Impulsan una ley para evitar murgas en las calles y ruidos molestos
El legislador porteño Yamil Santoro presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para regular los festejos del Carnaval, con el objetivo de evitar cortes de calles y la contaminación sonora que afectan a los vecinos. La propuesta busca trasladar las celebraciones a diferentes espacios, como plazas, parques, clubes de barrio y centros culturales, y prohibir la interrupción del tránsito, salvo que se cuente con una autorización expresa de la Comuna correspondiente.
"Los porteños tienen derecho a celebrar el Carnaval, pero también tienen derecho al descanso y a transitar libremente sin que se les corte la calle. Los fines de semana de febrero y marzo, las murgas interrumpen la circulación de vehículos y generan ruido. Mientras que algunos las disfrutan, la mayoría las padece", manifestó Santoro. Agregó que, durante esos fines de semana, los corsos generan inconvenientes en la movilidad y altos niveles de ruido, lo que afecta a quienes no participan de la celebración.
El proyecto también contempla la derogación de la Ley N°1.527, que creó el Programa Carnaval Porteño, y de la Ley N°1.832, que regula la comercialización y organización del evento. Además, busca eliminar las ordenanzas que declaraban al Carnaval como patrimonio cultural, con el fin de actualizar la normativa vigente y reducir las regulaciones.
Santoro también destacó que la organización del evento genera un alto costo operativo, ya que, según el legislador, este año demandó $1.016.834.461, una cifra que considera injustificada. "El Carnaval Porteño nos cuesta a todos los contribuyentes $1.016.834.461, pero lo disfrutan muy pocos", argumentó.
El objetivo de la iniciativa no es prohibir el Carnaval, sino reorganizarlo para evitar perjuicios a los ciudadanos. "No se trata de prohibir el Carnaval, sino de organizarlo de manera que todos podamos disfrutar de la ciudad sin imposiciones ni restricciones que afecten la vida diaria de los porteños", afirmó.
El proyecto deberá ser tratado en la Legislatura porteña, donde se evaluará su impacto y viabilidad en el marco del actual régimen de festividades de la Ciudad.