Colectivos en crisis: qué solución hay para un conflicto entre tantos actores
La crisis con los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según esgrimen desde las cámaras empresarias del tranporte, no es ninguna novedad, sino que viene desde hace más de dos años, luego de la pandemia. Al dispararse la inflación y los premios de los insumos, la estructura de costos por la que se administran los subsidios quedó desactualizada y desde ese momento se generó un permanente atraso en el valor del boleto de colectivo.
Este conflicto tiene cuatro actores bien marcados, las cámaras empresarias, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la empresa DOTA y el Estado nacional. Todos ellos, entre sí, se reclaman y tejen acuerdos con otros actores, pero ahora la situación, según indicaron desde las cámaras empresarias, está a punto de explotar, y requiere de medidas urgentes.
Por su parte, DOTA es la que menos conflictos presenta, con una estructura de costos que es menor al del resto de las empresas, ya que cuenta con una carrocera propia. Con esto a favor, la compañía fue adquiriendo distintas empresas que no resultaban sostenibles en medio de la crisis económica y la tendencia alcista del mercado de cambios. Esta mecánica, catalogada como "depredación" por parte de las cámaras empresarias, es acusada de un intento de monopolización del sistema de colectivos.
Mientras tanto, en medio de las críticas a DOTA, las cámaras empresarias y la UTA parecen alinearse en el reclamo por los subsidios, que cubren una gran parte del financiamiento del servicio, ya sea por la cuestión salarial o por el funcionamiento del servicio. Mientras tanto, el Estado nacional renunció a mantener bajo su órbita a las líneas de colectivo que circulan solo en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se anunciaron distintas medidas desde el sector para disminuir la frecuencia con el objetivo de tener una mejor administración de los fondos con los que cuentan, como así también responder al Gobierno nacional por su medida.
El conflicto no es nuevo, sino que comenzó con la pandemia, donde las empresas de colectivos debieron mantener la frecuencia a pesar de las restricciones que estaban vigentes, con una enorme caída en la cantidad de pasajeros pero no en los costos y sin la posibilidad de efectivizar ningún aumento en el boleto. Sin una estructura de costos actualizada en medio de la inflación, sin subsidios acorde al costo de funcionamiento de las unidades y sin la posibilidad de aumentar el boleto, la "burbuja" explotó y el servicio se vuelve infinanciable.
Desde algunos actores del sector, se remarcó que existe una solución posible al problema del transporte en el AMBA y es la creación de una entidad que administre este espacio. La propuesta que trascendió desde hace varios meses es la de una agencia para financiar el subsidio que dependa del Gobierno porteño y del bonaerense, aunque esto requiere de un acuerdo político difícil de imaginar entre Jorge Macri y Axel Kicillof.
Mientras tanto, lo que plantean desde las cámaras empresarias es que se libere el precio del boleto, con la retracción total de los subsidios a las empresas, pero dirigiendo esos subsidios hacia los usuarios que lo necesitan, algo que se conoce como "subsidio a la demanda". El temor del Gobierno con esta medida es lo que pueda ocurrir con la opinión pública, ya que tendría un fuerte impacto en el poder adquisitivo, por lo que se mantiene descartada y sigue sin darse una solución real y definitiva al conflicto.