Agua subterránea, nuevo Código y Plan Hídrico: las decisiones clave que definirán el futuro de Mendoza

Hay tres decisiones trascendentes en manos del Gobierno y del Departamento General de Irrigación que generarán nuevas condiciones para vivir y producir en Mendoza durante los próximos 50 años. Las tres tienen que ver con la administración del agua, un recurso natural que por efectos del cambio climático, de la mala distribución y el atraso en la inversión está en una situación crítica.

Esas tres decisiones son la redacción de un Código de Aguas, el Plan Hídrico creado por la empresa Mekorot y la gestión del agua subterránea, la fuente de recursos que más demanda tiene en zonas de alto potencial productivo e inmobiliario. Las tres decisiones están también en manos de los "dos gobernadores" reelectos de Mendoza: Alfredo Cornejo y Sergio Marinelli. 

Cornejo y la "ley 1"

El gobernador Alfredo Cornejo anunció la redacción de un Código de Aguas, una estructura normativa que no existe en Mendoza y que en la práctica modificará la "ley 1" de la provincia, es decir la ley de aguas; además de otras reformas. El plan tiene la impronta que Cornejo le ha dado a otras estructuras estatales: reformar el "mecano", la base sobre las que se regulan las acciones y los recursos. El proyecto no está cerrado, pero sí avanzado y no fue difundido de manera masiva aún. El borrador se distribuyó entre las asociaciones de inspecciones de cauce para consensuarlo.

Según el propio Marinelli, se mantienen algunos de los principios de la ley de aguas, pero se modernizan estructuras. En el proyecto de Código no está plasmado, pero hay una idea de unificar gestiones que hoy están divididas, como e Irrigación e Hidráulica. El Superintendente asegura que el Código mejorará la transparencia, apuntará a que se mida el consumo y la calidad del agua y también los mecanismos internos. "Hoy, por ejemplo, el agua subterránea la otorga el Consejo. En el Código se propone que esas concesiones también las entregue la Legislatura", graficó Marinelli. "Se incorpora la planificación del agua como eje y los aforos", agregó. 

El Código tiene cerca de 285 artículos y más de 100 reformas a la ley de aguas. Algunas asociaciones ya pidieron más tiempo del que se había previsto originalmente. Es lo que solicitaron desde el Río Mendoza: a través de una nota formal dijeron que se tomarían 6 meses para analizar en detalle el proyecto. "Cualquier modificación o innovación de las normativas vigentes sobre un bien escaso como es el agua requieren de una evaluación de los propios gestores del sistema...Hasta tanto no se analice en su totalidad el Proyecto de Código de Aguas nuestras organizaciones no avalan ni legitiman el mismo, ello independientemente de las acciones que pudiese realizar el DGI o Gobierno de Mendoza", dijeron a través de un comunicado los regantes del Río Mendoza. 

Los inspectores, nucleados en las Asociaciones, buscan ponerle pausa a la velocidad que el Gobierno le quiere dar al debate y sanción del Código. 

El Código no viene solo. La empresa Mekorot está en la etapa final de elaboración del plan hídrico que le fue encomendado. Esa empresa israelí elaboró distintos informes previos que fueron corregidos y ajustados. Allí se presentó la situación de oferta y demanda actual; se plantearon los escenarios futuros sin intervención, con intervención y un plan de acción. Las proyecciones son a 2030, 2040 y 2050. El plan propuesto por Mekorot es cruzado con una revisión propia del DGI para evaluar su aplicabilidad. Y todo junto será evaluado y presentado como paquete, junto con el Código, de la política de Estado de gestión hídrica. 

El recurso preciado

La sequía que vivió Mendoza durante más de una década hizo tangible el futuro de escasez de agua. La disponibilidad de agua superficial merma y es visible. Pero el sistema hídrico de la provincia es más complejo y, entre otras fuentes, hay un preciado “tesoro” bajo el suelo: el agua subterránea, que para algunas zonas clave de Mendoza es el recurso del presente y para otras el del futuro.

El dique Potrerillos fue construido para almacenar una capacidad máxima de 420 hectómetros cúbicos (amenguada ahora por los sendimentos). Los acuíferos de la zona norte (río Mendoza y Tunuyán inferior) tienen un volumen de 275 mil hectómetros cúbicos, es decir hay más de 600 diques potrerillos bajo el suelo. Según los estudios de Irrigación, en la zona Centro el agua almacenada tiene un volumen estimado en 28 mil metros cúbicos y en la zona sur son 30 mil metros cúbicos. Pero, claro, no se trata de agua disponible.  

De hecho, según cálculos del Departamento General de Irrigación solo el 5% del volumen de agua subterránea es explotable y el equilibrio entre lo que se extrae y la compensación por reposición de reservas es muy delicado. Tanto, que en algunas de las zonas más preciadas hay restricción para acceder al agua subterránea. Allí es donde surgen la competencia, las tensiones y los litigios.

