El Gobierno vuelve a reunirse con las universidades para destrabar el financiamiento universitario

El Gobierno nacional y representantes de las universidades volverán a encontrarse este viernes ante la Justicia para intentar destrabar el conflicto por el financiamiento universitario. La audiencia fue convocada por el juez federal Martín Cormick, a pedido de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y contará con la participación del Ejecutivo y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El encuentro se realizará mientras docentes y no docentes mantienen un paro nacional.

El eje de la disputa es la Ley de Financiamiento Universitario

El eje de la disputa es la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada por el Congreso en 2025. La norma estableció mecanismos para recomponer el financiamiento de las universidades y actualizar los salarios de docentes y trabajadores no docentes, además de contemplar recursos para becas. Las universidades sostienen que el Gobierno debe cumplir con la legislación y con la medida cautelar que quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema.

Del lado de las universidades, el reclamo apunta a recuperar el poder adquisitivo de los salarios y garantizar los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de las instituciones. El CIN también reclama el cumplimiento de las decisiones judiciales, mientras que la UBA planteó la necesidad de discutir fondos para hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas destinadas a ciencia y tecnología. Los gremios docentes y no docentes, por su parte, profundizaron las medidas de fuerza para exigir la aplicación plena de la ley y una recomposición salarial.

El Gobierno cuestiona los reclamos universitarios

El Gobierno, en cambio, sostiene que viene cumpliendo con sus obligaciones presupuestarias y cuestiona el alcance de los reclamos. La administración de Javier Milei afirma que los aumentos salariales acordados se están pagando de acuerdo con los montos y cronogramas establecidos y considera que las medidas de fuerza tienen un componente político. La tensión se mantiene porque las universidades sostienen que esos incrementos no alcanzan para cumplir con la recomposición prevista por la Ley 27.795.

La disputa excede, además, la discusión entre el Ejecutivo y los gremios universitarios. Desde el inicio del conflicto, las universidades públicas protagonizaron movilizaciones multitudinarias que lograron instalar el reclamo por el financiamiento de la educación superior en buena parte de la sociedad. Las marchas nacionales, con participación de estudiantes, docentes, trabajadores, investigadores y otros sectores, convirtieron al presupuesto universitario en uno de los principales focos de tensión política del Gobierno. Ahora, la audiencia judicial aparece como una nueva instancia para acercar posiciones, aunque ninguna de las partes anticipa todavía una salida definitiva al conflicto.