Baja edad de imputabilidad: ¿una medida para la tribuna?
La muerte de Kim reactivó la discusión sobre la baja de edad de imputabilidad en Argentina pero también puso en evidencia a una sociedad que se encuentra dividida y pone en foco un problema que no se resuelve con una medida para la tribuna. La grieta no es partidaria, esta vez los argentinos nos diferenciamos por la concepción que tenemos de la misma ciudadanía. Ser parte de un todo pero a la vez sin tener conciencia plena de que la construcción de ese sistema es responsabilidad de cada uno.
Dos adolescentes de 14 y 17 años respectivamente se encuentran acusados de un crimen atroz, los detalles de la muerte de la pequeña de 7 años fueron reproducidos una y otra vez por todos los medios posibles generando indignación e incertidumbre en una sociedad que está rota. ¿Qué hacemos con los adolescentes que delinquen?, ¿quiénes son los responsables de ese "error" en el sistema?, ¿hay una solución?, y así...decenas de interrogantes que no tienen una única respuesta o solución. Más allá del horror que provoca el caso, estadísticamente el porcentaje de delitos cometidos por este grupo etario, es insignificante, por lo que bajar la edad de imputabilidad no mejoraría el problema de inseguridad.
Estas tragedias son aprovechadas por el poder político para los carpetazos y pases de factura pero también para acelerar medidas que requieren de estudios complejos, no se puede tomar a la ligera la baja de edad de imputabilidad. Tal es así que, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se adelantó pidiendo ante las cámaras de televisión que se acelere el proyecto impulsado por ella misma y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, con un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal. Una especie de "solución mágica" a un problema estructural que tiene muchas aristas y matices.
La reforma que pretende el Gobierno Nacional en parte se contradice con el objetivo del mismo Javier Milei en su afán por achicar el aparato estatal. "Meter presos" a los adolescentes que delinquen es la meta, encerrarlos, excluirlos del sistema del cual todos somos parte obviando el rol del Estado. Ser ciudadano es precisamente eso, ser miembro de una comunidad política que implica derechos y deberes. Todos ejes de un mismo sistema que presenta fallas y no contiene.
El consumo problemático de sustancias es uno de los principales problemas que tienen los niños y adolescentes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. "Casi el 50% de los chicos detenidos consumían crack y fentalino", asegura un operador de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza y agrega: "La solución no es encerrar a los consumidores sino prevenir para que no entren en el círculo de las adicciones".
Argumentos que se diluyen
El Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes basado en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, con rango constitucional desde 1994, y la ley 26.061 del año 2005 exige que el Estado desarrolle políticas públicas que aseguren el máximo goce de los derechos que les competen por su particular situación de ser personas en desarrollo. En la misma línea, el Estado está obligado a adoptar medidas de protección integral y excepcionales cuando la situación de vulnerabilidad de los niños y adolescentes lo requiera.
El porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes en Argentina es ínfimo y menos aún en el caso de aquellos que están en el rango etario que va desde los 13 a los 15 años. A eso hay que sumar las condiciones de fragilidad que presentan los niños y adolescentes detenidos ya que según un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 54% proviene de hogares con altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica.
El último informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires indica que en 2022 solo 1 caso de homicidio fue cometido por un adolescente menor de 16 años. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, según el Informe del Ministerio Público Fiscal del mismo año (2022), las Investigaciones Penales Preparatorias del sistema penal juvenil (es decir sobre los delitos cometidos por adolescentes de 16 y 17 años, hoy ya punibles) constituyeron un poco más del 2% del total.
Qué sucede en otros países
En la Argentina, se estableció que el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir a la cárcel, es a los 16 años, pero el Ministerio de Seguridad envió un proyecto de ley al Congreso para bajar ese límite a 13 años. En el caso de Uruguay, la edad para ser juzgados es a los 18 años pero cuenta con un sistema de infracciones para adolescentes de entre 13 y 17 años que cometen delitos. En Brasil sucede lo mismo pero las medidas socieducativas comienzan a los 12 años. Chile también es otro ejemplo de eso pero incorpora un sistema de justicia penal especial para mayores de 14 años. Unicef expresó su preocupación por la reducción de la edad de imputabilidad en algunos países, ya que puede vulnerar los derechos de los adolescentes y advirtió que juzgarlos como adultos puede obstaculizar la reinserción social de los mismos.