Preocupación tras el asesinato de Susana Montoya y la amenaza "los vamos a matar a todos"

Tras el asesinato de Susana Montoya, madre de Fernando Albareda, militante por los Derechos Humanos en H.I.J.O.S Córdoba, crece la preocupación por las amenazas dejadas por la o las personas que cometieron el crimen. "Los vamos a matar a todos" fue el mensaje mafioso y la amenaza firmada por "#Policía" que dejaron en una de las paredes de la casa de Susana, ubicada en el barrio Ampliación Poeta Lugones de la capital cordobesa, quienes la mataron. La preocupación entre los Organismos de Derechos Humanos crece y aseguran que existe una vinculación entre el hecho y el discurso negacionista promovido por sectores del oficialismo.

Fernando Albareda es hijo de Ricardo Fermín Albareda, subcomisario de la Policía de Córdoba y militante del PRT-ERP, secuestrado y desaparecido por el D2 en Córdoba en 1979. El caso de Fermin, secuestrado por una patota policial y llevado a la dirección de Hidráulica en cercanías del Dique San Roque donde fue brutalmente torturado y murió desangrado está documentado en el libro La Sombra Azul de Mariano Saravia. Luciano Benjamín Menéndez, Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos fueron condenados a cadena perpetua por la "Causa Albareda", reconocida por la propia fuerza como "un crimen de lesa humanidad". 

Fernando fue quien encontró a su madre sin vida, luego de intentar contactarla por teléfono. Tras llamar al 911, los agentes de la policía ingresaron al domicilio y encontraron a la mujer boca abajo, con un arma blanca incrustada en el cuello y sin signos vitales. En las paredes del dormitorio hallaron un mensaje mafioso con la amenaza "los vamos a matar a todos, ahora vamos por tus hijos". 

El asesinato de Susana y el mensaje, se suman a las constantes amenazas recibidas y denunciadas por Fernando. En diciembre pasado ocurrió una de las más fuertes cuando encontró seis balas calibre 22 en la puerta de su hogar. Desde la Fiscalía dirigida por Juan Pablo Klinger a cargo del caso de la mujer asesinada, no descartan ninguna hipótesis aunque podrían unificarse las causas. Por el momento, no hay detenidos e imputados y se espera el resultado de la autopsia que podría dar indicios sobre cómo ocurrió el hecho. 

La sospecha de los Organismos de Derechos Humanos

"No hay muchas novedades de las que ya se saben, es un hecho muy reciente. Hoy es el velorio de la mamá de Fernando y después se seguirá viendo", señaló Emilio Pihen, integrante de H.I.J.O.S Córdoba a MDZ. Las medidas que están llevando adelante implican la visibilización de la situación, ya que "viene de larga data con amenazas a Fernando por lo menos desde diciembre del año pasado a esta parte. No solamente la amenaza a Fernando sino la agresión a Sabrina, compañera de H.I.J.O.S CABA en marzo de este año". 

En ambos casos, el militante por los Derechos Humanos de Córdoba destacó que no hay detenidos. "La impunidad sólo genera más impunidad", señaló. Puntualmente por el hecho ocurrido en la provincia cordobesa la sospecha está puesta sobre "grupos ligados a la Policía de la Provincia de Córdoba, a los grupos más históricos, las mafias más anquilosadas y más rancias de la Policía de Córdoba", explicó.

Desde H.I.J.O.S Córdoba, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo, Ex presos políticos por la Patria Grande, Asociación Civil Ex Presos Políticos de Córdoba y la Mesa provincial de Trabajo por los Derechos Humanos exigen a la Justicia y al Poder Ejecutivo cordobés "la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, como así también las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciadas con anterioridad", además de la seguridad y protección efectiva a Fernando Albareda y a toda su familia.

"Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción" advierten. Mientras tanto, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, desde Mendoza y al margen del caso, declaró que los condenados por delitos de Lesa Humanidad, "está bien que reciban el beneficio de la prisión domiciliaria".