Otra perpetua para un juez de la dictadura por delitos de lesa humanidad

Otra perpetua para un juez de la dictadura por delitos de lesa humanidad

Si bien Otilio Romano ya está condenado a perpetua por otras causas, el fallo que se conoció este viernes es otro paso para dilucidar responsabilidades sobre los crímenes ocurridos durante los años setenta. Esta vez lo sentenciaron por haber "cajoneado" denuncias que nunca se investigaban. Detalles.

Facundo García

Facundo García

El ex juez federal Otilio Romano está preso tras haber sido condenado por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, este viernes recibió una nueva sentencia a prisión perpetua y el repaso de los motivos detrás del fallo permiten entender mejor la forma en que funcionó buena parte de la Justicia mendocina durante los "años de plomo"

En su momento, Romano había zafado de algunas acusaciones, en fallos que luego fueron apelados. Pero este viernes los magistrados Gretel Diamante, Daniel Doffo y Alberto Carelli resolvieron condenarlo a la pena máxima por ser partícipe primario del delito de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas.

Según pudo saber MDZ, el eje de la acusación estaba en algunas denuncias que llegaron al despacho del ex juez en los años 70´, cuando el hombre pisaba fuerte en los pasillos de los Tribunales Federales.

En lugar de investigar los hechos, Romano simulaba hacer algo pero nunca hacía avanzar esas causas. Los expedientes de personas atacadas por las fuerzas de seguridad llegaban, recibían un sello y luego quedaban en el fondo del archivo

"Hay acciones que los jueces no pueden omitir" (Beigel)

Así fue el caso del matrimonio de Norma Zamboni y Ezequiel Ander Egg. En 1975 fueron perseguidos: a Ezequiel intentaron secuestrarlo y después les pusieron una bomba en la casa. Ellos informaron a la Justicia, pero ni Romano ni muchos de sus colegas hicieron nada para que se esclarecieran los hechos. En un primer proceso judicial, Romano fue absuelto por este asunto. Luego casación consideró que había que revisar la decisión y reenvió la causa a otro tribunal de primera instancia, que fue el que este viernes le sumó la condena a Romano y otros imputados.  

Así operaban los jueces de la dictadura

"Los jueces tienen obligaciones: hay acciones que deben hacer y no pueden omitir. Y una de las cosas que no pueden omitir es investigar los delitos que llegan a su conocimiento", explicó a este diario la abogada Viviana Beigel, que estuvo a cargo de la querella contra Romano.

Se habría montado una zona liberada jurisdiccional: las fuerzas de seguridad hacían literalmente lo que querían

Según pudo demostrarse en el juicio, Romano y los suyos montaron una "zona liberada jurisdiccional" en aquella época. Vale decir que las Fuerzas de Seguridad de Mendoza podían hacer lo que quisieran con los civiles, porque sabían que nadie iba a fiscalizar lo que realizaran. De este modo, denuncias por torturas o abusos sexuales llegaban a los despachos judiciales y ahí quedaban, "frizadas"

"Cuando Romano recibía una denuncia, le ponía un sello y enviaba un oficio -mera formalidad- a la Policía o la fuerza mencionada. Obviamente, la respuesta siempre era nula, y ahí quedaba la pesquisa, se archivaba", añadió Beigel. "Incluso cuando los familiares se presentaban con datos concretos sobre secuestros, y mencionaban, por ejemplo, las patentes de los autos donde habían metido a la gente, nunca se intentaba saber qué había pasado".

Pero todo eso quedaba asentado en los testimonios de las víctimas y sus allegados. Beigel define: "eso nos da la pauta de la participación primaria que Romano tenía en los hechos, al asegurar la impunidad".

Histórico

En 2017, Mendoza se situó a la vanguardia mundial cuando juzgó y condenó a magistrados y funcionarios judiciales por delitos de lesa humanidad. Romano, Guillermo Petra, Rolando Carrizo y el fallecido Luis Miret, todos jueces federales en los 70´, enfrentaron a la Justicia y fueron sentenciados.

La noticia de hoy es parte de ese itinerario. Y es destacable, porque en general los juicios de este tipo se realizan contra militares y colaboradores, pero no suelen alcanzar a los puestos jerárquicos de las instituciones judiciales, y mucho menos a los estratos superiores

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