Proponen hasta ocho años de prisión para quienes dañen a especies en peligro crítico de extinción
Luego del impacto generado por la muerte de un yaguareté en julio de 2024 en la provincia de Formosa, la Cámara de Diputados recibió una propuesta legislativa que apunta a penalizar con mayor dureza los delitos contra especies protegidas.
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El autor del proyecto es el diputado nacional Damián Arabia, quien propuso una reforma a la Ley N°22.421 de Conservación de la Fauna.
La iniciativa plantea incorporar el artículo 25 bis, que prevé penas de entre cuatro y ocho años de prisión efectiva y hasta diez años de inhabilitación especial para quienes dañen, cacen o comercialicen animales declarados Monumento Natural Nacional. Esto incluiría al yaguareté (Panthera onca), la ballena franca austral, el huemul y la taruca, entre otros.
“La caza de un yaguareté no puede ser considerada una simple infracción ambiental. Es un crimen contra el equilibrio ecológico del país”, argumentó Arabia en los fundamentos del proyecto. El felino asesinado en Formosa era parte de un grupo reducido monitoreado en el corredor biológico del departamento Patiño, y su pérdida representó un golpe irreparable para una población estimada en solo 250 individuos en todo el territorio nacional.
Desde la Administración de Parques Nacionales se expresó un fuerte respaldo a la propuesta. A través de un posteo en su cuenta de X, el titular del organismo, Cristian Larsen, compartió un video donde se muestra el impacto de la pérdida del ejemplar y llamó a avanzar con urgencia en medidas legislativas que estén a la altura del daño causado. En sus palabras, “la sanción penal es necesaria para disuadir y castigar con justicia a quienes agreden el patrimonio natural de todos los argentinos”.
La propuesta fue trabajada en conjunto con expertos del Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET), que monitorean la especie en el norte del país, y también recibió aportes de organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales.
Actualmente, la figura de Monumento Natural Nacional otorga una protección legal máxima, establecida en la Ley N°22.351 de Parques Nacionales, y considera a estas especies como inviolables.
El proyecto ya fue elevado al Congreso para su análisis y se espera que su tratamiento legislativo avance en las próximas sesiones.