Fuerte reclamo y denuncia de la abuela de 5 de las hijas de la descuartizadora de Guaymallén

El crimen cometido por Adriana Suárez sigue dejando al descubierto un sistema que falló. La familia paterna de cinco de las hijas de la acusada de descuartizar a su inquilino en Guaymallén reclama la guarda de las niñas que se encuentran internadas en el Hospital Carrillo, a la espera de ser trasladadas a residencias del Estado.

"Estoy dispuesta a cuidar y hacerme cargo de mis nietas como hice mientras tuve la guarda. Estoy muy dolida y siento mucha impotencia porque seguramente se sienten abandonadas y no nos dan información de cómo están. Pido que Dios ilumine a la justicia para que actúe rápido. Nadie sabe lo que pasamos y lo que las amamos", expresó Elisa, abuela de las niñas.

La situación de las 5 hijas

Adriana Valeria Suárez tiene seis hijas, cinco de ellas del mismo padre. Las niñas tienen de 6, 9, 11, 13 y 16 años y convivían con ella. Según aseguran, estaban presentes en el momento en que ocurrió el crimen. Fue Suárez quien envió fotos y videos del cuerpo desmembrado y calcinado a su ex pareja y padre de sus hijas, Nicolás Bravo. El mensaje era claro, la mujer quería que el hombre fuera al domicilio pero no esperaba que éste diera aviso a la policía.

"Mi hijo recibió unos videos que mostraban todo lo que había hecho la mujer ese día y también la llamada de una de mis nietas que relataba lo que estaba sucediendo adentro de esa casa. Suárez quería que fuera a la casa pero él fue a hacer la denuncia a la policía. Cuando llegó junto a los móviles, la policía le dijo que lleve a las niñas al Hospital Carrillo", contó Elisa, recordando lo vivido ese día. "Cuando a las nenas las internan, fuimos con la pareja de él al hospital. Estuvimos con ellas toda la noche porque ellas pedían vernos, se pusieron contentas al vernos. Es muy doloroso ahora no poder verlas ni tener contacto. Estoy muy dolida y tengo mucha impotencia pero me siento muy fuerte para tener a mis nietas. Pido que Dios ilumine a la justicia", relató.

Las declaraciones de la abuela

Además, agregó Elisa, "tengo derecho como abuela a ver a mis nietas, he sido una abuela presente que las cuidó durante año y medio. Mi hijo no puede hacer nada porque hay una prohibición de acercamiento que sigue activa a pesar de ser una denuncia falsa. Desde el ETI nos dijeron que le iban a poner unas cuidadoras pero que podíamos visitarlas. Una de mis nietas se puso a llorar porque no querían cuidadoras y yo les prometí que no las iba a abandonar. Me pidió que le prometiera que no las iba a dejar solas pero nunca más pude entrar a verlas. Nos arrancaron a las niñas de nuestro lado, les prometimos que no iban a quedar abandonadas pero nos prohibieron las visitas. Nos mintieron y a las niñas también. No tenemos información de las niñas, nos enteramos por los medios que quieren separarlas y trasladarlas a hogares".

Una larga historia

Nicolás Bravo tenía 16 años cuando conoció a Adriana Suárez. La mujer tenía 22 años en ese momento y una hija de 4 años producto de una relación anterior. Ambos armaron una familia y producto de ese vínculo, nacieron las 5 hijas de la pareja que hoy tienen 6, 9, 11, 13 y 16 años. Los años transcurrieron y la pareja fue atrapada durante un robo cometido a una pareja de jubilados. Ambos recibieron sus respectivas condenas e ingresaron a diferentes complejos penitenciarios de Mendoza. Las niñas quedaron a cargo de Elisa, la abuela paterna.

"Tuve la guarda de mis nietas durante un año y medio. En ese tiempo estuvieron muy bien, no les faltaba nada. Tenían una cama calentita, las peinaba, jugaba con ellas y me aseguraba de que estuvieran bien. No teníamos contacto con la familia materna porque no se acercaban. La vida cotidiana era levantarse, ir a un jardín a jugar, comían y luego iban a la escuela. No faltaban nunca, estaban limpias, bien alimentadas, sanas... jamás me llamaron para decirme algo negativo desde la escuela. Yo participaba en los actos con ellas y tenía contacto permanente con las maestras. Nunca estuvieron solas mientras tuve la guarda pero eso se terminó cuando le dieron la prisión domiciliaria a Adriana Suárez", contó Elisa.

