Prisión perpetua: contrapuntos de la primera jornada de debates

Este jueves se inició la audiencia pública que convocó la Suprema Corte Provincial para evaluar la constitucionalidad de la prisión perpetua. El encuentro -que tiene a más de 100 anotados para exponer- comenzó por la mañana y seguirá hasta este viernes. Y desde el principio se notó un fuerte contrapunto entre dos posturas.

El Subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul, evitó el tono conceptual e intentó un registro más bien pragmático: "sin duda, de declararse la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua impactaría directamente en las tasas de inseguridad, porque generaría la salida anticipada de un gran número de condenados", opinó. Y destacó que -según él- la resocialización es una meta que está cada vez más cerca: "hoy, el 82% de los detenidos de Mendoza estudian o trabajan. Algunos hacen las dos cosas".

En contraste, Silvia Ontivero, la madre del periodista asesinado Alejo Hunau, trazó otro punto de vista. "Yo escuché muchas veces esta idea de que los condenados 'se tienen que pudrir en la cárcel'. En el caso del hombre que mató a mi hijo, yo he seguido su trayectoria porque apuesto a su recuperación", relató. "Sé lo que son las cárceles porque he estado ahí", argumentó la mujer, que estuvo detenida durante la última dictadura por su militancia política. "Son sitios que no cumplen con condiciones básicas. Es más: la mayoría de los presos nacen y crecen en la pobreza y la marginalidad antes de quedar encerrados; ¿cómo los vamos a reinsertar si en realidad nunca estuvieron insertos?". 

Algunos letrados resaltaron, asimismo, que la prisión perpetua sería inconstitucional porque plantea un castigo de extensión indeterminada -"no se sabe cuándo morirá la persona", explicaron- y por lo tanto introduce una dimensión inhumana, incompatible con la legalidad y en colisión con la posibilidad de integrarse a la sociedad. 

¿Justicia es actuar como lo harían las víctimas?

El debate se calentó en la provincia en 2019, cuando el juez Eduardo Martearena evitó condenar a perpetua a los imputados por el crimen llamado popularmente "valija fúnebre", en el que tres acusados de matar a José Lucero recibieron penas de 25 años. 

Claudia Pagliaricci salió al cruce del magistrado. Se trata de la mamá de Agustín y Abril Kruk, los dos niños que murieron el 14 de diciembre de 2018 luego de que 3 conductores realizaran maniobras imprudentes en una zona del Acceso. "Yo no entiendo de leyes, pero sí del lugar como víctima y como mamá", señaló. "Entonces me pregunto por qué los delincuentes tienen más derechos que nosotros. A mis hijos, directamente, estas personas les dieron una pena de muerte. Y me gustaría saber si el juez Martearena opinaría como opina si le hubiese ocurrido algo así".

En sintonía fue Andrés Villouta, que es el papá de Alan, el muchacho atropellado en el Acceso Sur por el empresario Alejandro Verdenelli. "Ya hay demasiados beneficios para los victimarios -acusó-. Aún endureciendo las penas, vemos que sigue habiendo gente alcoholizada al volante". Para Andrés, la verdadera condena a perpetua es la de los que sufren el delito. "Yo soy el que tuvo una condena que nunca se termina", resumió.

A las 15 se retomaron las conversaciones y el viernes a las 9 se producirán las charlas finales. Entre los expositores que aún no hablaron está el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni y el diputado y presidente de la UCR Alfredo Cornejo. La última palabra sobre el tema la tendrá la Suprema Corte, ya que la audiencia no es vinculante. Lo que decida luego el máximo tribunal tendrá peso en la justicia de la provincia, ya que sentará jurisprudencia.  

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