Hay emprendimientos que dependen netamente del agua subterránea, otros que compensan con esa fuente. Incluso existen enormes proyectos productivos proyectados en zonas sin agua, que esperan acceso a perforaciones para desarrollarlos. 

Mientras se avanza en el Plan Hídrico y el Código de Agua, el DGI también replanteará la estrategia para el acceso al agua subterránea, particularmente en la margen derecha del Río Mendoza, la zona más codiciada y que más litigios ha generado. En toda la provincia existen aproximadamente 20 mil perforaciones registradas. Pero cerca de la mitad se cree que están abandonadas. El relevamiento realizado por Irrigación llegó al Valle de Uco, donde “de las 1.781 perforaciones 415 se encuentran verificadas o en proceso de verificación”. En total hay 44.614 hectáreas que se riegan con agua de pozo en esa zona de vinos “premium”.

La demanda crece en algunas zonas que hasta hace dos décadas eran campo inculto y hoy son la tierra prometida. Es la margen derecha del río Mendoza, un área que no tiene disponibilidad de agua superficial y que es altamente demandada para ejecutar emprendimientos productivos. En el lugar hay una restricción para otorgar permisos y concesiones. Pero se abrió una ventana que generó conflictos profundos y causas judiciales. El Departamento General de Irrigación está camino a validar los estudios propios que darán pie a nuevas normativas. La duda es si habilitará nuevas perforaciones o mantendrá las restricciones.

En el lugar se relevaron 819 perforaciones y hay 13.400  hectáreas cultivadas que dependen de ese recurso.

El estudio que realizó el DGI será validado por el Conicet, con la intención de blindar los resultados. Luego, Irrigación emitirá las normativas en las que se mantendrán o no las restricciones. "Estamos trabajando en muchos instrumentos para mejorar la gestión y visualizar la importancia del agua subterránea. El agua es una sola, es un sistema; no se puede tomar por separado. Por eso evaluamos las recargas, incluso con un programa piloto. La intención es que todo se mida, que se evalúe técnicamente y esté validado", aseguró Agustín Speridione, subdirector de aguas subterráneas.

En la margen derecha confluyen varias realidades complejas. La restricción, la alta demanda y hasta una zona que está fuertemente impactada por antiguas fugas producidas en la refinería de Luján de Cuyo que impactaron en el acuífero. De hecho la planta Fambén, de YPF, realiza un complejo sistema de limpieza y reinyección de agua que es evaluada para analizar el impacto de esa recarga.

En esa zona el DGI había abierto una ventana para "limpiar" legalmente los reclamos y pedidos de pozos y se autorizaron 21 perforaciones, de las que hubo 13 permisos efectivamente constituidos, es decir pozos que se perforaron y comenzaron a trabajar y 6 de esos proyectos se encuentran ejecutados y con posibilidades de acceder a la concesión. Pero no todos quedaron conformes y hubo reclamos de empresas grandes que pidieron agua, no se las dieron y reclamaron ante la Suprema Corte porque consideraban que las restricciones estaban caducas. Ahora algunas de ellas quedaron en "lista de espera" por si Irrigación permite nuevas perforaciones. Entre los aspirantes que tienen algún derecho ganado a través de sentencias de la Suprema Corte está el gigante CRESUD. La empresa pidió 7 permisos de perforación para desarrollar un predio de más de 600 hectáreas en Agrelo. 

El resultado de los estudios está guardado bajo reserva hasta que sea validado de manera externa. Todo indica que no habrá una apertura "deliberada" porque la situación hídrica de Mendoza no tiene perspectivas de mejoras en la disponibilidad a largo plazo. Sí podría haber un "goteo" de nuevas autorizaciones. 

Es la misma zona en la que la Corte debe decidir sobre la legalidad o no de los 20 pozos que se dieron de manera poco transparente en 2010 y que terminaron con fuertes sospechas de corrupción y con la renuncia de quien era superintendente General de Irrigación, Eduardo Frigerio. Allí un grupo de empresas creó una Asociación Civil que, según las sospechas, tuvo como fin acceder a los pozos de agua usando esa figura, aunque eran empresas privadas aisladas. Luego del escándalo y en otra gestión, Irrigación ordenó el cegado de los pozos y se negó a otorgar la concesión. Las empresas recurrieron a la Corte, mientras aprovechaban el agua y ejecutaban los proyectos productivos. Las causas tienen todos los plazos vencidos, pero el Tribunal no dicta sentencia. En los informes previos y en el dictamen del Ministerio Público Fiscal se plantea el complejo escenario que se construyó: advertir la relevancia de cuidar el agua como bien público y la transparencia y legitimidad para acceder y la realidad de que ya haya proyectos productivos ejecutados, con patrimonio invertido.