La asociación mendocina de kitesurf en pie de guerra por las obras en el dique Potrerillos

Marcelo Salvatore, de la Asociación Mendocina de Kitesurf, expuso en MDZ Radio el conflicto por el nuevo proyecto turístico Costazur en Potrerillos —iniciativa anunciada por el Gobierno y un grupo de empresarios que prevé una inversión de $5.000 millones en cuatro años—, el cual afecta el espacio donde practican el deporte desde hace una década.

El plan de inversión en el perilago de Potrerillos, que según las autoridades incluirá para el verano 2026 estacionamientos, sanitarios, quinchos y espacios para food trucks, y a largo plazo un centro comercial, supermercado, cabañas, un beach club y un club náutico, choca con los deportistas que históricamente usan una bahía del dique donde incluso ya han ingresado topadoras en el predio.

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Salvatore inició su intervención contextualizando la importancia de la asociación: “La Asociación Mendocina de Kites se remonta a la práctica de un deporte que empieza en Mendoza aproximadamente en el año 2007… en la actualidad cuenta con 280 deportistas de todas las edades (…) hay 280 familias involucradas”. Recalcó que en abril de 2021 la Legislatura declaró a la práctica de interés provincial.

Respecto a la tenencia del espacio, Salvatore fue claro: “En marzo del año 2023 firmamos un convenio con la rúbrica del ministro de Medio Ambiente en ese momento, Humberto Mingorance, también la rúbrica del señor Ojeda, que es el adjudicatario de Potrerillos Resort, para regularizar el uso de las costas (…) donde se nos otorga el uso de la bahía (…) donde estamos ahí radicados desde hace aproximadamente 10 años”.

El conflicto estalló el pasado jueves cuando maquinaria pesada ingresó al predio: “Sorpresivamente (…) teníamos cámaras y alarmas en el lugar, cuando ingresan las topadoras, las retroexcavadoras que destruyeron una gran parte de nuestra obra (…) para nosotros un hecho de una violencia extrema, porque nunca recibimos alguna notificación formal”.

Salvatore detalló que las obras destruidas, que incluían un baño con un biodigestor “totalmente no contaminante”, fueron realizadas por los propios asociados “sin recibir ningún tipo de subsidio” para suplir la falta de infraestructura para las familias.

Sobre la postura del gobierno, explicó: “El doctor Mema nos convocó a su despacho (…) nos dijo (…) que el gobierno, después que entregó la concesión, es como que se desprende del control”. Frente a esto, Salvatore expresó su principal discrepancia: “En el compromiso original (…) siempre el gobierno dejó por escrito que se debían respetar los usos preexistentes (…) y entendemos que el gobierno no puede desligarse de la responsabilidad que tiene por ley de controlar”.

Respecto al diálogo con el concesionario, afirmó: “Reconoce que hubo una promesa de que nuestra sede se iba a respetar (…) pero dice que por la coyuntura económica (…) los nuevos inversores (…) ponen las condiciones y entre sus condiciones sería que la Asociación (…) no es compatible con el proyecto que ellos tienen de realizar el restaurante”.

Ante la posibilidad de ser reubicados, Salvatore fue terminante: “Es un deporte que esencialmente requiere un rango de viento y únicamente se da en esta bahía donde estamos hoy focalizados (…) trasladarnos a otros sectores (…) prácticamente implicaría la desaparición de nuestro deporte”.

La asociación busca ahora canales de diálogo, aunque adelantó que hay “cuestiones políticas sumamente sospechosas” y que esperan el momento para realizar “las denuncias pertinentes en la justicia” antes de hacerlas públicas.