Sandra Arroyo Salgado: "La víctima no puede quedar sola"

Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro desde hace casi dos décadas, repasó en Entrevistas MDZ, su trayectoria en la Justicia y planteó una mirada crítica sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino. En la entrevista, sostuvo que una de las principales deudas pendientes es el lugar que se le da a la víctima dentro del proceso penal.

La magistrada también se refirió a los desafíos que implican investigar el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción, advirtió sobre la falta de recursos tecnológicos y humanos en la Justicia y remarcó que las amenazas son una de las presiones más graves que puede enfrentar un juez federal.

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-¿De qué manera influyó su paso por la defensa pública en su rol actual como jueza?

-La oportunidad que tuve de desempeñarme en la defensa pública me ayudó muchísimo en mi formación, en la experiencia y en desarrollar herramientas muy valiosas a la hora de ejercer la función como jueza de instrucción. Durante varios años pude desempeñarme como defensora oficial en los juicios orales y eso me permitió evaluar, desde ese lugar, cuáles eran las falencias en las investigaciones y cuáles eran los primeros indicios que hacían que en muchos casos los hechos quedaran impunes. Esa experiencia me sirvió luego, ya como jueza, para encarar mi trabajo agotando todos los medios de prueba al alcance del funcionario. Pero además me permitió hacerlo resguardando todas las garantías constitucionales, el debido proceso y la defensa en juicio, contemplando no solo la mirada de la persona sospechada de un delito, sino también la de la víctima.

-Después de casi 20 años como jueza federal, ¿qué cambio más profundo tuvo en su mirada sobre la Justicia?

-En junio voy a cumplir 20 años como jueza federal, y el cambio más profundo fue mi mirada respecto del lugar de la víctima. Cuando llegué a la función, afortunadamente no me había tocado en mi vida ser víctima de un hecho delictivo de la magnitud que luego me tocó atravesar. Lo que vivimos con el padre de mis hijas, Alberto Nisman, y después mis hijas como víctimas, me hizo cambiar bastante esa mirada. A partir de esa experiencia comprendí con otra profundidad que la víctima es la parte que no eligió estar ahí, que si está ahí es porque el Estado ya le falló en su deber de darle seguridad. Y que después esa persona también se transforme en víctima del sistema judicial, porque no encuentra respuestas ni justicia, es algo que no se compadece con el mandato constitucional de afianzar la justicia.

Lo que vivimos con el caso Nisman me hizo cambiar la mirada

-¿Cuál cree que es hoy una deuda pendiente del sistema judicial?

-Creo que todavía falta mucho, a nivel de operadores judiciales, es decir, jueces, fiscales, funcionarios y defensores públicos, para profundizar el lugar que merece tener la víctima dentro del proceso judicial. Mucho se habla del principio de igualdad de armas en el proceso, que implica que las partes estén en una situación de equiparación en el ejercicio de sus derechos. Pero muchas veces, en los peores casos, la víctima perdió su vida y ni siquiera puede estar ahí. Entonces hablar de igualdad de armas en esos casos es una falacia, porque quienes terminan ocupando ese lugar son sus familiares, que muchas veces no saben todo lo que el sistema les demanda. Eso es algo que a nosotros como familia nos tocó vivir, y por eso me hizo cambiar tanto esa mirada. Esa es, para mí, una deuda pendiente urgente.

-¿Por qué considera importante implementar el juicio por jurados?

-Me parece que el sistema de juicio por jurados es un instituto muy valioso y una deuda pendiente que tiene la Justicia respecto de un mandato constitucional. Creo que sería una herramienta muy importante porque muchas veces los magistrados, y no me refiero solo a los jueces sino también a los fiscales y defensores públicos, estamos muy imbuidos del tecnicismo. Ese tecnicismo es importante, porque todos los casos deben resolverse con estricto apego a la ley, a la doctrina y a los precedentes jurisprudenciales, pero a veces estamos distantes de lo que le pasa al ciudadano común, que en definitiva es el destinatario del servicio de justicia. El juicio por jurados podría aportar una mirada distinta, enriquecedora, más cercana a la lógica, a la experiencia y al sentido común, nociones que a veces hacen falta en el quehacer judicial.

