Comunidades huarpes temen el desalojo tras el proyecto de ley de Cornejo
Referentes de las comunidades huarpes denunciaron intentos de desalojo a pesar de que la ley 6920 que les otorga derechos sobre las tierras sigue vigente.
Las comunidades huarpes llevan a cabo un plan de lucha tras conocer el proyecto de ley presentado por el Gobierno provincial para anular la norma que disponía la expropiación y entrega de tierras a favor de ellos. Justamente el reclamo incluye el cumplimiento de la ley N°6920 que reconoce derechos sobre las tierras a los pobladores que viven en la zona de las lagunas de Guanacache y gran parte del secano lavallino. Por otra parte, advierten que están sufriendo pedidos de desalojo.
Días atrás, los referentes de las comunidades huarpes emitieron un comunicado y firmaron un petitorio que fue entregado en la Legislatura provincial. El foco estaba puesto en la necesidad de dar cumplimiento a lo que expresa la ley N°6920 que se encuentra vigente. "Manifestamos nuestro mayor Repudio y rechazo al proyecto de ley enviado por el Gobernador Cornejo a la Honorable Legislatura de Mendoza para derogar la referida ley 6920. Denunciamos que el Gobierno de la Provincia como la Fiscalía de Estado de Mendoza 'durmieron' el juicio de expropiación iniciado en el año 2010 apañando turbios interés económicos ocultos para no respetarnos y permitir negocios con nuestra tierra ancestral. Han pasado 15 años y todavía no cumplen con las formalidades para poder notificar la demanda a los sujetos expropiados", comienza el escrito realizado
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En la misma línea, los principales referentes de las comunidades huarpes asistieron a la reunión de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza para manifestar su preocupación y estado de alerta frente a intentos de desalojo. "Algunos de nosotros recibimos la visita de personas que manifestaron ser de la justicia y venían con pedidos de desalojo. Lo raro es que no estaban en autos oficiales ni ploteados. Necesitamos de forma urgente que se cumpla la ley vigente y den marcha atrás con el proyecto de ley que avasalla nuestros derechos adquiridos", expresó Ramón Tello, referente de la comunidad huarpe de San Miguel.
En la reunión que mantuvieron con los legisladores, expresaron que no existió una consulta previa, formal y obligatoria que imponen los tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios y la novedad del proyecto de ley que pretende dar marcha atrás con la restitución de tierras llegó de la mano de los medios de comunicación. "Ninguno de nosotros fue notificado, ni siquiera el intendente de Lavalle. En caso que nos afecten con la nueva ley nuestros derechos adquiridos, se realizaran las denuncias en los fueros internacionales y la búsqueda de la declaración de inconstitucionalidad de la misma ante la Justicia", agregaron los referentes.
Los diputados que estuvieron presentes en la reunión de la Comisión de Derechos y Garantías manifestaron que seguirán de cerca los avances del proyecto presentado por el ejecutivo provincial y se reunirán con las comunidades el próximo jueves. "El planteo realizado por las comunidades fue sometido al cuerpo de asesores de la Comisión al igual que el proyecto de Ley que ingresó en el Senado por el Ministro. El jueves visitaremos a los referentes y luego emitiremos un dictamen al respecto", expresó José Luis Ramón, presidente de la Comisión de derechos y garantías de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza.
El detalle de las tierras
Las comunidades huarpes de Lavalle sostienen un reclamo que data de más de una década, en concreto, piden que se cumpla una ley que les otorga derechos sobre las tierras que habitan. Si bien se había logrado un avance, el gobierno busca derogar algunos artículos de la ley Nº 6920 dejando sin efecto las expropiaciones pendientes a los privados. El argumento del ejecutivo apunta a la conflictividad judicial y obstáculos que tuvo la aplicación de la normativa vigente.
La decisión del Gobierno provincial no fue bien recibida por las comunidades huarpes que habitan el secano ya que afecta los derechos que fueron adquiridos hace más de dos décadas, cuando se sancionó la norma original. El malestar se acrecienta ya que no solo peligra la posibilidad de tener finalmente la propiedad de las tierras sino que no hubo una consulta previa ni comunicación por parte del gobierno y la noticia del proyecto de derogación de algunos artículos de la Ley N°6920 llegó de la mano de MDZ.
La ley en cuestión declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación a los inmuebles ubicados dentro de una superficie de más de 700 mil hectáreas, que ocupa aproximadamente el 75 % del territorio del departamento de Lavalle y el 5 % de la superficie total de la provincia. Parte de esos terrenos son fiscales, pero la gran mayoría son inmuebles que están en manos de privados, en algunos casos bancos o sociedades anónimas.
En concreto, según el Gobierno provincial "todos los territorios fiscales, que son más de 100 mil hectáreas, fueron entregados a las comunidades. Lo que no se pudo hacer era entregar los terrenos que pertenecían a los privados. Quedaron sujetos a expropiación, se declararon expropiables pero no se pudieron expropiar por una cuestión económica". Si se tiene en cuenta la superficie afectada inicialmente la derogación parcial de la ley afectaría a 680 mil hectáreas aproximadamente.