Buscan cobrar más por el agua que usan los barrios que avanzaron sobre zonas rurales

Eran zonas rurales, se convirtieron en barrios y tensionaron la gestión de los servicios, sobre todo un recurso clave para Mendoza: el agua. El avance de la urbanización en zonas productivas genera un desequilibrio en el uso del agua y también en lo que se cobra. Se trata de zonas que tienen derecho a riego y donde muchos nuevos propietarios renuncian para usar agua potable para regar jardines. El problema es que la inmensa mayoría no paga por el volumen de agua que usan, que es enorme.

Ahora el Departamento General de Irrigación volverá a intentar regularizar esa situación y cargó en los operadores del servicio de agua la imposición de tarifas diferenciales, hasta que haya medición y pago por volumen en toda la provincia.

El cambio es enorme. Solo en Luján y Maipú, hay 3 mil hectáreas de zona productiva que fueron urbanizadas en la última década. Pero el camino hacia adelante es más complejo. Según estiman desde el Departamento General de Irrigación, esa tendencia se acentuará: creen que en los próximos años el avance de la urbanización en zonas de fincas se multiplicará por cinco. El cálculo lo hacen tomando los planes municipales de ordenamiento territorial. “En los últimos años más de 3 mil hectáreas que eran rurales y parte de la producción en Maipú y Luján se urbanizaron y son barrios. Con los actuales planes de Ordenamiento territorial de esos municipios podría quintuplicarse ese número”, aseguran desde Irrigación. Esas 3 mil hectáreas equivalen a más de la mitad de la superficie de la Ciudad de Mendoza, para tener un marco de comparación.

Irrigación tiene la potestad total en la gestión del agua y por eso también cumple funciones de control y decisión en el sistema de abastecimiento poblacional, es decir sobre los operadores de agua potable. Por eso apuntan a que sean esas empresas las que pongan una tarifa especial para quienes usan grandes volúmenes de agua potable para regar jardines y otras funciones. Entre los cambios que se ejecutaron, se quitó la obligatoriedad de poner medidor para renunciar al derecho de agua en Irrigación.

“Instrúyase a los Operadores del servicio público de agua potable y saneamiento para que en caso de ser notificados por parte de la Superintendencia de la aceptación de una renuncia a un título jurídico para el uso de aguas, deberán proceder al cobro de una tarifa diferenciada vinculada al mayor consumo de agua potable para el riego de jardines y otros usos recreativos urbanos”, determinó el Consejo Administrativo del DGI.

Ahora el DGI debe reglamentar los cambios y los operadores deberán establecer una tarifa diferenciada para aquellos loteos en los que sus propietarios renunciaron al agua de Irrigación para no pagar el canon y, en cambio, usan agua de red. “Se elimina la obligación de poner medidor para poder renunciar, porque esto constituía una traba para esos trámites. Esa exigencia era para evitar que los que regaban con agua de riego empiecen a regar con agua potable, pero fue más una traba que una solución. Por eso propuse al HTA este cambio. Y se les requiere a los operadores para estos casos que tengan tarifas diferenciales para los excesos”, explicaron desde el organismo de control del uso del agua.