Explotaban sexualmente a mujeres y ahora el dinero quedará para ellas

La Justicia detectó que varias mujeres eran obligadas a prostituirse y decidió que el dinero que se les requisó a los acusados sea destinado a resarcir a las víctimas. 

Ocurrió en Salta: dos hermanos, un varón y una mujer, fueron condenados a 3 y 6 años de prisión respectivamente. A una tercera persona le fue suspendido el juicio a prueba.

Y lo particular es que el dinero producto de la trata será distribuido entre nueve mujeres rescatadas a partir de una investigación del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, en la que inicialmente intervino la PROTEX. 

Juicio 

El Tribunal Oral en los Criminal Federal Nº 2 de Salta formalizó el 21 de mayo pasado la condena de Nora y Gonzalo Pacheco por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la pluralidad de víctimas y por la consumación de la explotación, en calidad de autora y partícipe secundario, respectivamente.

Nora Pacheco recibió 6 años de prisión, pena que cumplirá –por razones de salud- bajo la modalidad de arresto domiciliario, en tanto que su hermano fue condenado a 3 años de ejecución en suspenso.

Todo comenzó con alguien que marcó el número 145 en su teléfono...

El fallo fue producto del acuerdo arribado entre la fiscalía y las defensas. Los jueces Abel Fleming, Gabriela Catalano y Domingo Batule también homologaron una decisión que derivó en beneficio de las nueve víctimas rescatadas cuando fue desbaratada la organización dirigida por los dos acusados.

Al momento de disponer el destino de una suma de 76 mil pesos secuestrados en el marco de la investigación, las partes entendieron que se los debía destinar a resarcir a las víctimas y no a las arcas oficiales. 

El tribunal coincidió y sostuvo que el Estado no podía beneficiarse con dinero originado “mediante la utilización de los cuerpos” de las mujeres, considerando “inmoral y antiético” el aprovechamiento de “aquello que ha sido el fruto de lo victimizante dentro del delito”. El tercer acusado también deberá poner 40 mil pesos que serán destinados al mismo fin.

Una llamada telefónica

El caso se inició el 22 de mayo de 2019, cuando se dio curso a una denuncia realizada a través de la línea de teléfono gratuita 145, que en el último año acumuló cerca de 1800 llamadas de auxilio. Esta herramienta es administrada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El llamado reveló que, en Salta y desde un perfil en la red social de Facebook, se ofertaba trabajo de manera engañosa, y que la maniobra tenía como objetivo captar a jóvenes para el servicio de escort en un spa masculino donde debían hacer “masajes y algo más”, a cambio del pago de 800 a 1.500 pesos el servicio sexual.

Se encontró folletería y fotos de las víctimas que se usaban para "promocionar" los servicios

El fiscal Ricardo Toranzos dirigió una minuciosa investigación que incluyó también la participación de un “agente revelador”. De esa forma, en julio del año pasado se pudo establecer que Nora Agustina Pacheco era la líder de la organización y que los servicios sexuales se coordinaban a través de una página web. También se identificaron los domicilios que eran alquilados para la explotación sexual de las mujeres reclutadas.

En varios de los domicilios allanados se encontró folletería y fotografías de las víctimas y lencería que era utilizada para la promoción de los servicios sexuales, una modalidad que la organización ya había comenzado a replicar en provincias vecinas. En efecto, algunas de las víctimas revelaron que fueron enviadas fuera de Salta para cumplir con determinadas citas.

"Meritocracia"

Sobre la base probada de que la organización se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en estado de vulnerabilidad, el fiscal Toranzos explicó que las víctimas eran sometidas a un sistema de premios y castigos, mediante el cual eran cosificadas y categorizadas, para luego asignarlas a determinados inmuebles. Los más céntricos era los que la organización consideraba "de elite". También eran enviadas a otras provincias y siempre les quitaban el 50 por ciento de las ganancias obtenidas, según las áreas.

De esta manera, la organización conformó unidades comerciales en distintos inmuebles, donde percibían el dinero en efectivo por cada prestación, o bien, a través de pagos electrónicos, para lo cual abrieron cuentas para la recepción del dinero que luego utilizaban para solventar los gastos personales y de la organización.

La violencia no era directa

La fiscalía señaló que, lejos del sometimiento violento, con golpes y maniobras de amedrentamiento, en este caso las personas acusadas ejercieron maniobras compatibles con lo que se conoce como “trata blanda”, pues les ofrecían a sus víctimas buenos ingresos, horarios de trabajo según sus posibilidades personales y así lograban incorporarlas a la estructura delictiva.

En ese sentido, el fiscal señaló que esta modalidad se refiere a mujeres que ya están acostumbradas a esta opresión y que no lo perciben como un daño irreparable, aunque, a la larga, termine siéndolo, ya que el haber atravesado por el sistema prostibulario deja secuelas físicas y psicológicas imborrables.

Toranzos citó al respecto al fiscal cotitular de la PROTEX, Marcelo Colombo, quien señaló que “no necesariamente hay víctimas esposadas o encarceladas en estas redes”, ya que muchas veces es más fácil mantener en el tiempo una explotación si no va acompañada de violencia: “Un tratante puede tener a alguien cautivo, amenazado o golpeado, pero después de un tiempo esa persona se acostumbra a ese modo de explotación. Entonces, ya no necesita ejercer indefinidamente la violencia porque hay un clima de miedo instalado”.