Cornejo busca anular la ley que le otorga tierras a las comunidades huarpes de Lavalle
El gobernador Alfredo Cornejo busca derogar parcialmente una norma sancionada hace 20 años que cedía más de 700.000 hectáreas de Lavalle a comunidades huarpes. Se trata del territorio del secano, donde están Lagunas del Rosario, San José y otras zonas de ese departamento.
Las comunidades huarpes de Lavalle vienen reclamando desde hace más de dos décadas por el cumplimiento de una ley que les otorgaba derechos sobre la tierra en la que viven y realizan sus actividades, que tras las mensuras representan más de 700.000 hectáreas, equivalente al 5% del territorio provincial y el 75% del departamento. Frente a la conflictividad judicial y los obstáculos que ha tenido la aplicación de la norma, el Gobierno de Mendoza tomó la drástica decisión de dar marcha atrás con la iniciativa y derogar parcialmente la ley.
El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto que propone la derogación parcial de la Ley Nº 6920 que reconoció la preexistencia étnica y cultural del Pueblo Huarpe Milcallac y garantizó el respeto a su identidad cultural. Se trata de comunidades que viven en la zona de las lagunas de Guanacache, en el secano que comprende el noreste de Mendoza y parte del sureste de San Juan y oeste de San Luis.
Esa norma sancionada en 2001, durante la gobernación del radical Roberto Iglesias, declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación a los inmuebles ubicados dentro de una superficie de alrededor de 780.000 hectáreas, que ocupa aproximadamente el 75 % del territorio del departamento de Lavalle y el 5 % de la superficie total de la provincia. Buena parte de ese polígono determinado en la ley incluida terrenos fiscales, pero la gran mayoría son inmuebles que están en manos de privados, en algunos casos bancos o sociedades anónimas.
La iniciativa generó controversia por la magnitud del territorio afectado y fue judicializada, pero la Suprema Corte de Justicia la declaró constitucional. Tras ese fallo judicial, el Ejecutivo provincial firmó el Decreto N° 633/2010 que adjudicó a comunidades huarpes, en propiedad comunitaria, la totalidad de las tierras fiscales disponibles en el sitio afectado, por una superficie superior a las 100.000 hectáreas.
A través de ese decreto también se declaró la urgencia de expropiación de los terrenos en manos de privados y la Fiscalía de Estado inició el proceso judicial contra los propietarios y personas con derechos en los inmuebles alcanzados por la normativa. Ese proceso todavía se tramita en la Justicia provincial y está en manos del Primer Juzgado Civil, Comercial y Minas.
Sin embargo, a más de 15 años de iniciado ese proceso aún no se ha podido notificar a la totalidad de los demandados, mientras las comunidades huarpes de la zona han ido exigiendo la aplicación de la norma a los sucesivos gobiernos provinciales.
Pero ahora, la gestión de Alfredo Cornejo considera que la expropiación de los privados de la zona se ha vuelto imposible por el impacto económico, los reclamos judiciales que le ha generado al Estado y por los inconvenientes que también ha provocado para algunos particulares de las comunidades huarpes.
En base a estos motivos, el Gobierno provincial decidió dejar firme las adjudicaciones de tierras fiscales que se otorgaron a las comunidades huarpes, pero decidió derogar parcialmente la ley original y dar marcha atrás con la expropiación de inmuebles en manos de privados.
Una drástica decisión
En diálogo con MDZ, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, explicó los fundamentos para tomar la drástica decisión de suspender el avance de la ley y dar marcha atrás con las expropiaciones en territorio lavallino.
“Hace 20 años se sancionó una ley que donaba a la comunidad huarpe más de 700.000 hectáreas de Lavalle, que corresponden al 5% del territorio de la provincia y el 75% del departamento. Entre las 700 mil hectáreas había buena parte de terrenos fiscales y otra parte que son territorios privados. En estos 20 años, todos los territorios fiscales, que son más de 100 mil hectáreas, fueron entregados a las comunidades. Lo que no se pudo hacer era entregar los terrenos que pertenecían a los privados. Quedaron sujetos a expropiación, se declararon expropiables pero no se pudieron expropiar por una cuestión económica”, manifestó.
