Arrancó otro juicio por facturas truchas: acusan a un ex legislador

Arrancó otro juicio por facturas truchas: acusan a un ex legislador

Se trata de Armando Morón, quien según el fiscal integraba, en calidad de intermediario y distribuidor, una asociación ilícita que se dedicaba a la comercialización de facturas apócrifas. El fraude a la AFIP fue de 126 millones de pesos. Hay 8 personas en el banquillo y los dos jefes están presos.

Juan Carlos Albornoz

Juan Carlos Albornoz

Arrancó en la Justicia Federal de Mendoza otro juicio por facturas truchas en el que se investiga la responsabilidad de un grupo de contadores en una maniobra de evasión de impuestos por unos 126 millones de pesos.

Silvia Gulino y Daniel Cacciavillani, presuntos jefes de la organización delictiva, ya se encuentran con prisión preventiva, y arriesgan penas de entre cinco y diez años de cárcel.

También hay otras seis personas procesadas que trabajaban en el estudio de Gulino o actuaban como intermediarios en la comercialización de facturas. Ellas también podrían ir a la carcel, entre 3 años y 6 meses y 10 años.

En este grupo aparece un ex legislador del Partido Demócrata. Se trata de Armando Morón, un contador que para el fiscal Fernando Alcaraz formaba parte de una "organización delictiva destinada a la confección y comercialización de facturas apócrifas".

En el requerimiento de elevación a juicio se lee que Morón era uno de los  "'distribuidores/intermediarios' del producto fiscal espurio comercializado por la usina y que fuera adquirido para sus propios clientes, propagando de este modo los alcances de la actividad ilícita y logrando de esta forma el crecimiento exponencial de la organización y la actividad ilícita desplegada, constituyéndose en los encargados de conquistar 'nuevos mercados'".

También destaca el requerimiento que Morón en el "año 2017, registra acreditaciones bancarias por $578.191, y remuneraciones por $1.427.546,78, montos que resultan llamativos más allá de lo que pueda haber percibido por su profesión de contador".

Consultado por este diario, Morón negó conocer a los supuestos cabecillas de la usina de facturas y aseguró que nunca integró una organización delictiva.

También dijo que se ha distanciado de la militancia política y que seguirá así hasta que no se termine este juicio. Desde hace tiempo, el contador que alguna vez buscó ser candidato a gobernador por el PD se dedicaba a la actividad privada y se desempeñaba como CEO de la empresa "T-Cargo".

Segundo juicio del año 

Este no es el primer juicio del año por facturas truchas en Mendoza. En junio fueron condenadas 29 personas por una "megaestafa" contra la AFIP en la que se estimó el fraude en 266 millones de pesos

Pablo Prete y Sergio Delfino, los principales condenados en el juicio anterior, facturaban a través de empresas "fantasma" y terceros insolventes.

En cambio, Gulino y Cacciavillani, principales acusados en el segundo juicio, emitían facturas de sus propios clientes desde una "usina" montada en una oficina de la calle Mitre.

El martes pasado fue la primera audiencia del nuevo juicio con testimoniales, ya que las primeras dos audiencias habían sido utilizadas para la lectura de requerimientos del Ministerio Público Fiscal y de AFIP como querellante.

Los acusados emitieron facturas por 276 millones de pesos, pero tras los ajustes por impuestos de IVA y Ganancias no ingresados al fisco, la cifra se ajustó y el fraude al Estado quedó en 126.834.028 pesos.

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 que está integrado por los jueces Alberto Carelli -presidente-, Alejandro Piña y Roberto Naciff. Mientras que la fiscal de la causa es María Gloria André.

Se calcula que el debate podría durar un mes y medio.

Comienzo de la investigación

En el requerimiento de elevación a juicio aparece que el inicio de la investigación, en 2018, estuvo generado por una denuncia en la AFIP de una persona (Ricardo Ceschín) quien se enteró que había facturado electrónicamente a terceros un valor aproximado a los 35 millones de pesos.

El denunciante desconocía casi todas las operaciones facturadas y su clave fiscal estaba en manos del estudio Gulino.

Más adelante, la AFIP detectó que desde la dirección IP de la contadora Gulino se habían emitido facturas de otros contribuyentes "en idéntica situación de inconsistencias y altos volúmenes de facturación".

La AFIP llevó la investigación a la Justicia que encaró, tal como dice en el requerimiento del fiscal Alcaraz, "una serie de allanamientos con el objeto de desbaratar una presunta organización delictiva destinada a la confección y comercialización de facturas apócrifas (tanto de miembros de la organización como de terceros contribuyentes) para generar créditos fiscales y gastos ficticios, susceptibles de ser comercializados con personas físicas y/o jurídicas (clientes), a cambio de una comisión del 35% de la facturación “vendida”, logrando de esta manera, que dichos clientes disminuyeran sus saldos a pagar en el Impuesto al Valor Agregado y en el impuesto a las Ganancias, perjudicando así la recaudación del fisco nacional por sumas millonarias".

La elevación a juicio se realizó en setiembre del año pasado y dice que la usina de facturas apócrifas, a cuyos integrantes se los acusa de haber integrado una "asociación ilícita fiscal", operó desde 2012 hasta 2018.

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