El juicio por jurados podría aportar una mirada distinta

-¿Qué valor le asigna al lenguaje claro dentro del sistema judicial?

-Me parece fundamental. Quienes tenemos años en la carrera judicial sabemos que nuestra tarea ha evolucionado y que cada vez más debemos hablar con un lenguaje simple, llano, que la gente pueda entender. Si el destinatario del quehacer judicial no comprende lo que se le dice, mal puede después adecuar su conducta a la norma. Pero además esto es especialmente importante respecto de las personas condenadas en un proceso: cómo va a comprender alguien por qué se le impone una pena determinada si no entiende los fundamentos de esa decisión. El lenguaje claro es una herramienta de acercamiento entre la Justicia y la sociedad, y también una condición necesaria para que las resoluciones judiciales sean realmente comprendidas por quienes están involucrados.

-¿Qué herramientas considera imprescindibles para investigar con eficacia el crimen organizado y el narcotráfico?

-Primero, me parece fundamental la honestidad de los magistrados, funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad a quienes les toca enfrentar esta tarea. El narcotráfico maneja cifras muy poderosas y, por eso, la honestidad es algo básico. No se aprende en ninguna universidad ni en ninguna capacitación: son valores que se traen de la familia y de la educación. Además de eso, se necesitan técnicas de investigación cada vez más sofisticadas, porque lamentablemente desde el Estado y desde la Justicia no tenemos la cantidad de recursos que tienen estas grandes organizaciones criminales. También creo que hay que desandar un camino legislativo que fragmentó la persecución penal, porque el narcotráfico no conoce fronteras: trasciende un municipio, una provincia y hasta un país. Esa división entre narcomenudeo en la justicia provincial y narcotráfico a gran escala en la justicia federal no contribuye a avanzar sobre los eslabones más altos de la cadena.

El narcotráfico no conoce fronteras

-¿La Justicia está preparada para investigar lavado de activos y delitos complejos?

-Estamos muy desabastecidos. Nos falta capacitación, nos falta tecnología y nos faltan sistemas de computación que nos ayuden a avanzar en investigaciones cada vez más complejas. Me tocó llevar una de las primeras investigaciones por lavado de activos a través de criptoactivos, en una causa en la que detrás estaba el grupo Comando Vermelho de Brasil, y ahí quedó claro cuánto falta todavía. La capacitación muchas veces la tenemos que procurar de modo individual y personal los propios magistrados y funcionarios. A eso se suma que, en ocasiones, tenemos que tomar declaraciones remotas con nuestros propios aparatos de telefonía celular porque se cae el sistema, o incluso afrontar el pago del servicio de wifi para poder seguir trabajando. En estas condiciones es muy difícil llevar adelante investigaciones de este grado de sofisticación.

-¿Cuál es hoy la presión más difícil de afrontar para un juez federal?

-A las presiones de los medios, del poder político o de sectores económicos, yo le agregaría una más: las amenazas. Esas son las más graves y muchas veces se relativizan, y me parece un gran error. Si las amenazas están previstas como delito, con una pena determinada, es porque el legislador entendió que se trata de una conducta grave que debe ser investigada y juzgada. Yo, como magistrada, no me siento condicionada, pero sí he tenido amenazas de distinto tenor y gravedad. Y cuando sentí que alguna situación podía afectar la imparcialidad que debo tener al investigar, me excusé de seguir interviniendo y remití el caso al colega que correspondía. Creo que los magistrados que tenemos claro cuál es nuestro deber funcional trabajamos sobre la base del mandato constitucional, la ley y la prueba del expediente, no en función de esas presiones.