Con el testimonio de un sobreviviente se retomó hoy una megacausa de lesa humanidad en Mendoza
Este viernes se reanudó la actividad en el noveno juicio por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en Mendoza. En la jornada de hoy las partes escucharon en primer término a un sobreviviente, Carlos Roca, quien contó cómo tuvo que escapar de su domicilio cuando lo fueron a buscar una noche y relató su calvario durante la posterior detención en el Palacio Policial.
Luego intervino Patricia, hermana de Carlos, quien dio su testimonio sobre el momento en que un grupo de sujetos fue a detener al hombre en la casa familiar.
Carlos recordó que aquella medianoche al menos seis personas armadas, cuyas identidades no pudo individualizar, fueron a buscarlo a su domicilio para capturarlo. Él decidió escapar por los techos, aunque a los pocos días se presentó ante la Policía.
"Sufrí numerosas torturas"
"Me llevaron al ex centro clandestino de Detención D2, ubicado en el Palacio Policial, y en ese lugar sufrí numerosas torturas junto a otros detenidos, entre los que pude reconocer a mi primo, Raul Acquaviva; además estaban Eugenio Paris, Liliana Tognetti y Graciela Leda, entre otros", revivió Carlos.
Sede del horror
El 'D2' fue el centro clandestino de detención más importante de la provincia y el sitio en el que estuvieron la mayoría de los detenidos-desaparecidos de Mendoza. Desde el 2015 funciona como Espacio de la Memoria.
Roca repasó algunas instancias de aquel operativo en el que intentaron secuestrarlo y luego, sin más preguntas de las partes, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza dio por finalizada su participación y dio lugar al testimonio de su hermana Patricia, quien también dio precisiones de aquella noche.
En horas del mediodía, el Tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el 19 de febrero, jornada en la que se retomarán las audiencias virtuales. El TOF Nº 1 de Mendoza está integrado por los jueces Alberto Carelli (presidente), Héctor Cortez y Alejandro Piña.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen en la causa el fiscal Dante Vega y los fiscales ad-hoc Daniel Rodríguez Infante y Patricia Santoni, mientras que en condición de querellantes fueron aceptados el abogado Fernando Peñaloza, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y la abogada Viviana Beigel, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.