El Ministerio de Salud denunció a 10 padres que no vacunaron a sus hijos

El Ministerio de Salud de Mendoza dio un paso decisivo en la estrategia para fortalecer la cobertura de vacunas infantiles. En un contexto de preocupación sanitaria por el aumento de enfermedades prevenibles, la Provincia activó un mecanismo judicial inédito en los últimos años para garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio. Según fuentes oficiales, se busca poner en primer plano la protección de los menores y la salud pública.

La cartera sanitaria confirmó que presentó diez denuncias en la Justicia contra padres que no completaron las aplicaciones correspondientes a sus hijos. Esta acción se fundamenta en la Ley 27.941, que establece la obligatoriedad de las vacunas y sostiene que la salud colectiva debe prevalecer por sobre cualquier interés individual. Las autoridades remarcan que la medida surge ante un descenso sostenido en las coberturas, que coincide con el repunte de casos de sarampión y coqueluche en el país.

Iris Aguilar, responsable del Departamento de Inmunizaciones, detalló que “el objetivo es claro: que los niños se vacunen”. También remarcó que la intención no es sancionar a las familias, sino activar el sistema de protección cuando “se vulnera el derecho a la salud del niño”. Según explicó, es la Justicia la que evalúa cada caso y define los pasos a seguir tras la denuncia.

Aguilar también se refirió al nivel de cobertura provincial. Señaló que la vacunación escolar supera el 80%, un número aceptable pero insuficiente para mantener alejadas enfermedades ya controladas. “Debería estar por encima del 95% para evitar reapariciones”, advirtió. El mayor déficit, afirmó, se observa en las aplicaciones correspondientes a los 15 meses, etapa en la que se reducen los controles de niño sano.

En paralelo, la funcionaria vinculó la caída de cobertura con hábitos sanitarios postergados. Explicó que la distancia entre controles pediátricos impacta directamente en la aplicación de vacunas, lo que deja brechas que favorecen la circulación de virus que estaban controlados. Por eso insistió en sostener la asistencia regular al sistema de salud y completar los esquemas en tiempo y forma.

La estrategia judicial se articula con la resolución 2572, que ordena los protocolos internos de cada Área Departamental de Salud y de los hospitales. Esta normativa obliga a los equipos de inmunización a verificar el cumplimiento del calendario mediante el registro digital nominal, un sistema que integra datos del sector público y privado. Con este mecanismo, el Ministerio de Salud busca fortalecer la trazabilidad, asegurar la aplicación de vacunas y evitar que más casos lleguen a instancia de denuncia.