Kim Gómez y el debate por la edad de imputabilidad: ¿cárcel o políticas de inclusión?

El trágico caso de Kim Gómez, una niña de siete años que murió durante un robo en La Plata, reavivó el debate sobre l a baja de la edad de imputabilidad y las políticas de seguridad en Argentina. Los autores de los hechos ocurrieron son dos menores de 14 y 17. Este suceso, sumado a otros casos recientes de violencia, ha generado un fuerte impacto social y político. 

Mary Salazar, licenciada en Trabajo Social, magíster en Criminología y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, con experiencia en intervención en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), EXCOSE, analizó el tema en MDZ Radio 105.5 FM. Sostuvo que "no hay una solución con una baja de edad", sino que el problema requiere "revisar una serie de políticas que hemos tenido a lo largo de estos años, que se han quedado con una frazada corta para cubrir todas las necesidades y demandas de la población, especialmente las infancias". Para la especialista, reducir la edad de imputabilidad implicaría "un retroceso" en los derechos consolidados y una evasión de la responsabilidad estatal.  

"Esto amerita reflexionar sobre qué está pasando con las políticas públicas y los grupos atravesados no solo por la pobreza, sino por una pobreza persistente, diría Adriana Clemente, que genera violencias como el ingreso del narcotráfico, no solo en el consumo problemático, sino también en la venta y circulación", explicó. Además, destacó la exclusión de muchos niños y adolescentes del sistema educativo: "La escuela ha perdido ese rol tan importante de hacer pensar, de colaborar y acompañar procesos de decisión que impacten en los jóvenes para tomar decisiones de cuidado".  

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Respecto a la idea de tratar a los menores como delincuentes adultos, Salazar advirtió que "una respuesta como la baja no es la solución" en contextos donde los niños y adolescentes enfrentan traumas no resueltos y carencias en su socialización. "¿Qué hacemos con estos niños que han estado frente a traumas que no han podido ser resueltos, con vidas cotidianas ligadas a situaciones que no les han enseñado normas básicas?", cuestionó.  

Finalmente, Salazar subrayó la importancia de un trabajo articulado entre instituciones públicas y no públicas, con recursos suficientes para abordar la problemática de manera integral. "Se requiere de una fuerte inversión, pero no generaría el gasto que implica después una cárcel", concluyó, llamando a construir una conciencia social que permita abordar las causas profundas de la violencia y la exclusión.  

Otra visión: 'quien comete un delito debe ir preso'

Por su parte, Alex Campbell, senador de la provincia de Buenos Aires por el PRO, expresó una postura diametralmente opuesta. "Vuelve a ponerse en la mesa esta discusión y también la reiterancia. El día de luto que tenemos, no solamente por el caso de Kim, porque también tuvimos otra muerte en el conurbano por un robo de auto de una mujer de 50 años, y esto está sucediendo absolutamente todos los días", afirmó.  

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Campbell responsabilizó al gobierno de Axel Kicillof por la situación: "Esto sucede porque tenemos un gobierno en la provincia de Buenos Aires que no tiene decisión política de querer luchar contra la seguridad. Si realmente el gobernador o el ministro no se pueden ocupar de la seguridad, que es el tema que más preocupa a los bonaerenses, deberían renunciar".  

El senador defendió la baja de la edad de imputabilidad con firmeza: "Si alguien mata a una persona tiene que ir presa, tenga 11, 12, 13, 14 años. No puede estar en la calle. Ninguna persona que haya cometido un delito puede estar merodeando en la calle". Además, criticó la actuación de la fiscal que liberó al joven de 17 años implicado en el caso de Kim: "A la fiscal que liberó a este chico, Kicillof la quería ascender a jueza. Esa es la mirada del kirchnerismo", en referencia a Sabrina Caldera.  

Campbell también destacó la reciente aprobación de la ley de reiterancia a nivel nacional, que busca combatir la impunidad, y anunció que presentó un proyecto similar en la provincia de Buenos Aires. "Esperemos que se tome en cuenta el asunto, y si no están a la altura de poder gobernar, que den un paso al costado", concluyó.  

Ambas posturas reflejan un debate complejo y polarizado, donde la seguridad y los derechos de los menores se enfrentan en un contexto de creciente violencia y demandas sociales urgentes. El caso de Kim Gómez, así como otros hechos recientes, han dejado en evidencia la necesidad de abordar estas problemáticas desde múltiples enfoques, sin perder de vista las causas estructurales que las originan.