Baja de imputabilidad: la juventud que el Estado primero deja atrás y después castiga

La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que rige desde el 5 de septiembre y reduce a 14 años la edad de imputabilidad, abrió una discusión que excede el alcance de las sanciones. Para las organizaciones sociales que trabajan con jóvenes, el debate debe contemplar las condiciones en las que viven los chicos alcanzados por el sistema penal.

Ana Sosino, licenciada en Trabajo Social, especialista en infancias y adolescencia e integrante de Espacio No a la Baja Mendoza, planteó en After Office por la 105.5 FM MDZ Radio que el punto central es analizar a quiénes alcanza efectivamente el sistema penal.

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“Bueno, en principio, como vos decías, se trata de una población ínfima, pero habría que pensar qué implica el sistema penal. Porque lo que se está discutiendo es un nuevo régimen penal juvenil, y esto implica también poder pensar qué conlleva el sistema penal, que no es solamente una legislación, y en ese sentido, primero poder pensarlo como que es selectivo, es lo que venimos sosteniendo desde las ciencias sociales. El sistema penal no persigue a cualquier sector, sino a las poblaciones pobres y en sociedades desiguales, empobrecidas como las nuestras, persigue justamente a las juventudes, toma un protagonismo absoluto y son a las juventudes pobres”.

Para Sosino, por eso, la discusión no debería concentrarse únicamente en los adolescentes que cometen delitos, sino en las condiciones de quienes terminan ingresando al sistema penal.

“Debiéramos pensar no en los adolescentes que cometen delitos, que son una población muy ínfima, sino qué adolescentes, qué juventudes son las alcanzadas por el sistema penal. Y por ahí, está en discusión quién es, de qué se trata, qué está sucediendo”.

La protección social como parte de la discusión

Desde su experiencia en organizaciones sociales, Sosino vinculó la discusión sobre la baja de la edad de punibilidad con un escenario de vulneración de derechos que, según señaló, afecta especialmente a niños, niñas y adolescentes de sectores pobres.

“El sistema penal va a perseguir a las juventudes pobres, principalmente, son infancias que históricamente han visto sus derechos vulnerados. Por un lado, han dejado de ser mirados por el entorno adulto, en términos de afecto, y por otro lado, y principalmente desde el Estado, que los ha vuelto visibles cuando atentan a la propiedad privada, pero que antes, previamente, en esta condición de no atención a estos derechos, han sido invisibilizados. Tenemos que ver estas condiciones socioeconómicas en las que vienen viviendo, en las que vienen compartiendo su vida en comunidad”.

En ese contexto, mencionó distintos problemas que las organizaciones observan en los barrios y comunidades.

“Tiene que ver con las condiciones socioeconómicas que las familias están transitando, y en las comunidades vemos en articulaciones que hacemos de salud, los espacios comunitarios que atendemos a la salud mental, como los CEBJAS, por ejemplo, están todos los años latente la posibilidad del cierre. Como las becas Progresar que este años los chicos no han sido notificados de si la recibirán, el hacinamiento frente a la imposibilidad de las familias de seguir alquilando, la situación de calle que se ha acrecentado. Es un contexto de encrudecimiento de la pobreza y que sobre todo repercute en la infancia y en la adolescencia”.

Para la integrante de Espacio No a la Baja Mendoza, la ausencia de políticas de protección también tiene una relación directa con el avance de las respuestas penales.

“Es un escenario que preocupa y, en clave de lo que se viene discutiendo en la legislatura y que ya se discutió en el Congreso, lo que falta son políticas de protección. Cuando hablamos de un avance en el sistema penal es porque ha retrocedido la protección social, como el caso del niño de Las Heras. Lamentablemente terminó con su vida”.

“Tiene que ver con las condiciones materiales en las que están viviendo. Preocupa la ausencia de políticas que desactiven la violencia intracomunitaria, que de alguna manera va abriendo camino a que los chicos y las chicas se empiecen a referenciar con quienes también los ponen en un lugar de riesgo y ya no es el club, ya no es la murga, ya no es la escuela”.

“Son espacios de contención para niños, niñas, adolescentes, y que se configuran como espacios de organización comunitaria. No solamente atienden lo deportivo, sino que es el espacio de referencia para los niños, frente a una situación de angustia, por ejemplo, en términos de salud mental. Son espacios de referencia donde los chicos van contarle al profe lo que les está sucediendo, donde también se encuentran las familias, donde de forma cooperativa arreglan la plaza, hacen bingos y resuelven las necesidades que tienen que ver con lo barrial”.

Qué ocurre después de la respuesta penal

Sosino también cuestionó qué alternativas existen para los adolescentes una vez que ingresan al sistema penal y planteó que las medidas punitivas pueden profundizar las trayectorias de vulnerabilidad.

“Esto se contradice con lo que se viene debatiendo de lo que queremos como sociedad. Las medidas punitivas y desde el control social en las comunidades sabemos, quienes hemos trabajado en las cárceles, en los lugares con historias de alta vulnerabilidad socioeconómica, que las trayectorias penales se acrecentan. Y decimos siempre, lo que toca el sistema penal lo rompe, porque no se está trabajando en algún proyecto de vida que esté por fuera del delito, de aquellas estrategias”.

“Entonces, como sociedad y como Estado, ¿no? ¿Qué se ofrece a los chicos, a las chicas hoy para poder pensarse desde otro lugar que no tenga que ver justamente con la violencia?”

“Lo cierto es que la política pública debiera alcanzar a todos, a todas las niñas. Últimamente lo que vemos es la presencia de microbasurales en diferentes departamentos de la provincia con chicos y chicas muy pequeños, 11, 10 años, comiendo la comida podrida. Chicos intoxicados de fumar cocaína, niñas de 13 años cursando embarazos forzados, adolescentes con enfermedades de transmisión sexual. No escolarizados. Es un escenario preocupante”.

La trabajadora social también se refirió al papel del Estado frente a las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y remarcó la necesidad de fortalecerlas.

“Estamos muy lejos como Estado de poder llevar adelante este nuevo paradigma. Tenemos una convención de los derechos del niño hermosa, pero pareciera que hay mucha dificultad de parte del Estado en poder garantizarlo”.

Finalmente, cuestionó que el sistema penal pueda cumplir por sí mismo un objetivo de reinserción para adolescentes.

“La verdad que creo que el sistema penal lejos está de poder garantizar o recuperar algo. Que es la reinserción social que la Constitución lo dice. El sistema penal no se ha creado para educar, para rehabilitar, para resocializar, ni siquiera para garantizar mayor seguridad al pueblo”.

“Tiene un sentido de castigo, ¿no es cierto? Entonces, lejos está de poder garantizar algún derecho y restituir aquello que generó que estén en esas condiciones los chicos y las chicas. Mucho más cuando pensamos en la infancia, que es un momento de desarrollo”.

“La niñez ha sido la etapa evolutiva más gobernada en la historia por los gobiernos. Si se la gobierna desde lo penal y desde el castigo, es la reproducción de la violencia en sí misma. Es difícil pensar que esa persona pueda acceder a un trabajo con antecedentes penales, con lo que implica el encierro también”.

“Despoja de toda subjetividad, genera aislamiento”.