Memoria, verdad y justicia: una premisa que debe alcanzar a todos

El Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo  es una jornada establecida por la resolución N°72/165 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017 “a fin de honrar y apoyar a las víctimas y los supervivientes del terrorismo y promover y proteger el goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. En efecto, las víctimas del terrorismo se ven afectadas por consecuencias que impiden disfrutar plenamente de sus derechos. Cabe destacar que dicha resolución manifiesta el “compromiso inquebrantable de intensificar la cooperación internacional para prevenir y combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y reafirmando que todos los actos de terrorismo son criminales e injustificables, cualquiera que sea su motivación y dondequiera, cuandoquiera y por quienquiera que sean cometidos”.

Esto último resulta de importancia puesto que el terrorismo es una forma de violencia utilizada por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos e incluye atentados, asesinatos, secuestros, amenazas y coacciones de manera sistemática. Entre los autores de estos actos es posible contar a organizaciones políticas, grupos nacionalistas, religiosos y de otra índole. Estos actos están destinados a producir terror en la población enemiga y, según la bibliografía especializada, se califican sin duda como “terroristas”.

En nuestro país, hemos padecido actos terroristas a lo largo de la historia actos perpetrados por organizaciones políticas, grupos paraestatales, como así también por el Estado argentino, organizaciones y acaso Estados extranjeros, muchos de los cuales han quedado impunes. Solo por mencionar algunos de estos hechos de nuestra historia reciente, cabe recordar el asesinato de la niña de tres años Guillermina Cabrera Rojo en 1960, o la voladura de un edificio completo en 1964 por el “Vasco” Bengoechea, con gran cantidad de muertos y heridos. Cabe destacar que estos y otros muchos otros hechos fueron cometidos durante gobiernos democráticos, inclusive bajo el amparo del propio Estado, como en el caso de los crímenes perpetrados por la organización paraestatal peronista Triple A durante el tercer gobierno de Perón y de María Estela Martínez de Perón (1973-1976). Asimismo, los grupos guerrilleros terroristas atacaron incluso a dirigentes políticos, como en los casos de los asesinatos del General Aramburu, Silvio Frondizi y José Ignacio Rucci. En agosto de 1974 el grupo ERP secuestró, mantuvo cautivo durante más de trescientos días y dio muerte al coronel Argentino del Valle Larrabure.

Así como ocurrió durante el Gobierno democrático de Juan Domingo Perón y su esposa, durante la dictadura que lo derrocó también se realizaron atentados imperdonables contra la sociedad, como los asesinatos y la desaparición de personas. Estos resonaron gracias a la condición de inconstitucionalidad de dicho Gobierno, por lo cual hubo una fuerte condena desde la comunidad internacional como de algunos sectores de la política tras el retorno de la democracia, tema que otros partidos, como el Justicialista, tomaron como bandera muchos años después.

En este contexto, se produjo el ataque al Comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal en Moreno 1417 de Capital Federal en julio de 1976, en el que una bomba vietnamita —que por su estilo y potencia es especial por el tipo de carga que lleva, ya que no solo mata sino que mutila y produce heridas— provocó la muerte de veintitrés personas y ciento diez heridos que se encontraban en la Superintendencia de Seguridad Federal. Este ataque en el que murieron una civil y veintidós policías —todos de baja graduación—, constituyó un atentado que, sumado a otros miles contra policías de diversos grados y geografías del país, representan el caso típico de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, que contempla el Tratado de Roma en su artículo 7, pues los policías no eran ni son militares, ni tienen estado militar. Montoneros se adjudicó este atentado y se trató de uno de los atentados más sangrientos no sólo de los ‘70, sino de la Argentina hasta la AMIA en 1994.

En relación con la fecha del atentado anteriormente reseñado, presenté asimismo en esta Legislatura un proyecto para declarar el 2 de julio de cada año el Día de las Víctimas del Terrorismo Guerrillero en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El terrorismo de Estado se extendió durante los primeros años del denominado Proceso de Reorganización Nacional, provocando miles de desapariciones forzadas y muertes.

Por otra parte, el ataque terrorista a la Embajada de Israel tuvo lugar en marzo de 1992, y causó veintidós muertos y doscientos cuarenta y dos heridos. El atentado a la sede de la AMIA ocurrió en julio de 1994 también en esta Ciudad, y en el que murieron ochenta y cinco personas. Este año la Cámara Federal de Casación confirmó que el ataque fue perpetrado por la organización armada islamista Hezbolá, y declaró al atentado como crimen de lesa humanidad.

La consigna “Memoria, verdad y justicia” impulsada por organizaciones de la sociedad civil y por sucesivos gobiernos —así como lo que le corresponde por su parte al Poder Judicial y al Poder Legislativo—, no han contribuido a esclarecer determinados acontecimientos de nuestra historia reciente, sino que han facilitado su falseamiento, distorsión y ocultamiento, con la suma de consecuencias que esto acarrea. No ha habido historia sino memoria, esto significa que mientras que la historia puede ser estudiada con fuentes serias y de forma neutral, como disciplina que busca el rigor de los datos y de las interpretaciones, la memoria es antojadiza, parcial y nebulosa.

* Rebeca Fleitas. Diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de LLA. Comunicadora Social. Especialista en Comunicación Convergente. Locutora Nacional.