En detalle: la trama que tiene a una empresa de Luján en el centro del escándalo nacional
La Justicia Federal tiene en la mira a una compañía mendocina que podría estar involucrada en un millonario robo de caños del gasoducto del Noreste argentino. Se trata de OSYP S.A, una firma con domicilio legal en Patricios 95 (Luján de Cuyo) y dirigida por el empresario Diego Andrés Alos.
En ese sentido, el viernes pasado se realizaron varios allanamientos en Quilmes (Provincia de Buenos Aires); y durante los procedimientos se encontraron caños que -según se cree- habían sido extraídos ilegalmente de 35 kilómetros de conexión ubicados en la localidad de Aguaray (Salta).
La gran pregunta es quién los extrajo y cómo llegaron tan lejos. Ahí es donde las sospechas salpican a Mendoza.
Robo faraónico
La concesión del gasoducto se otorgó en 2007, y el proyecto completo se planificó para que unos 4 millones de argentinos tuvieran acceso a la red de gas natural. Aunque al principio se avanzó -la obra incluye conexiones en Santa Fe, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Salta- buena parte de las tareas quedaron paralizadas y el material -que vale carísimo- quedó prácticamente abandonado en más de un tramo. De hecho, el segmento de Aguaray se frenó cuando iba por el 53,92%.
Con la excusa de que los caños contaminaban, se cree que una organización coordinó la extracción y traslado de esas piezas para su posterior reventa. El caso ya tiene a 10 imputados y está siendo investigado por el fiscal federal de Salta, Eduardo Villalba, y los fiscales federales de Orán José Luis Bruno y de Tartagal Marcos Romero, además de la querella del Estado Nacional, representada por el abogado Sebastián Smith.
El robo habría reportado beneficios de unos 13 millones de dólares
Los acusados más notorios son el mismísimo intendente de Aguaray, Jorge Prado, y su ex secretario de Hacienda, Fredy Marcelo Céspedes. Ambos han sido imputados por fraude a la administración pública. Y ambos habrían colaborado en los permisos para que la mendocina OSYP S.A retirara las piezas que más tarde fueron revendidas, en una operación que habría reportado beneficios equivalentes a unos 13 millones de dólares.
Por eso Diego Andrés Alos -que preside a la empresa de Luján- también está imputado por fraude a la administración pública. Lo mismo le pasa a Matías Rossi, quien dirige CoMarfil SA en Quilmes, ya que se trata de la empresa que compró buena parte del material sustraído. A este último imputado no solo se le reprocha fraude sino también robo agravado.
Estrategias
Luego de que el periodista de Jorge Lanata le diera trascendencia mediática a la causa el fin de semana, en las últimas horas se supo que el intendente Prado pretende desligarse de la reventa y apunta directamente a los mendocinos de OSYP S.A como responsables del delito.
Prado, que milita en el peronismo, es ingeniero ambiental: la decisión de remover los caños habría tenido que ver con su perspectiva profesional. De acuerdo con su abogado, Fernando Teseyra, "surgió la oferta de la empresa mendocina para retirar esos caños, que estaban afectando al medio ambiente" y además la firma prometió "construir dos plazas" sin costo alguno para el municipio. "Ante tan generoso ofrecimiento, el intendente aceptó", insiste Teseyra.
La medida original se redactó en diciembre de 2019: "En uso de las facultades que le son propias conferidas por la Carta Orgánica Municipal, el ejecutivo autoriza a la empresa OSYP SA, representada por el señor Diego Andrés Alos, CUIT 30-71626416-1 al desarme, traslado y remediación de terrenos contaminados". La operación se justifica atendiendo a que las cañerías en desuso "ostentan el carácter de material contaminante".
El asunto es que hubo caños que terminaron revendidos. "Esas son maniobras que ya no tienen que ver con el intendente -opina el abogado Teseyra-. Él autorizó el retiro de los caños, pero no los vendió. Y al ser una autorización local, tampoco servía para salir del municipio".
Lo concreto es que hubo caños que terminaron en Provincia de Buenos Aires, donde llegaron luego de atravesar 1800 kilómetros de rutas que -encima- en teoría estaban bloqueadas a causa de la pandemia. Entre las condiciones de posibilidad para que se haya concretado ese viaje, está la existencia de autorizaciones. ¿Quién las emitió? Por lo bajo, algunos ya se preguntan si la trama llegará hasta la Nación, más puntualmente hasta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que conduce Juan Cabandié.