Capress denuncia que la judicialización pone en riesgo al sistema de salud argentino
La entidad reclama una ley nacional y protección judicial para clínicas privadas, que hoy enfrentan juicios millonarios e incertidumbre profesional.
A partir de este informe, Capress exige una ley contra la litigiosidad
La Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (Capress) publicó un grave informe en el que se demuestra el estado en el que se encuentran las guardias e internaciones clínicas, y advierte sobre un posible cierre de las mismas. Desde la entidad piden la sanción de una ley nacional a partir de sentencias judiciales sin correcta argumentación.
Estas clínicas, que cubren al 65 % de la población, enfrentan juicios millonarios en dólares, y crece la preocupación de los médicos ante el aumento en las denuncias por mala praxis, entre otras cuestiones.
Qué dicen desde Capress
En este informe, desde la Cámara de Prestadores se refieren a la crisis que afronta el sistema de salud en el país, tanto público como privado, no solo desde lo administrativo y económico, sino también por la judicialización descontrolada.
Desde esta entidad expresan: “La proliferación de litigios laborales y denuncias por mala praxis, incentivada por interpretaciones judiciales arbitrarias, está generando una crisis de sostenibilidad que amenaza con desmantelar la estructura sanitaria del país”.
Ante esta situación, el pedido es la sanción de una ley específica. “Frente a esta realidad, resulta urgente y prioritario que el Congreso de la Nación sancione una ley específica que ponga límites técnicos y proporcionales al accionar judicial en materia de salud, garantizando al mismo tiempo los derechos de los trabajadores y pacientes, pero sin comprometer la continuidad del sistema”.
La propuesta de una ley específica
Ante esta creciente preocupación, Capress propuso la redacción y aprobación de una ley nacional que aborde este problema, y que además contemple la creación de una Comisión Técnica Nacional de Evaluación de Responsabilidad Profesional Médica.
A partir de esta comisión, proponen dictámenes vinculantes previos a toda acción judicial, la regulación específica del régimen jurídico-laboral del sector salud —que diferencie los vínculos autónomos de los de dependencia—, el establecimiento de límites legales claros a la actualización judicial de indemnizaciones basados en la capacidad económica del prestador, la incorporación de mecanismos procesales eficaces contra el litigio temerario y extorsivo, y la declaración del sistema de salud como sector esencial y estratégico, con protección reforzada ante medidas judiciales que puedan afectar servicios críticos.