Marcha por la dignidad: el reclamo del sector de discapacidad en Mendoza
Este jueves, frente a la Legislatura se manifestaron trabajadores, familias y pacientes para exigir mejoras en el sistema que atiende a personas con discapacidad.
Familias, profesionales y pacientes, unidos frente al abandono estatal.
Mercedes Gómez/MDZEn la explanada de la Legislatura mendocina se congregaron trabajadores, familiares y referentes del ámbito de la discapacidad para visibilizar una crisis que lleva años profundizándose. La marcha fue pacífica, pero cargada de un mensaje contundente: hay un sistema que no funciona.
El reclamo no es nuevo. Pero esta vez, con mayor presencia en medios y redes, los manifestantes quisieron dejar en claro que no se trata solo de una queja sectorial, sino de un pedido por derechos humanos básicos. La protesta giró en torno a la exigencia de una política real que priorice a las personas con discapacidad y a quienes trabajan con ellas.
El testimonio de los protagonistas
Uno de los puntos más mencionados fue la financiación. Prestadores de salud, transportistas y cuidadores aseguraron que la situación presupuestaria es insostenible. Desde hace meses, denuncian que las prestaciones no se pagan a tiempo, que no hay actualizaciones acordes a la inflación y que los servicios están en riesgo de desaparecer.
Julián, kinesiólogo que trabaja en neurología, explicó a Mercedes Gómez para MDZ Radio 105.5 que el deterioro es generalizado: instituciones que no pueden sostenerse, pacientes sin cobertura y profesionales que trabajan en condiciones indignas. “Faltan recursos o están mal distribuidos”, resumió. Y propuso lo que muchos repetían: que se implemente una estructura nacional sólida que respalde al sistema.
Desde el Observatorio de Personas con Discapacidad, Mónica Bascuñán habló con firmeza sobre la raíz del problema. Dijo que ajustar sobre este sector es una decisión política, y que eso lo convierte en un tema presupuestario antes que técnico. “Qué fácil ajustar a las personas con discapacidad, ¿no?”, lanzó con ironía, en medio del aplauso de quienes escuchaban.
También estuvo presente Florencia, trabajadora de una institución que brinda rehabilitación y atención integral en Rivadavia y San José. Contó que asisten a más de 200 personas y emplean a 80 trabajadores. La falta de previsibilidad en los pagos y las demoras de las obras sociales ponen en riesgo tanto los servicios como los puestos de trabajo.
“Sabemos por lo que pasan las familias, las trabas que enfrentan, las vueltas que hay que dar para acceder a una prestación”, explicó. Y agregó que esta situación afecta directamente la calidad de vida no solo de quienes necesitan atención, sino también de quienes la brindan a diario.
Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue el testimonio de Ana Clara Gómez, una joven con parálisis cerebral, quien fue junto a su padre. “La rehabilitación es mi vida. Vine a luchar”, dijo, con una claridad que no dejó dudas. Su padre agregó: “Cuando el sistema de rehabilitación falla, hay vidas que se pierden o se estancan. Estamos acá para apoyar a todos los que hacen posible que mi hija tenga una vida digna”. La familia representa el rostro más humano de un sistema que, si colapsa, arrastra sueños y posibilidades.
La marcha frente a la Legislatura fue una más de muchas que vienen ocurriendo en todo el país en el marco de la discusión del proyecto de ley de emergencia en discapacidad. Y aunque cada una tiene sus particularidades, el pedido es el mismo: que se respeten los derechos adquiridos y que no se juegue con las vidas de las personas más vulnerables.