Desbordes cloacales: por qué Irrigación denunció a Aysam y quiénes podrían ser imputados

Cuáles son los delitos que analiza la Justicia en la causa contra Aysam

Uno de los ejes centrales en los que se apoya la fiscalía para recomendar la imputación es que los vuelcos en el canal de riego pueden encuadrarse dentro de lo establecido en el artículo 55 de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. El apartado mencionado, la norma establece que "será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".

En su argumentación para enmarcar la causa dentro de la ley 24.051, Capizzi sostiene que los líquidos cloacales pueden ser considerados como residuos peligrosos acorde lo indicado en el segundo artículo de dicha norma: "Será considerado peligroso (...) todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general". El fiscal incluso cita el anexo II, que incorpora dentro de las sustancias peligrosas a los desechos "que contienen microorganismos viables o sus toxinas".

En paralelo, uno de los puntos claves de la acusación se centran en que Aysam estuvo vertiendo efluentes cloacales en el canal de riego sin contar con la autorización de Irrigación. "Nosotros antes teníamos autorización para tirar al canal Pescara, pero Irrigación nos dijo que no podíamos seguir haciéndolo y tuvimos que buscar una alternativa más cercana", había señalado Mingorance en MDZ Radio el 29 de abril al explicar por qué los líquidos comenzaron a ser derivados al Ramo 12. Sin embargo, las actas de Irrigación den cuenta de que la autorización no estaba.

"Tanto el vuelco de efluentes cloacales al canal como la rotura de la infraestructura de riego han sido realizados sin autorización expresa ni tolerancia de la autoridad de aplicación competente", expone Capizzi. En ese sentido, el fiscal menciona que Aysam habría infringido la Ley de Aguas de Mendoza y la Resolución 778/96 del Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación, norma que establece que "todo vuelco o vertido de sustancias o efluentes al dominio público hidráulico deberá contar con la previa autorización administrativa correspondiente".

Si bien Aysam había tenido autorizaciones previas para volcar sobre el canal Pescara, tanto Capizzi como Blanco entienden que dichos permisos habían sido "precarios, revocables, transitorios y excepcionales".

Además de esto, la empresa que preside Mingorance también enfrenta una acusación por dañar infraestructura que tiene carácter público. En este aspecto, cabe resaltar para poder efectuar los vuelcos, Aysam rompió la impermeabilización del canal de riego. En este aspecto, para la fiscalía Aysam podría haber incurrido en una infracción contra el artículo 184 inciso 5 del Código Penal.

Quiénes podrían ser imputados

Si bien inicialmente la investigación involucraba al presidente de Aysam, Humberto Mingorance, y al gerente de Operaciones del Gran Mendoza, Carlos Sifuente, el fiscal Blanco pidió ampliar la imputación hacia otros integrantes de la conducción de la empresa y Capizzi terminó respaldando ese criterio.

De este modo, los nombres alcanzados por la recomendación de imputación son:

• Humberto Mingorance — presidente
• Juan Pablo Eraso — vicepresidente

• Juan Carlos Reta — director

• Daniel Canone — director

• Darío Hernández — gerente general

Para avanzar sobre la cúpula de Aysam, la fiscalía se ampara en el artículo 57 de la ley 24.051, que establece que "cuando alguno de los hechos previstos en los dos artículos anteriores se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible". Como ya se mencionó anteriormente, tanto Blanco como Capizzi consideran que hubo una violación al artículo 55 de la norma.

De este modo, ahora la definición final sobre el avance o no de las imputaciones contra la cúpula de Aysam por los vuelcos cloacales en Los Corralitos quedó en manos del fiscal general adjunto, Gustavo Pirrello.

Causa paralela

Hay un hecho que cabe destacar: no es el único frente judicial que Aysam tiene abierto. En paralelo, la ONG Fiscalía Ciudadana es querellante en una causa por los desbordes cloacales en Los Corralitos. En este caso, el expediente analiza las consecuencias sanitarias derivadas de los efluentes cloacales.

En ese sentido, tras años de reclamos y de presentaciones en la Justicia, en los últimos días los vecinos presentaron un estudio bacteriológico privado financiaron ellos mismos para corroborar el estado de potabilidad del agua. El informe, elaborado por la UNCuyo, determinó que varias de las muestras tomadas no estaban aptas para el consumo humano.

Ante esto, los ciudadanos acudieron a la Justicia y presentaron dicho documento, que fue incorporado a la causa que ya tiene varios años en curso.