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Prohibir o integrar: celulares en las aulas argentinas

Un informe revela el avance de los celulares en la infancia, las diferencias entre provincias y qué dice la evidencia sobre prohibirlos en clase.

El porcentaje de países que implementaron normas para limitar o prohibir el celular en los colegios trepó del 25% en 2023 a cerca del 60% en 2026.

El porcentaje de países que implementaron normas para limitar o prohibir el celular en los colegios trepó del 25% en 2023 a cerca del 60% en 2026.

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Un exhaustivo informe publicado por la organización Argentinos por la Educación vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del impacto de la tecnología en el aprendizaje escolar. El trabajo expone una preocupante radiografía sobre el nivel de penetración de las pantallas en la infancia y analiza la disparidad de respuestas regulatorias que están implementando las distintas provincias argentinas.

En la Argentina actual, la tenencia de teléfonos móviles entre los estudiantes resulta sumamente elevada y comienza a edades cada vez más tempranas. Según datos extraídos de las evaluaciones del operativo Aprender 2024, el 59% de los niños de apenas 8 años que cursan 3.º grado de la escuela primaria cuenta con celulares propios. A esta cifra se le suma un 23% que utiliza de forma regular el dispositivo de su madre, padre o tutor, dejando a tan solo un 18% de los alumnos de esa edad sin acceso a una pantalla móvil. Por su parte, la tenencia individual entre los estudiantes de nivel secundario es prácticamente universal y roza el 90% a nivel nacional.

La tenencia de celulares en los estudiantes es elevada

No obstante, esta alta penetración no se distribuye de manera homogénea en todo el territorio ni en todos los estratos sociales. Provincias como Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego registran niveles de tenencia propia en primaria que superan el 65%, mientras que en distritos como Misiones y Formosa el porcentaje desciende a la zona del 40%. Del mismo modo, la brecha socioeconómica se hace notar: el 63% de los chicos pertenecientes al quintil de mayores ingresos posee su propio dispositivo, en comparación con el 52% registrado en el quintil más vulnerable. Esta diferencia se réplica de forma similar entre el ámbito urbano (61%) y las escuelas rurales (48%).

En la Argentina actual, la tenencia de teléfonos móviles entre los estudiantes resulta sumamente elevada.

En la Argentina actual, la tenencia de teléfonos móviles entre los estudiantes resulta sumamente elevada.

La brecha socioeconómica se hace notar

Frente a esta presencia masiva en las aulas, la evidencia científica recopilada a nivel internacional no ofrece una respuesta tajante ni unánime sobre los beneficios de una prohibición. Si bien la literatura coincide en que restringir o retirar los teléfonos reduce drásticamente las interrupciones y el uso no académico durante la clase (con caídas en la actividad de los terminales de hasta un 80%), el impacto directo sobre el rendimiento académico resulta mixto. Mientras algunos estudios reportan mejoras modestas —principalmente en alumnos con antecedentes de bajo rendimiento o de contextos vulnerables—, otros trabajos científicos no identifican ningún cambio significativo en los aprendizajes.

Los autores del estudio sugieren que esta falta de un salto automático en las calificaciones tras la prohibición puede explicarse a través del llamado "mecanismo de sustitución". Al eliminar el teléfono como fuente de distracción primaria, el estudiante puede simplemente redirigir su falta de atención hacia otras conductas o actividades no académicas si la propuesta pedagógica que recibe no resulta lo suficientemente estimulante. Asimismo, los efectos sobre el clima escolar o el acoso digital muestran matices diversos, registrando desde costos de adaptación iniciales con aumentos de sanciones disciplinarias hasta reducciones efectivas de episodios de cyberbullying.

A nivel global, la regulación escolar viene ganando un terreno acelerado en los últimos tres años. De acuerdo con datos de la Unesco, el porcentaje de países que implementaron normas para limitar o prohibir el celular en los colegios trepó del 25% en 2023 a cerca del 60% en 2026. El panorama mundial exhibe tres enfoques predominantes: prohibiciones absolutas en niveles iniciales y primarios (como aplicaron Francia, Países Bajos y Chile); esquemas de uso pedagógico estrictamente supervisado (como en Brasil, Finlandia o China); y modelos descentralizados donde la decisión final recae en la autonomía de cada comunidad educativa, como sucede en el Reino Unido.

La evidencia científica recopilada a nivel internacional no ofrece una respuesta tajante ni unánime sobre los beneficios de una prohibición.

La evidencia científica recopilada a nivel internacional no ofrece una respuesta tajante ni unánime sobre los beneficios de una prohibición.

En la Argentina, la falta de un marco legal nacional ha generado un escenario heterogéneo y fragmentado entre jurisdicciones. En la actualidad, el 45% de las provincias cuenta con normativas o resoluciones vigentes para regular los celulares, mientras que el 55% restante aún carece de un marco legal específico. La tendencia dominante en los distritos regulatorios consiste en establecer normas estrictas para el nivel inicial y primario, permitiendo un uso acotado a la planificación didáctica del profesor en el nivel secundario.

Provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —con su programa de "Aulas libres de celulares"—, Buenos Aires, Santa Fe, Formosa y Neuquén han fijado restricciones amplias en el ciclo primario, prohibiendo la presencia del dispositivo incluso en el recreo en varios casos. Otras jurisdicciones, como Mendoza, Tucumán, Catamarca y La Pampa, autorizan el uso en todos los niveles siempre que el docente lo haya incluido expresamente en su proyecto pedagógico anual. Por su parte, Corrientes adoptó un criterio espacial que obliga a apagar el teléfono dentro del aula, pero permite su uso durante las horas libres y los recreos.

El 45% de las provincias cuenta con normativas

Como conclusión, el informe de Argentinos por la Educación recalca que una prohibición normativa es insuficiente si no se acompaña con un fortalecimiento de las capacidades docentes y una guía para el entorno familiar. La formación pedagógica aparece como una demanda prioritaria del propio sistema: las encuestas del operativo Aprender revelan que el 62% de los directivos y el 52% de los docentes de primaria reclaman mayor capacitación para integrar las tecnologías digitales a la enseñanza.

Aprender a utilizar estas herramientas de forma responsable resulta fundamental para evitar que la restricción profundice la brecha digital en los sectores más postergados.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.