Habilitaciones irregulares y falta de auditorías: el trasfondo del caso Saludarte y la muerte de Agustín Ramos
El informe elaborado desde la Defensoría de las Personas con Discapacidad, que en los próximos días será enviado como compulsa a la Justicia, da cuenta de las irregularidades en las que se encontraba el centro de día Saludarte, donde se ahogó Agustín Ramos Scafetti, el joven de 22 años años con discapacidad que murió el 13 de enero tras diez días de internación. Si bien la investigación de este organismo estaba centrada en el conflicto que mantenía la obra social OSPAV con el centro de día, ya que esta no pagaba lo correspondiente, a partir de ello surgieron datos relevantes para la causa judicial.
El centro de día Saludarte no solamente tenía la habilitación municipal que se hace con todo local comercial o de servicios que pretenda funcionar en cada departamento, sino que tenía la habilitación y categorización del Ministerio de Salud Nacional. Sin embargo, estas habilitaciones estaban hechas para el edificio registrado por el centro de día, en la calle Terrada N° 1668 de Perdriel, Luján de Cuyo.
Cuando un centro de día realiza un cambio de domicilio, como lo hizo Saludarte de la calle Terrada al callejón de servidumbre Taguada, debe pedir nuevamente la habilitación y esperar que la misma esté aprobada para poder funcionar. Lo único con lo que contaba este centro de día era con la aprobación de factibilidad de futuro funcionamiento de la Subdirección de Fiscalización y Habilitaciones dependiente del Ministerio de Salud, desde el mes de agosto.
El 8 de enero, tras la tragedia del ahogamiento de Agustín Ramos, Fiscalización y Habilitaciones realizó una inspección en donde el centro de día figuraba como habilitado en la calle Terrada y constató que el lugar estaba abandonado. Allí se dirigió al callejón de servidumbre Taguada y pudo verificar que Saludarte funcionaba en esa dirección sin la habilitación correspondiente y que, además, el edificio se encontraba en obras.
El problema de las habilitaciones y auditorías
La falta de auditorías es un problema estructural en la supervisión de los centros de día y geriátricos. Daniela Nadal Abihaggle, Magister en Salud Mental y ex Jefa de Auditoría General de Discapacidad de OSEP, explicó a MDZ que las obras sociales que financian estos espacios son responsables de verificar que cuenten con las autorizaciones correspondientes tanto a nivel municipal como del Ministerio de Salud. En el caso de Saludarte, la falta de control permitió que el establecimiento siguiera funcionando en un edificio sin habilitación, poniendo en riesgo la vida de los concurrentes.
"En este caso, por un lado, hay una responsabilidad de la institución en el sentido de los cuidadores que han estado o no atentos a los chicos en la piscina. Cuando uno pone una piscina y pone una actividad en el agua primero tiene que asegurarse que los que no saben nadar tengan los dispositivos de seguridad. Por el otro, la obra social que le paga a esa institución y que autorizó que este chico fuera a esa institución es la que debe verificar todas estas certificaciones, tanto municipales como del Ministerio de Salud", señaló Nadal Abihaggle.
Otro aspecto preocupante es la desprotección en la que quedan las familias, que confían en que si la obra social financia el servicio, este cumple con todos los requisitos legales. "No está al alcance de los padres saber qué pasa con las habilitaciones, porque confían en que si la institución está funcionando y la obra social la acepta, es porque está autorizada", explicó la especialista.
El caso de Agustín Ramos pone en evidencia una problemática más amplia: la ausencia de controles efectivos sobre instituciones que deberían garantizar la seguridad de las personas con discapacidad. La especialista advierte que esta situación también se repite en los geriátricos, donde la mayoría de los establecimientos en Mendoza no están autorizados. La normativa vigente, basada en convenciones internacionales de derechos humanos, obliga a garantizar condiciones seguras para las personas con discapacidad y adultos mayores. Sin embargo, en la práctica, las regulaciones no se cumplen y las auditorías son insuficientes.