AMIA: el atentado más brutal de Argentina, una causa que sigue sin cerrar
La Justicia Argentina hasta el día de hoy no arrestó ni juzgó a nadie por el atentado más terrorífico que azotó al país, el cual derivó en la causa AMIA.
Era el comienzo de las vacaciones de invierno, otra mañana fría en la Ciudad de Buenos Aires, pero de 1994. Ese 18 de julio, una Renault Traffic blanca utilizada como coche bomba se estrelló contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), destruyéndolo y dejando solo escombros.
Fue el peor atentado de la historia Argentina, en el que murieron 85 personas y alrededor de 300 fueron heridas. Sin embargo, aun después de 31 años, continúa sin haber respuestas por parte de la Justicia, que no ha arrestado ni juzgado a nadie por el crimen, por lo que es considerado uno de los casos de impunidad más emblemáticos del país.
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Los comienzos de la causa AMIA
El antecedente de la tragedia que ocurrió esa mañana fría de 1994 fue el atentado a la Embajada de Israel dos años antes, en la cual la investigación del mismo quedó en manos de la Corte Suprema debido a una antigua disposición en la Constitución Nacional que establece que, cuando hay involucrado algún agente diplomático, la Corte Suprema debe intervenir de forma directa, por lo que la causa quedó sus manos.
En cambio, la historia de la causa AMIA comienza con el juez federal Juan José Galeano, del juzgado federal N°9.
Como él mismo admitiría 30 años después en el juicio al que sería sometido por su accionar, el sistema de justicia argentino en ese momento tenía "inexperiencia en el tratamiento del terrorismo", había "falta de investigadores adecuados y confiables" y no existía una "legislación apropiada". A pesar de esto, Galeano afirma que "hizo su trabajo lo mejor que podía".
Paralelamente, ese 18 de julio también intervino el Departamento de Protección de al Orden Constitucional a cargo del comisario inspector Carlos Antonio Castañeda, por parte de la Policía Federal Argentina.
A partir de ese momento, se sucedieron una serie de hechos que entorpecerían la causa, al punto de que recién el año pasado la Justicia argentina probó quién fue el cerebro detrás del ataque, en una investigación sobre el encubrimiento llevado adelante por los primeros funcionarios judiciales y gubernamentales que intervinieron en la causa AMIA.
Año por año: el paso de la causa AMIA por la Justicia argentina
El 25 de julio de 1994, se ubicó el motor de la camioneta Renault Traffic blanca que estalló en la AMIA,y de esa forma el juez Galeano pudo dar con la última persona que la tuvo en su poder, llamado Carlos Telleldín, quien estaba vinculado a la comercialización de autos robados.
Dos días después, Telleldín fue acusado de haber sido el proveedor de la camioneta con la que se cometió el atentado. En ese momento, Telleldín declaró que se la había vendido a alguien a través de un anuncio de un clasificado en el diario con el nombre de Ramón Martínez. Ahí fue el momento en el que se abrió una causa que, hasta el día de hoy, continúa con más dudas que certezas.
A fines de ese mes, el Juez Galeano viajó a Venezuela con el fin de entrevistar a un agente de la CIA que había entregado datos clave que presuntamente incriminarían a funcionarios de la embajada de Irán en la Ciudad de Buenos Aires.
El 1° diciembre de 1995 se produjo el primer allanamiento ordenado por el juez Galeano a Campo de Mayo, en el que a su vez se detuvo a varios militares retirados y en servicio por una presunta vinculación con la tragedia.
Más tarde, en julio de 1996, ocurrió un hecho que dio un giro a la causa: Carlos Telleldín cambió su declaración, en la que afirmó haberle entregado el vehículo a un grupo de policías bonaerenses comandados por el comisario Juan José Ribelli.
En ese momento, el juez Galeano ordenó la detención de cuatro policías.
El video que lo cambió todo
En abril de 1997, se conoció un video comprometedor entre el juez Galeano y Telleldín en el que el magistrado judicial le ofreció 400 mil dólares a cambio de información. No obstante, la fecha del video tenía una particularidad, ya que era de julio de 1996, momentos antes del cambio de declaración del proveedor de la camioneta blanca.
Sin embargo, la investigación siguió, y en noviembre de 1998, Galeano dictó el procesamiento de Carlos Telleldín en el que fue acusado de haber preparado la camioneta para luego entregarla a los expolicías federales.
El inicio de un nuevo milenio, los servicios de inteligencia y el papel de Irán
En septiembre de 2001, se dio comienzo al juicio oral y público por el caso. Allí se confirmó que el pago realizado a Telleldín a cambio de su declaración salió de parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado, la SIDE. Además, Telleldín involucró al ex presidente Carlos Menem en la causa al asegurar que ese "soborno" ocurrió ya que tanto Galeano como Menem buscaban arrojar luz sobre la situación para disminuir la presión pública que pesaba sobre sus hombros.
El 21 de agosto de 2003, el juez Galeano ordenó el arresto del ex embajador iraní en la Argentina, Hade Soleimanpour, por presunto vínculo con el atentado. Sin embargo, el Reino Unido rechazó el pedido de extradición por falta de evidencia.
Pero a fin de ese mismo año, el 3 de diciembre, la Cámara Federal removió al juez Galeano de la causa.
