Condena para un ex legislador y una funcionaria provincial por estafa al Estado

Tal como lo venía anticipando MDZ, un ex legislador y una funcionaria provincial fueron condenados este jueves junto a otras seis personas por emitir facturas apócrifas, en un fraude al fisco que se calcula en 161 millones de pesos. Armando Morón, ex legislador; y su pareja Marisa Maldonado, una contadora que se desempeñaba como síndica nada menos que en la empresa de colectivos que controla el Estado provincial, escucharon a las 20.30 el fallo que sentenció al hombre a 4 años y a la mujer a 3 años y 10 meses de prisión.

Ambos supieron integrar las filas del Partido Demócrata, aunque ahora su rol en las lides de la política parece complicarse. Entre los otros condenados están Silvia Gladys Gulino (la jefa de la banda, 6 años); Daniel Agustín Cacciavillani (4 años) y Carlos Armando Aguirre (4 años). Además, Florencia Inés Morichetti, Romina Molina  y Walter Daniel Lobos recibieron 3 años y 6 meses cada uno. 

Todos, menos Gulino, fueron señalados como miembros de una asociación ilícita fiscal. Cacciavillani y Gulino estaban sindicados como los líderes de la banda, por lo que hace tiempo permanecen en prisión preventiva. Y la decisión de hoy tendrá consecuencias: es probable que el fallo se apele y el expediente pase a casación. Por lo pronto, Cacciavillani será excarcelado y se unirá a los otros seis imputados que seguirán libres hasta que la sentencia quede firme. 

El ex legislador está apuntado como uno de los "distribuidores" de facturas truchas. Él jura que no es verdad.

Para el fiscal de instrucción Fernando Alcaraz, el ex legislador -y contador- Morón participaba en calidad de intermediario y distribuidor. Una especie de eslabón intermedio entre el grupo delictivo y las empresas. Pésimo antecedente para un hombre que alguna vez intentó postularse para la gobernación de la provincia.  

Según la investigación de Alcaraz, Morón "buscaba nuevos mercados" donde vender los papeles ilegales. En diálogo con Juan Carlos Albornoz -colega de este diario-, el ex miembro del PD negó conocer a los supuestos cabecillas y aseguró que nunca integró una organización delictiva.

Maldonado, la funcionaria, pidió licencia como síndica de STM el 13 de noviembre

Por su parte, Marisa Maldonado pidió licencia en su puesto como síndica de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) recién el 13 de noviembre. Luego renunció. Un dato llamativo: funcionarios de esa entidad aclararon que no sabían sobre el juicio, que había comenzado en agosto. 

Usina de facturas truchas

El requerimiento que presentó el fiscal Alcaraz detalló que existía "una organización delictiva destinada a la confección y comercialización de facturas apócrifas para generar créditos fiscales y gastos ficticios, susceptibles de ser comercializados con personas físicas y/o jurídicas (clientes), a cambio de una comisión del 35% de la facturación 'vendida', logrando de esta manera que dichos clientes disminuyeran sus saldos a pagar en el Impuesto al Valor Agregado y en el impuesto a las Ganancias, perjudicando así la recaudación del fisco nacional por sumas millonarias".

O sea: una típica usina de facturas truchas, que se encuadra en los casos tipificados por la Ley 27.430. Se cree que la organización operó entre 2012 y 2018, y concretaba operaciones millonarias.

El juicio se desarrolló ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, que está integrado por los jueces Alberto Carelli -presidente-, Alejandro Piña y Roberto Naciff. La fiscal en esta instancia fue la doctora María Gloria André, quien consiguió que los magistrados coincidieran en líneas generales con las penas propuestas. 

Y es el segundo proceso de este tipo que se realiza en Mendoza durante 2020. En junio, otras 29 personas fueron condenadas por una megaestafa de 266 millones de pesos contra el fisco. 

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