Mendoza está entre las provincias más transparentes del país
Un relevamiento nacional de Ruido y Poder Ciudadano posicionó a Mendoza entre las provincias más transparentes del país. La tierra del buen sol y del buen vino obtuvo más de 70 puntos -junto a CABA- en una escala de 100 en la que se analizaron 58 variables que miden el nivel de accesibilidad de la ciudadanía a los principales datos oficiales de los estados subnacionales en Argentina.
El Índice Nacional de Transparencia mide la ética pública, el acceso a cierta información como declaraciones juradas, compras del Estado, cómo se distribuye la pauta publicitaria oficial o las rendiciones de cuentas de los funcionarios.
El índice también mide si en las jurisdicciones existe el Boletín Oficial en versión digital, un portal de transparencia, leyes que lo regulen, pedido de acceso a la información y portales donde se publiquen los presupuestos provinciales.
Mendoza dio verde en 44 de los 58 indicadores. Mendoza, tiene acceso al Boletín Oficial web, tiene buscadores avanzados y es gratuito. Además, la provincia tiene un portal de Compras, otro de Transparencia y una ley de Ética Pública.
La provincia gobernada por Alfredo Cornejo también tiene procedimientos y legislación para que los ciudadanos realicen pedidos de acceso a la información y a las declaraciones juradas de los mandatarios provinciales, ministros y funcionarios.
Los puntos más opacos tienen que ver con el acceso a la información de la planta de empleados públicos. No existe un lugar en el que figure la nómina de empleados donde se discrimine el nombre, el cargo y el salario. En general, se puede acceder a la cantidad de trabajadores por repartición, en algunos casos la lista de nombres y por otro las categorías asignadas. El argumento para no dar especificaciones es que se revelan datos que corresponden a la privacidad de los empleados.
Con respecto a la relación con la prensa, lo menos transparente está vinculado a la pauta oficial porque no hay datos accesibles y actualizados sobre la publicidad oficial distribuida por el Ejecutivo. Mendoza no tiene un registro de viajes, reuniones y regalos que recibe el Gobernador, una herramienta clave a la hora de chequear datos o encuentros fundamentales para ejercer el control ciudadano de la gestión de autoridades.
Las provincias más opacas
El 92% de las provincias está lejos de permitir acceso a información pública básica porque quedaron en la categoría de “transparencia insuficiente” o “moderada”. La mayoría coincide en ocultar presupuestos, poca transparencia sobre la actividad de los gobernadores, inexistencia de nóminas de personal o falta de declaraciones juradas.
Las cuatro provincias con peor puntaje, en la categoría “Insuficiente” (de 0 a 39,9%) son: Formosa (12,8%), Santiago (20,8%), Salta (37,9%) y San Juan (38,6%).
Con transparencia “Moderada” (de 40% a 69,9%) aparece el lote mayoritario, aunque con diferencias. Por ejemplo, con un preocupante índice menor a 60% figuran Tucumán (40,3%), Misiones (41,6%), Corrientes (42,4%), La Rioja (46,9%), San Luis (47,4%), Catamarca (48%), Jujuy (50,4%), Chaco (58,3%), Neuquén (59,3%) y Santa Fe (59,8%).
Con más de 60% de transparencia siguen Santa Cruz (60,3%), Chubut (61,7%), Córdoba (62,4%), Tierra del Fuego (63%), Entre Ríos (63,2%), La Pampa (63,8%), Buenos Aires (63,9%) y Río Negro (68,2%).
Los dos distritos en la categoría de “alta transparencia” (con puntaje mayor al 70%) son: Mendoza (77,2%) y Ciudad de Buenos Aires (CABA), con 85%, al tope de este ranking.
La Nación, por encima
La Administración Pública nacional posee en el Índice Nacional de Transparencia el segundo puntaje más elevado del relevamiento (83,9%). Esto se debe a un proceso de años -décadas- de trabajo constante, de adhesión a normas internacionales y de monitoreo permanente de organizaciones civiles que pugnan por mejorar la transparencia administrativa en el país.
De allí la preocupación ciudadana, de distintos organismos civiles y de entidades periodísticas por las consecuencias que pudiera tener el reciente decreto presidencial 780/24, que modifica la reglamentación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. Dichos cambios amplían el secreto y elevan la discrecionalidad de las autoridades nacionales para definir lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades.
Más allá de que el reclamo de distintas organizaciones pudiera lograr que el Gobierno dé marcha atrás con relación a ese decreto, será clave el próximo monitoreo del INTRA (2025) para comprobar la evolución de este posicionamiento de Nación, así como la de los niveles subnacionales.