El Gobierno deberá indemnizar en más de medio millón a los familiares de una víctima de gatillo fácil

El Gobierno deberá indemnizar en más de medio millón a los familiares de una víctima de gatillo fácil

Franco Díaz (19) fue asesinado por un policía que respondió a un llamado por ruidos molestos en una fiesta celebrada en mayo de 2012 en Godoy Cruz. El agente fue condenado a prisión perpetua en agosto de 2013. Ahora el gobierno provincial deberá indemnizar a sus familiares por la muerte del joven.

El Gobierno de Mendoza deberá indemnizar en más de $500.000 a los familiares de Franco Díaz, un joven de 19 años que fue asesinado por un policía en una fiesta celebrada en el barrio Palumbo de Godoy Cruz durante la madrugada del 5 de mayo de 2012.

Así lo dispuso la jueza Cecilia Landaburu, del Tribunal de Gestión Asociada Segundo, en un fallo publicado este martes. Cabe aclarar que se trata de una sentencia de primera instancia que puede ser apelada, por lo cual los montos pueden modificarse.

El policía que asesinó a Díaz, Walter García Lenis, fue condenado a prisión perpetua por la Primera Cámara del Crimen en agosto de 2013. En aquel momento, el tribunal entendió que no había dudas de que se trató de un caso de gatillo fácil por el accionar desmesurado del agente.

La madrugada del 5 de mayo de 2012, el efectivo concurrió al domicilio donde se desarrollaba la fiesta, en Olaya Pescara de Tomba y Groussac, a partir de una denuncia por ruidos molestos. Al pasar en un móvil por enfrente del inmueble, el agente extrajo su arma 9 mm y disparó contra la gente que se encontraba en el lugar, provocando la muerte de Díaz -el disparo le entró por el mentón y salió por la nunca- e hiriendo a otra joven. Tras lo ocurrido, el efectivo se fugó del lugar.

En el juicio en su contra, sus propios compañeros reconocieron que García Lenis se excedió y que la situación no ameritaba la utilización de su arma reglamentaria, ya que debía utilizar postas de goma como hicieron el resto de los agentes que acudieron al lugar.

En el fallo de Tribunal de Gestión Asociada Segundo, la jueza considera que el gobierno provincial es responsable y debe hacerse cargo de la indemnización a raíz de que el efectivo formaba parte de la Policía de Mendoza -prestaba servicio en la UEP de Godoy Cruz- al momento del hecho.

Es por todo esto que la jueza Landaburu ordenó indemnizar con $500.000 más intereses -$100.000 por el daño material y $400.000 por daño moral y psicológico- a los familiares del joven fallecido. Además, condena a la Provincia a cubrir las costas del proceso y los honorarios de los abogados intervinientes.

El fallo:

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