Los breves pasos de Suárez por la cárcel

Más allá de haber sido condenada en dos ocasiones a penas de siete y seis años, respectivamente, Adriana Suárez tuvo breves pasos por la cárcel y purgó gran parte de ambas sentencias en su domicilio. Los argumentos para acceder a ese beneficio siempre estuvieron vinculados a sus hijas, ya sea por los embarazos que atravesó durante esos periodos o porque tenía que estar a cargo del cuidado de las cinco niñas. "La justicia no me sacó la guarda porque hice mal las cosas, me sacó a las niñas porque le dieron la prisión domiciliaria a la madre. Ella volvió a la casa y me echó. Mantuve contacto con mis nietas pero era una mujer muy violenta que no permitía que nos acercáramos. No sabíamos que pasaban tantas cosas porque las niñas no nos decían. Ellas querían vivir con su papá pero la madre ponía denuncias para mortificar a la familia", reflexionó y agregó: "Nos están culpando como que nos hemos desligado de las niñas pero queremos estar con ellas. No están solas, queremos cuidarlas y hacernos cargo de ellas. No nos dejan verlas ni tener contacto con ellas. Las niñas tienen familia, tienen a su papá, su tío, su tía y a mí".

El papá Nicolás

Nicolás cumplió su condena y quedó en libertad, sin embargo, no pudo revincularse con sus hijas debido a una denuncia que hizo Suárez y derivó en una restricción de acercamiento. "Mi hijo ha cometido errores pero no con sus hijas. Siempre fue un padre cariñoso y presente y pagó por sus errores. Ha hecho todo lo que ha podido... La madre no las llevaba al médico cuando estaban enfermas y les decía que tenían que aguantar. Ahí llamaban a mi hijo y él las llevaba al hospital. Las denuncias son falsas y fue sobreseído pero no levantaron la restricción de acercamiento", dijo Elisa y explicó que tuvieron que acudir a la Asociación Verdad y Justicia para tener asesoramiento legal.

"Tengo videos de la felicidad de mis nietas jugando con su papá. Pedían que terminara el trámite rápido para poder irse con él. Mientras ellos fueron pareja quien las cuidaba era él, les hacía la comida y calentaba el agüita para que pudieran bañarse. Puede haber cometido errores pero ya pagó por eso y quiere estar con sus hijas", contó y agregó: "Nos enteramos de las cosas después de cometido el crimen. No sabíamos que pasaban hambre, que entraban tipos a toda hora, pasaban frío y dormían en el piso. No somos culpables, no sabíamos nada y la justicia no se acercó a ver cómo estaban las nenas. El ETI no controlaba cómo estaban mis nietas, nadie hizo nada. No entiendo cómo no han investigado a fondo las responsabilidades de cada organismo. Semanalmente deberían haber ido a ver cómo estaban mis nietas".

Desidia y un presente doloroso

El día a día de las hijas de Suárez transcurría en un entorno que no era compatible con una crianza adecuada que garantizara sus derechos a la educación, salud y bienestar físico y emocional. Las condiciones de habitabilidad de la vivienda que compartían junto a su madre, la pareja de esta y un inquilino que habría intentado abusar de ellas, habían sido informadas por la Justicia en enero del 2024. "La vivienda es alquilada y hay indicadores de precariedad en cuanto a materiales de construcción, deterioro en su estado de conservación y servicios de red pública, luz, agua, gas y envasado", destacaba el informe. El hacinamiento por cuarto era mencionado por los profesionales que habían acudido al domicilio. La casa solo tenía dos dormitorios y en ese momento, la mujer refería estar en una pareja "con modelos comunicacionales violentos".

Los informes respecto a las condiciones de vida de la acusada y sus hijas no fueron tenidos en cuenta por quienes debían velar por la integridad de las 5 menores de edad pero el cuadro se agrava aún más teniendo en cuenta que las cinco niñas de 6, 9, 11, 13 y 16 años debían estar escolarizadas. Este punto es uno de los más sensibles ya que la escuela tiene un rol fundamental en la formación integral de las personas pero también juega un papel crucial en la detección de situaciones de riesgo y protección de niños, niñas y adolescentes.

Lo que falló

La lógica indica que los controles y seguimientos en condiciones de evidente vulnerabilidad debían ser estrictos pero nada de eso sucedió. Por el contrario, se detectaron graves fallas en el sistema que debía contenerlas. "Desde el ETI no tenemos ninguna alerta por parte de ninguna institución del sistema de protección de derechos", destacó la subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes, Verónica Álvarez Ocampos, al ser consultada por MDZ y agregó que hay una investigación sumarial en curso para determinar responsabilidades o negligencias en el sistema. En casos de maltrato, abuso y vulneración de derechos, la escuela es clave. Eso, siempre y cuando, los protocolos y alertas funcionen bien. Nada de eso sucedió con las cinco hijas de la descuartizadora de Guaymallén que no estaban asistiendo de forma regular a la escuela y tenían altos grados de ausentismo.