El funcionario provincial aseguró que hoy no alcanzarían mil millones de dólares para expropiar todos esos terrenos y señaló que se estaría beneficiando a privados que no han sido identificados, además de resaltar que entre los propietarios se encuentra bancos y sociedades anónimas.
Por otro lado, advirtió que la situación de incertidumbre también está perjudicando a muchos habitantes de las comunidades huarpes. Advirtió que algunos de ellos se encuentran en terrenos privados y “no pueden pedir la usucapión, la prescripción adquisitiva porque está sujeto a expropiación ese terreno”. Se trata del proceso a través del cual se puede adquirir la propiedad de un bien inmueble por el mero transcurso del tiempo, cumpliéndose determinados requisitos.
En este sentido, Mema resaltó que la decisión del Gobierno es ratificar la entrega de todas las tierras fiscales que ya fueron otorgadas a comunidades huarpes y “eliminar todos los artículos de la ley que someten a expropiación el resto de las tierras, porque son de privados”.
El ministro advirtió que la indefinición sobre el futuro de las tierras está perjudicando al Estado, ya que algunos privados afectados están iniciando demandas por tener esos terrenos “congelados”. “Algunos titulares están planteando que hace 20 años le sacaron el terreno del tráfico jurídico porque nadie compra un terreno que está para expropiar, entonces se generan demandas contra el Estado”, aclaró y subrayó: “La Ley es de imposible cumplimiento y viene con un perjuicio económico para el Estado”.
Asimismo, el funcionario aclaró que este caso único en el país no tiene semejanza con los conflictos de los últimos años que involucran a supuestas comunidades mapuches en el sur provincial. “Era un reclamo legítimo de las comunidades huarpes. No es la misma situación que los mapuches en el Sur. Estas comunidades son reconocidas y tienen derechos ancestrales. Acá no está en discusión estas comunidades, lo que pasa es que la ley es de imposible cumplimiento y hoy está perjudicando a las comunidades”, manifestó Mema.
No obstante, en el Gobierno reconocen que las comunidades huarpes probablemente rechacen la iniciativa, pero están dispuestos a la participación en los debates de comisiones en la Legislatura.
Fundamentos legales y el aval de Fiscalía de Estado
El proyecto de ley del Gobierno provincial ingresó esta semana al Senado y en sus fundamentos señala cuáles han sido los principales obstáculos que ha encontrado la aplicación de la norma que otorgaba 780.000 hectáreas a comunidades huarpes.
“La imposibilidad material y jurídica de ejecutar la expropiación prevista en la Ley N° 6.920 ha sido advertida por Fiscalía de Estado en varias oportunidades mediante informes dirigidos a diversos organismos provinciales. Esta imposibilidad se fundamenta en la magnitud del litigio, sin precedentes en el país, tanto por la cantidad de sujetos demandados e inmuebles involucrados, como por la extensa superficie del territorio objeto de expropiación (equivalente al 5% de la superficie de la Provincia)”, argumenta el Ejecutivo.
La Fiscalía de Estado consideró conveniente que el Poder Ejecutivo y la Legislatura realicen una revisión de la Ley sugiriendo que se tengan en consideración una serie de variables.
“La imposibilidad material y jurídica de ejecutar la expropiación que dispone la normativa, el impacto económico desproporcionado para el Estado Provincial, el riesgo de litigiosidad creciente derivado de la aplicación parcial e inconsistente de la Ley y, la necesidad de dictar otras normativas que garanticen la seguridad jurídica de todas los sujetos involucrados y que contemplen una solución efectiva y sostenible para el reconocimiento de tierras en favor de las comunidades Huarpes”, fueron los aspectos que planteó el órgano a cargo del fiscal Fernando Simón.
Entre los principales obstáculos que esgrime el Gobierno provincial para la aplicación de la ley se destaca la falta de precisión en la información catastral, derivada de la superposición de títulos; la imposibilidad de individualizar a la totalidad de los demandados, dada la dificultad para identificar a todos los ocupantes y posibles titulares de derechos sobre las tierras; la imposibilidad de determinar con certeza qué inmuebles deben ser excluidos del proceso, como aquellos comprendidos en el Programa de Promoción y Arraigo de Puesteros de tierras no irrigadas (Ley N° 6.086); y el constante cambio de titulares registrales de los predios afectados.