Nuevo juez, misma causa
Su reemplazo fue el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
En septiembre de 2004, la audiencia federal llegó a su fin, pero no con una conclusión esclarecedora de lo que había sucedido.
Allí fue cuando El Tribunal Oral Federal N°3 anuló toda la investigación realizada por el juez Juan José Galeano y absolvió a todos los imputados, entre ellos Carlos Telleldín y varios expolicías. A su vez, se lo acusó a Galeano de haber armado una acusación falsa para dar una respuesta rápida a la sociedad.
Para 2005, el juez Rodolfo Canicoba Corral delegó la instrucción de la causa al fiscal Alberto Nisman, y aunque el mismo pidió duras condenas, el tribunal volvió a absolver a los imputados.
La Corte Suprema interviene en la causa AMIA
En 2006, el caso pasó a estudios de la Corte Suprema. Al mismo tiempo, el juez federal Ariel Lijo procesó a Galeano, a Hugo Anzorreguy (jefe de la ex SIDE) y a Rubén Beraja (ex presidente de la DAIA), entre otros, por encubrimiento y otras irregularidades.
Ese mismo año, Nisman acusó formalmente al gobierno de Irán de haber planificado el atentado y a Hezbollah de ejecutarlo. Interpol ordenó la captura de los imputados iraníes. Además, Canicoba Corral declaró el atentado como un crimen de lesa humanidad, lo que impide que prescriba.
En 2009, la Corte Suprema ordenó reabrir la investigación, lo que anuló la resolución del 2004 que a su vez anulaba la sentencia de los imputados involucrados. A su vez, el juez Lijo procesó al expresidente Carlos Menem y a otros funcionarios por encubrimiento.
El memorándum de entendimiento con Irán
En el año 2013, Argentina e Irán firmaron un controvertido Memorándum de Entendimiento para avanzar en la causa, que incluía la creación de una "comisión de la verdad" y la posibilidad de interrogar a los acusados en Teherán. No obstante, la AMIA y la DAIA lo impugnaron judicialmente al presentar un recurso de amparo.
En 2014, el memorandum quedó sin efecto, pero el Gobierno nacional (entonces presidido por Cristina Kirchner) apeló el fallo.
La denuncia de Nisman y su muerte
A principios de 2015, el fiscal Alberto Nisman denunció a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman por presunto encubrimiento del rol iraní en el atentado. La denuncia se basaba en escuchas que habían realizado agentes de inteligencia argentinos, que afirmaba que el pacto con Irán tenía como objetivo el levantamiento de las notificaciones rojas de Interpol.
Cuatro días después, fue hallado muerto con un disparo en la cabeza, horas antes de exponer en el Congreso. La causa primero se caratuló como suicidio, para luego ser considerada un homicidio a partir de 2018.
La historia más reciente de la causa AMIA
En 2019, se dictaron condenas por el encubrimiento del atentado: Carlos Telleldín fue condenado a tres años y siete meses de prisión, el exjuez Juan José Galeano fue condenado por pagar con fondos del Estado a testigos falsos para desviar la investigación, aunque su pena fue reducida luego a cuatro años. También fueron sentenciados exfiscales y exjefes de inteligencia por encubrir el atentado. Incluso el expresidente Carlos Menem fue acusado de haber desviado la causa para evitar que se investigara una "pista siria" que involucraba a un empresario que rondaba su círculo familiar, pero finalmente fue absuelto.
Pero luego, en 2020, el Tribunal Oral Federal N°3 absolvió definitivamente a Telleldín, quien argumentó haber recibido dinero de la SIDE por orden del juez Galeano, en un intento de cerrar la causa.
En 2023, la Cámara Federal de Casación acusó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de firmar un pacto con los presuntos agresores para garantizar su impunidad, y la institución judicial ordenó juzgarla.
Recién en 2024, en un fallo de la Cámara Federal de Casación, se determinó que Irán lo ordenó y que fue llevado a cabo por la organización terrorista islamista Hezbolá, además de ser considerado como un crimen de lesa humanidad.
2025: juicio en ausencia
El 26 de junio de este año, la Justicia argentina resolvió realizar un juicio en ausencia contra 10 acusados, siete exfuncionarios iraníes y tres ciudadanos libaneses vinculados a Hezbolá, por su presunta responsabilidad en el atentado a la AMIA.
La medida fue habilitada por una ley sancionada en febrero de 2025 que permite juzgar a imputados prófugos en causas por delitos graves. El juez Daniel Rafecas sostuvo que, aunque limitado, el juicio oral y público permitirá reconstruir los hechos, escuchar a testigos y dar espacio a las víctimas, aun faltando la presencia de los acusados.
La decisión generó reacciones divididas en las que, por un lado, la AMIA, la DAIA y querellas de familiares apoyaron la iniciativa, pero organizaciones como APEMIA y Memoria Activa la cuestionaron, temiendo que cierre de forma definitiva una investigación plagada de irregularidades.
La administración de Javier Milei celebró el avance judicial, alineado con su discurso de confrontación con Irán, país al que recientemente definió como “enemigo”.
31 años después, las víctimas y sus familiares siguen reclamando justicia, por un atentado que no solo fue contra la comunidad judía, sino contra toda la Argentina.