Los recursos y el plan con el que buscan controlar la minería en Mendoza

Mendoza atraviesa un momento clave en su visión de desarrollo de la minería. El avance de PSJ, el proyecto San Jorge, pone el foco en el tema y surgen preguntas sobre cómo se controlará la actividad minera. El fin de semana comenzó la audiencia pública, que es parte del proceso de evaluación ambiental y pone prueba todo el proceso de revalorización de la autoridad ambiental minera.

En Mendoza las actividades productivas tienen que cumplir con todas las normas ambientales generales y específicas. La ley provincial de ambiente, 5961, es la que regula los procesos y controles. Allí está establecido el mecanismo de evaluación ambiental. La minería tiene una reglamentación específica a través del decreto 820, que reglamente la norma. A esas pautas se le suman otros controles cruzados y específicos. Es el caso del uso del agua, que está bajo jurisdicción del Departamento General de Irrigación. Incluso la empresa San Jorge y todas las que usen el agua deben pedir autorización, concesiones y responder a los controles del DGI.

Laley 7.722 impone restricciones a la minería. En Pero no tiene reglamentos específicos. Esa norma prohíbe el uso de algunas sustancias y obliga a que los proyectos mineros tengan aval legislativo.

Presupuesto y recursos

El control minero es compartido por la Dirección de Minería y la ex Dirección de Protección Ambiental. Ambas reparticiones deben firmar las resoluciones. En la actual gestión se reunieron ambas en un mismo ministerio, el de Energía y Ambiente.

La Dirección de Minería opera con un presupuesto de $846 millones para la gestión 2025. Este presupuesto es bajo, pero representa un aumento de más del 700% respecto al anterior. Este incremento de recursos obedece al impulso minero que la segunda gestión de Alfredo Cornejo fomenta y a la necesidad de fortalecer la institución tras casi 17 años de abandono. El sistema de control opera desde una nueva sede de la Dirección de Minería, parte de este proceso de modernización. El Gobierno modificó el Código de Procedimiento Minero y eso demanda otro volumen de trabajo. Entre otras cosas la normativa que introduce trazabilidad, participación ciudadana, fiscalización permanente, digitalización catastral y sostenibilidad ambiental.

La promesa del Gobierno es que la Policía Ambiental Minera realice un monitoreo ambiental en tiempo real desde una sala equipada con tecnología, desde donde supervisará operaciones mineras, plantas de tratamiento y rutas de transporte de productos mineros. Hay un detalle importante: Mendoza no tiene ninguna mina metalífera activa y no hay experiencia en ese tema. Por eso los procesos de control deben crearse, al igual que la experiencia del personal.

El equipo humano encargado de las inspecciones se compone de 34 profesionales en total para la Policía Ambiental Minera (PAM), incluyendo un Jefe de PAM y un Coordinador UGA. La fuerza inspectora suma 17 inspectores en la PAM y 15 inspectores en la Dirección de Policía Ambiental (DPA), totalizando 32 inspectores activos. Estos profesionales provienen de diversas disciplinas: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Geología, Abogacía, Agrimensura, Licenciatura en Higiene y Seguridad, y Tecnologías Mineras y Químicas Mineras. El organigrama proyecta un total de 45 inspectores una vez se incorpore el personal faltante en las nuevas delegaciones.

Para la movilidad en terreno, Mendoza dispone de 9 camionetas, un Unimog y un cuatriciclo para el acceso a las áreas de exploración y producción minera, así como a las delegaciones.

Proyectos a controlar

El programa de auditorías para 2025 contempla un universo de 1.735 expedientes registrados. De estos, 719 carecen de Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La PAM auditará 34 DIAs aprobadas (MDMO I) y 29 Informes de Impacto Ambiental (IIA) en estudio (MDMO II). También inspecciona proyectos en producción como PRC, y proyectos de exploración activos como Cerro Amarillo, Las Choicas, Burrero y Adriana. La remediación de pasivos ambientales en Sierra Pintada también forma parte de las inspecciones. Hierro Indio y Don Luis (Litio) se encuentran en evaluación para producción y exploración (IIA), respectivamente. El control abarca 6 plantas de tratamiento registradas y busca establecer datos sobre acopios de minerales, cuya información actual "se desconoce". El control y seguimiento de guías de transporte de minerales y la inspección de obras públicas también forman parte del programa.

El presupuesto para 2025 considera la provisión de bienes y servicios esenciales para la operación. Esto abarca combustible, viáticos y una reserva para casos de emergencia, garantizando la operatividad diaria de las inspecciones.

El sistema de control implementa un Software de Planificación y Seguimiento de Inspecciones. Este sistema busca digitalizar documentos y estandarizar procedimientos, buscando eficiencia en la gestión de la información y el control. También trabaja en la implementación de un Sistema de Gestión de la Información (SGI) y la adhesión a Normas ISO.

El plan de inspecciones para 2025 fija una meta de 2.871 inspecciones totales. Las inspecciones proyectadas de la PAM son 2.349, distribuidas en 261 días hábiles (una inspección por día por camioneta, con 9 camionetas operativas). Esto equivale a 14.094 horas de trabajo en campo. Las inspecciones de la DPA suman 522, equivalentes a 3.132 horas.

La distribución geográfica de las inspecciones anuales muestra una planificación específica. La delegación Central tiene asignadas 522 inspecciones. Malargüe lidera con 783 inspecciones. San Rafael registra 522 inspecciones. Las áreas de Valle de Uco y Alta Montaña, por su parte, tienen previstas 261 inspecciones cada una.

Este reparto responde a la necesidad de fortalecer la presencia territorial, según indicaron desde la Dirección. La creación de las delegaciones en Valle de Uco y Alta Montaña forma parte de esta estrategia. Cada una de estas nuevas delegaciones requiere la incorporación de 2 inspectores adicionales.