Qué sucedió con las hijas de la descuartizadora de Guaymallén
La descuartizadora de Guaymallén se encontraba con prisión domiciliaria y vivía junto a sus cinco hijas de 6, 9, 11, 13 y 16 años. Las niñas siguen en un hospital. Reclamos de la familia paterna.
La casa del horror en Guaymallén
ALF PONCE MERCADO / MDZPasaron varios días del crimen que conmocionó a Mendoza y puso bajo la lupa a organismos del Estado y la Justicia. El caso de la descuartizadora de Guaymallén, la mujer que asesinó y desmembró a un hombre, sigue dando que hablar, no solo por lo atroz del asesinato de un hombre sino por las otras víctimas colaterales que no recibieron asistencia y protección por parte de quienes debían velar por su integridad física y psicológica. Las cinco hijas de la mujer continúan siendo asistidas en el Hospital Carrillo y desde el ejecutivo provincial descartan una revinculación con la familia paterna y materna.
Adriana Valeria Suárez tenía cinco hijas de 6, 9, 11, 13 y 16 años que convivían con ella y estaban presentes al momento de cometer el crimen. El papá de las niñas fue quien dio aviso a la policía tras recibir fotos y videos de la acusada pero también de las mismas niñas que no entendían lo que estaba sucediendo en la vivienda.
Con el transcurso de los días se fueron conociendo detalles de cómo era el día a día de esas niñas que estaban bajo el cuidado de su madre que cumplía una condena de prisión domiciliaria. La lógica indica que los controles y seguimientos en condiciones de evidente vulnerabilidad debían ser estrictos pero nada de eso sucedió. Por el contrario, se detectaron graves fallas en el sistema que debía contenerlas. "Desde el ETI no tenemos ninguna alerta por parte de ninguna institución del sistema de protección de derechos", destacó la subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes, Verónica Álvarez Ocampos, al ser consultada por MDZ y agregó que hay una investigación sumarial en curso para determinar responsabilidades o negligencias en el sistema.
El día a día de las hijas de Suárez transcurría en un entorno que no era compatible con una crianza adecuada que garantizara sus derechos a la educación, salud y bienestar físico y emocional. Las condiciones de habitabilidad de la vivienda que compartían junto a su madre, la pareja de esta y un inquilino que habría intentado abusar de ellas, habían sido informadas por la Justicia en enero del 2024. "La vivienda es alquilada y hay indicadores de precariedad en cuanto a materiales de construcción, deterioro en su estado de conservación y servicios de red pública, luz, agua, gas y envasado", destacaba el informe. El hacinamiento por cuarto era mencionado por los profesionales que habían acudido al domicilio. La casa solo tenía dos dormitorios y en ese momento, la mujer refería estar en una pareja "con modelos comunicacionales violentos".
Los informes respecto a las condiciones de vida de la acusada y sus hijas no fueron tenidos en cuenta por quienes debían velar por la integridad de las 5 menores de edad pero el cuadro se agrava aún más teniendo en cuenta que las cinco niñas de 6, 9, 11, 13 y 16 años debían estar escolarizadas. Este punto es uno de los más sensibles ya que la escuela tiene un rol fundamental en la formación integral de las personas pero también juega un papel crucial en la detección de situaciones de riesgo y protección de niños, niñas y adolescentes.
En casos de maltrato, abuso y vulneración de derechos, la escuela es clave. Eso, siempre y cuando, los protocolos y alertas funcionen bien. Nada de eso sucedió con las cinco hijas de la descuartizadora de Guaymallén que no estaban asistiendo de forma regular a la escuela y tenían altos grados de ausentismo.
¿Cómo es el presente de las hijas de la descuartizadora?
Las 5 niñas todavía están en el hospital Carrillo siguiendo un proceso terapéutico. La revinculación con la red familiar tanto paterna como materna no es una opción por el momento. Una vez que las niñas estén en condiciones de abandonar el hospital, serán derivadas a una residencia y quedarán bajo la custodia del Estado. "De manera intersectorial, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación hemos decidido las diferentes instituciones que participamos de la evaluación de que las niñas estuvieran al cuidado de cuidadoras de la Dirección General de Protección de Derechos. Lo principal para nosotros es la reparación psíquica de esas niñas y la reparación psíquica es sin la vinculación con la familia paterna. Ahora las chicas están bajo nuestro resguardo y nosotros como profesionales de la salud consideramos que lo mejor es que estén justamente resguardadas en estas instituciones", destacó la subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes, Verónica Álvarez Ocampos.
"El padre tiene prohibición de acercamiento por violencia hacia las niñas, así que el padre no puede acercarse. Tampoco inició ningún tipo de restitución para poder ver a sus hijas desde el momento en que el juzgado de familia indicó la prohibición de acercamiento", agregó.
En cuanto a la escolarización, la funcionaria aclaró: "Acá hay una situación que hay que tener en cuenta que es el proceso terapéutico de reparación emocional. Después de que ese derecho al acceso a la salud se restituya vamos a poder trabajar con el tema educativo".
"Hay que destacar la responsabilidad parental de la madre y del padre, que no pudieron cuidar a estas niñas. En segundo lugar, la red familiar que tampoco pudo cuidar. En tercer lugar, la red comunitaria que tampoco dio aviso de situaciones a las que estaban expuestas las niñas. y obviamente después, en último lugar, todo el sistema de protección de derechos, incluido todas las instituciones que tenemos que hacernos cargos de la niñez y adolescencia de esta provincia. Y por supuesto también el Poder Judicial, en este caso la persona encargada de observar cómo se llevaba a cabo la privación de libertad de esta progenitora", finalizó.
El reclamo de la familia paterna
La familia paterna de las niñas se acercó a la Asociación Verdad y Justicia solicitando apoyo para la revinculación con las cinco menores de edad. "La familia de las niñas se acerca en su momento a la asociación a pedirnos ayuda porque el papá de las niñas había subido tres falsas denuncias de parte de la madre. Quedó en libertad pero con una prohibición de acercamiento. Las niñas lo llamaban y él estaba para ayudar, incluso fue quien llevó a las niñas al Hospital Carrillo tras la llegada de la policía al lugar del crimen", destacó una de las referentes de la institución.
La abuela paterna está pidiendo la guarda de las niñas. "La abuela en su momento tuvo la guarda de las niñas cuando a la madre la llevaron presa y cuando en pandemia le otorgan el beneficio de la domiciliaria, se las quitan y las dejan a cargo nuevamente de su mamá. En ese periodo de 4 años nadie fue a controlar cómo vivían. Nunca fueron a hacer una evaluación ambiental, nunca se preocuparon de la escuela de las niñas. La maestra dice que activaron el protocolo como 10 veces ante el ETI y no hubo respuesta. Hubo un abandono pleno del Estado", aseguraron desde la Asociación.
"La abuela reclama que ella quiere hacerse cargo, que quiere tener a las niñas. Desde que las internaron en el Hospital Carrillo pudo verlas solo una vez", finalizó.