pueda hacer cargo de los niños. Si es así, lo que ellos implementan es una medida de protección que dura tres meses, se evalúa cómo es la evolución y se puede ir renovando por tres meses más. Esa es la primera instancia", explicó una profesional vinculada a Salu Mental a MDZ y agregó: "Si esto no es posible, si no hay algún familiar que se pueda hacer cargo, o sea, si no se puede implementar una medida de protección, se implementa lo que se llama una medida de excepción que es incluir a los niños en algún hogar ahí ya es otro organismo que se llama 'Cuidados alternativos', que tiene otra dirección que tiene a cargo todos los hogares y ahí si son niños de diferentes edades seguramente los van a separar a los hermanitos por sexo o por problemática. Hay distintos hogares en la provincia. Y eso ya es una medida de excepción donde tienen que tener el visto bueno de un juzgado de familia. Ahí ya interviene un juzgado de familia cuando se toma una medida de excepción".