Los números de la dictadura militar: entre "la historia completa" y la "memoria"
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas llevaron adelante un golpe de estado que formó parte de una continuidad de violencia que atravesaba la Argentina desde varias décadas atrás. En este período de 1976 a 1983 los números se han vuelto una parte central del debate en torno a esta fecha, ya sea en la cuestión de los desaparecidos como en la crisis del empleo y el desarrollo económico que existió durante esa época.
En primer lugar vale la pena hablar del número de pobreza en la Argentina, que a partir de la dictadura tuvo un crecimiento que quebró una historia argentina que se correspondía más con la idea de "el granero del mundo". Para cuando llegó la tercera gobernación peronista la pobreza se ubicaba por debajo del 5%, pero al terminar la gestión militar la cifra estaba por encima del 20%. ¿Qué pasó en el medio?
De la crisis económica a la supresión de las libertades individuales
La crisis de del petróleo de 1973 llevó a los distintos gobiernos a poner en marcha el desarrollo de un nuevo plan político-económico que consistía en una retracción del Estado a funciones administrativas, dejando de lado los planteos del Estado de Bienestar. Esto iba a contrapunto de las ideas que pregonaba el peronismo, por lo que el país se encontró en una situación sin el suficiente apoyo internacional para salir de la crisis y, en consecuencia, sin un plan para financiar sus políticas socio-económicas.
Así fue que Argentina entró en un proceso inflacionario que no tenía precedentes en el país y, en consecuencia, de un fuerte desabastecimiento. Este contexto sumado a la pérdida de poder del Gobierno con la muerte de Juan Domingo Perón, el recrudecimiento de las prácticas autocráticas, la fuerte devaluación y el ajuste del Rodrigazo, dieron el puntapié inicial a una crisis nacional en todos los aspectos que desembocó en la instauración de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.
La nueva dictadura no contó tampoco con las herramientas para salir de esta crisis, sino que la profundizó con un reemplazo del modelo de sustitución de importaciones por un modelo de libre mercado para las empresas del exterior pero con altos impuestos nacionales, lo que hizo que la industria nacional cayera y aumentaran a mayor velocidad las cifras de desempleo y pobreza, estancando la movilidad social ascendente que ya existía en el país desde mucho antes del primer peronismo.
Los argentinos, desde siempre, hemos tenido un fuerte interés por lo que ocurría en nuestro bolsillo, por lo que la situación crítica de la economía era motivo suficiente para protestar, por lo que los gobiernos de entonces se ocuparon de diseñar un gigantesco aparato de represión estatal sobre los civiles. Cabe señalar también la presencia de movimientos guerrilleros que planteaban soluciones a la crisis económica, aunque con métodos sumamente cuestionables y punibles, tanto en democracia como en dictadura.
Este aparato de represión tuvo su "primer tiempo" con el peronismo a partir de la instauración de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) como una fuerza paramilitar de persecución y opresión de los disidentes. Se estima que esta agrupación liderada por José López Rega, Ministro de Bienestar Social durante los gobiernos de Héctor Cámpora, Perón y María Estela "Isabel" Martínez de Perón; fue responsable del homicidio de en torno a unas 1.000 personas, como así también fue autor de unos 3.000 atentados.
Luego de ese horror, la dictadura llegó para ponerle fin a los atentados de la Triple A, reemplazando su rol con las Fuerzas Armadas, a partir de la instauración de un nuevo plan de opresión institucionalizado. Durante 1976 y 1983 funcionaron 380 centros clandestinos de detención en todo el país, donde se torturó y asesinó a disidentes, dejando un saldo de 8.961 desaparecidos, según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
El valor político de los 30.000 desaparecidos
Según el Nunca Más, informe final de la Conadep, durante la dictadura desaparecieron 8.961 personas por la acción del régimen entre 1976 y 1983. Este número fue discutido desde las agrupaciones de familiares de desaparecidos y desde Montoneros, aduciendo ellos que fueron 30.000, cifra que se le había informado a la las asociaciones de derechos humanos a nivel mundial.
El informe de la Conadep ponía en duda esa cifra, a la cual se llegó tras un largo y exhaustivo proceso de investigación, por lo que desde el Partido Justicialista, que se negó a formar parte de la comisión y prometía no llevar a juicio a ningún dictador, se comenzó a instalar que el documento no estaba conformado por la información suficiente y que el número era 30.000; verdad que quedó instalada por mucho tiempo.
Con el correr de los años, la cifra comenzó a ser cuestionada y desde los defensores a ultranza de los 30.000 se empezó a hablar del "valor político" de ese número, el cual se explica que la imprecisión se funda en el horror de la dictadura. Según esta idea, son tantos los que masacró la dictadura que es imposible determinar cuántos fueron los desaparecidos con precisión, algo que tampoco parece disparatado, más aún cuando se siguen encontrando fosas con cadáveres en distintos lugares del país.
El daño político de los 30.000 desaparecidos
Los 30.000 a pesar de intentar ser un número que podía lograr cierta unión, generó una fuerte discordia entre los argentinos, generando también un daño a imágenes políticas que deberían haber sido el símbolo de una lucha. Ejemplo de ello pueden ser el grupo de Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto y Nora Cortiñas, que defendieron siempre el número de los 30.000, y Graciela Fernández Meijide, integrante de la Conadep, madre también de un desaparecido que negó rotundamente ese número.
A partir de esa discusión por el número de desaparecidos y la situación de los detenidos por crímenes de lesa humanidad, comenzaron comentarios cruzados entre ambos "bandos". Ejemplo de ello fue el mezquino comentario de la difunta Hebe de Bonafini en 2018 sobre Fernández Meijide cuando esta dijo que el represor Alfredo Astiz debería tener acceso a la prisión domiciliaria: "No le importó su hijo como a una madre, ella quiso encumbrarse en la política, tener un ministerio, eso le importó, escaló a partir del hijo, pero no porque le importe".
En 2016, Fernández Meijide había dialogado con la prensa española y declarado: "La cifra de 30.000 desaparecidos en Argentina fue un invento de los exiliados en España". Similar fue lo que dijera el exmontonero Luis Labraña, que asegura haber sido el inventor de la cifra durante su exilio y reunido con quienes llevarían adelante la petición ante la Justicia internacional para que los dictadores fueran condenado por crímenes de lesa humanidad.
Por este contexto, es difícil determinar un número exacto, ya que se basa en la discusión de intereses personales y lejanos a la verdad, porque el ego terminó comiéndose la causa. Es así donde crecen generaciones que no vivieron aquel tiempo de horror con una fuerte desinformación basada en que lo importante es tener razón, la aprobación general y no el valor intransigente de la verdad.