Educar antes que castigar: reflexión en torno a la reforma penal juvenil

Como sociedad estamos atravesados por el dolor real de la inseguridad y por el cansancio de sentir que “nada cambia”. En ese clima, el anteproyecto del Gobierno para una nueva ley penal juvenil, que propone una reforma penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años para ciertos delitos graves y fijar un tope de pena de hasta 15 años, aparece como una respuesta rápida y de alto impacto simbólico. Pero cuando leemos el texto y, sobre todo, cuando lo ponemos en diálogo con la evidencia y con la experiencia cotidiana de quienes trabajamos en territorios populares, la pregunta clave no es si “suena firme”, sino si realmente reduce la violencia y cuida a la sociedad a mediano plazo.

Desde Fe y Alegría Argentina sostenemos que el problema de la inseguridad no empieza en los tribunales: empieza mucho antes, en trayectorias de vida marcadas por la pobreza, la exclusión, el abandono escolar, la violencia en el hogar y en el barrio, los consumos problemáticos y la ausencia de adultos y de Estado en momentos decisivos. Esa realidad no niega la responsabilidad por los delitos ni el derecho de las víctimas a la verdad, la justa reparación y la protección; al contrario: exige respuestas serias, integrales y eficaces. La sola baja de la edad, por sí misma, no ataca esas causas y corre el riesgo de consolidar un circuito que conocemos demasiado: más contacto temprano con el sistema penal, más estigmatización, más escuela expulsiva, más cárcel como destino, y finalmente más reincidencia y más violencia. Este diagnóstico no es “buenista”: es una lectura de la realidad y de la evidencia.

DELITOS

La inseguridad no empieza en los tribunales

En las últimas horas, la Iglesia en Argentina volvió a “poner sobre la mesa” una frase que resume el corazón del debate: “bajar la edad no baja el delito”, y pidió evitar salidas simplistas y electoralistas, apostando a un abordaje integral con más oportunidades educativas y sociales. En la misma línea, distintas voces eclesiales advirtieron sobre el riesgo de discutir con superficialidad o demagogia algo que requiere políticas públicas de largo aliento. Esa interpelación no es partidaria: es moral y social; nos invita a no confundir “castigo temprano” con “solución”. También es relevante escuchar a organismos especializados en niñez. Unicef, en documentos de posicionamiento sobre justicia penal juvenil, subraya que no hay evidencia de que bajar la edad de imputabilidad mejore la seguridad y compara resultados regionales para mostrar que umbrales más bajos no implican menos violencia.

Creo entonces que la pregunta “¿bajar la edad arregla el problema?” tiene una respuesta honesta: no lo soluciona. Puede dar una sensación inmediata de control, puede satisfacer una demanda comprensible de reacción frente a hechos gravísimos, pero no sustituye una política de prevención del delito que se tome en serio el origen del conflicto con la ley. Incluso quienes creen que debe discutirse una modernización del régimen penal juvenil señalan que la evidencia comparada sobre reducción de edad es, como mínimo, ambigua y que la implementación concreta (en provincias, con recursos reales) es el punto crítico: sin infraestructura, equipos interdisciplinarios, dispositivos de tratamiento de consumos, escuelas que sostengan trayectorias y programas de reinserción, la reforma termina siendo “letra dura sobre papel blando”.

ADOLESCENTES

¿Bajar la edad de imputabilidad arregla el problema?

Desde una lectura educativa y comunitaria, el núcleo de una respuesta eficaz a la inseguridad juvenil no es “cuanto antes castigamos”, sino “cuán temprano llegamos” con presencia adulta significativa y con instituciones que abracen. La escuela, cuando está fortalecida, es el principal dispositivo preventivo: sostiene vínculos, organiza el tiempo, habilita proyectos, detecta consumos y violencias, y construye pertenencia. Pero para que la escuela cumpla ese rol, necesita condiciones: equipos de orientación, formación docente para escenarios complejos, articulación con salud mental y adicciones, propuestas de terminalidad y reingreso, y un trabajo territorial coordinado con clubes, parroquias, centros barriales y programas de empleo joven. Si ese entramado no existe, el sistema penal llega tarde y mal. Y cuando llega mal, no repara: rompe más.

¿Qué otras soluciones pueden plantearse, concretamente, sin negar el dolor de las víctimas?

• La primera es modernizar el sistema de justicia juvenil con especialización real: jueces, fiscales, defensas y equipos técnicos formados específicamente en adolescencia, con procedimientos rápidos que eviten la impunidad y también eviten la prisión como respuesta automática.
• La segunda es ampliar de verdad las medidas alternativas y restaurativas, con dispositivos que funcionen en territorio y con evaluación de riesgo caso por caso; no como “beneficio”, sino como estrategia de no reincidencia y de reparación.
• La tercera es invertir en prevención temprana y en políticas socioeducativas obligatorias para quienes ya tuvieron conflicto con la ley: revinculación escolar efectiva, tutorías, formación laboral, salud mental y abordaje de consumos problemáticos, acompañamiento familiar y comunitario, etc.

En varios pronunciamientos recientes, defensorías de niñez del país advirtieron justamente que bajar la edad sin un sistema integral y con recursos puede significar retrocesos y no mejora de la seguridad.

JOVENES

Bajar la edad puede significar retrocesos

Cuando miramos experiencias internacionales para inspirarnos, aparecen aprendizajes útiles si evitamos copiar “mano dura” y, en cambio, tomamos en serio los modelos que combinan responsabilidad con reinserción. Chile, por ejemplo, avanzó con reformas institucionales creando un Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y ajustando su sistema para fortalecer la intervención especializada y la reinserción, con despliegue gradual. Más allá de debates sobre edad, la dirección de esa política es clara: construir capacidad estatal específica para que la respuesta no sea meramente punitiva y para que la reinserción sea un objetivo medible. En Europa, además, los estándares y recomendaciones internacionales empujan a elevar la edad mínima y a maximizar la derivación fuera del proceso penal formal, justamente por el daño que el sistema penal produce cuando se usa como herramienta principal.

En América Latina, es cierto que muchos países fijan edades de responsabilidad penal juvenil entre 12 y 14, pero la comparación relevante no es solo el número: es qué tipo de sistema construyeron alrededor. Donde predominan medidas socioeducativas, límites estrictos al encierro, fuerte intervención territorial y continuidad educativa, la respuesta tiene más chances de reducir la reincidencia. Donde el sistema termina funcionando como antesala del penal adulto, lo que se expande es la violencia y la carrera delictiva. Por eso, si Argentina decide debatir una reforma, la condición de posibilidad no es bajar o no bajar: es tener un sistema juvenil realmente distinto del adulto, financiado y evaluado, que no se limite a “encerrar más temprano”.

Bajar la edad de imputabilidad puede ser un gesto político

La seguridad sostenible se construye con un Estado capaz de prevenir, cuidar, sancionar de manera proporcional y, sobre todo, reinsertar. Si queremos menos víctimas mañana, necesitamos más escuela hoy, más comunidad organizada, más políticas públicas de salud mental y más políticas de cuidado en los barrios, y un sistema de justicia juvenil especializado que no se limite a castigar, sino que interrumpa trayectorias de violencia. La pregunta final que deberíamos hacernos no es “¿cuánto castigo aguanta un adolescente?”, sino “¿cuánta presencia educativa y comunitaria estamos dispuestos a garantizar para que ese adolescente no llegue al delito?”. Y esa respuesta, para Fe y Alegría, se escribe con una palabra que no es eslogan: más y mejor educación, sostenida por políticas integrales de inclusión y de cuidado.

* Fernando Anderlic. Director Nacional en Fe y Alegría Argentina | Liderazgo en Políticas Educativas, Educación Innovadora y Promoción Social