Crecen las expectativas por el proyecto de ley que busca restituir bienes provenientes del crimen organizado

El proyecto "Bien restituido", que promueve el desmantelamiento patrimonial del crimen organizado y el fortalecimiento de la sociedad civil, concretó avances significativos con la presentación de un proyecto para que el recupero de los bienes provenientes del delito y sus nuevos destinos se articulen a través de una ley.

El coordinador de esta iniciativa, representante en Argentina de la organización italiana Libera, Lucas Manjon, dio detalles en MDZ sobre los avances legislativos que reunieron el apoyo de gran parte del arco político y se presentaron con el número de expediente 1314 - D - 2024, la semana pasada.

El proyecto de Ley de Administración y Reutilización Social de los Bienes Cautelados y Decomisados en causas penales reingresó al Congreso de la Nación, después de un primer intento que perdió estado parlamentario, y buscará  lograr un nuevo marco normativo que incite el recupero de los bienes provenientes del delito y que su destino sea el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias que se dedican a atender las necesidades de los grupos más vulnerabilizados de nuestro país.

De esta manera, activos como autos, barcos, casas, campos, aviones, entre otros, que han sido instrumento, producto y provecho de actividades delictivas complejas puedan ser reutilizados con fines sociales. 

"Es una idea de política pública que si bien tiene un comité promotor es una organización de organizaciones ya que desde el comienzo se sumaron las asociaciones de jueces y fiscales, las organizaciones religiosas como Caritas, DAIA y Aciera, organizaciones sindicales como la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, organizaciones de la economía popular como la UTEP y organizaciones de la sociedad civil de las mas diversas. Hoy son más de 50 organizaciones en todo el país que se sumaron a la propuesta de política publica de reutilizar los bienes que se recuperan del crimen organizado", valoró el abogado.

En sus consideraciones, el flamante proyecto de ley "viene a aportar un sistema racional y transparente en un buen problema que se genera porque la justicia logra recuperar bienes del crimen organizado. Desde hace mucho tiempo, a nivel internacional se promueve recuperar los bienes, que cada vez son más, es mucho dinero tanto físico como líquido. Esa política que todavía puede mejorar ya ocasiona lo que decimos 'un buen problema', porque el Estado puede recuperar lo que se apropiaron esas organizaciones y reparar parte del daño económico que le ocasiona al mismo Estado y a la sociedad en general, y por supuesto a las victimas directas de esas organizaciones". 

Actualmente, los bienes incautados en los procesos penales son administrados, en su mayoría, por el Poder Judicial, pero el sistema está funcionando de manera deficiente, lo que perjudica a la sociedad en su conjunto. Se estima que los activos que tiene hoy la justicia argentina en sus manos están valuados como mínimo en más de 100.000 millones de pesos. En su gran mayoría, se están deteriorando y perdiendo no sólo valor económico (con el perjuicio patrimonial que eso supone para el Estado), sino también simbólico. Además, no existen criterios objetivos para determinar cómo utilizar este instituto en los diferentes juzgados y tribunales. Por último, la información sobre estos bienes es incompleta y se encuentra en manos de distintos organismos, por lo que resulta difícil conocer cuántos están en poder del Estado y su valor, lo que a su vez obstaculiza su reutilización.

"Para que todo esto sea una herramienta el Estado tiene que tener reglas y un sistema para administrar esos bienes, sino lamentablemente pierden valor y básicamente se termina convirtiendo en un gran problema porque además de todos los recursos que destino para perseguir a las organizaciones y recuperar esos bienes, después tiene que gastar desorganizadamente dinero para mantenerlos, cosa que a veces no pasa y que al fin y al cabo no se pueden vender porque perdieron valor o reutilizar porque perdieron utilidad. El elemento central además del sistema que es necesario es la participación de la sociedad civil organizada, que en muchos aspectos colabora con el Estado en muchas actividades que sirven para prevenir la expansión del crimen organizado o tratar las consecuencias. Para nosotros ese elemento también es central porque también las organizaciones pueden darle uso, asistir al Estado en ese proceso con miles y miles de bienes y sostener políticas publicas en ese sentido. Y uno de los puntos más importantes es lograr que se transforme también en un nuevo paradigma, que permanentemente se revise y mejore pero que sea mediante la transversalidad", aclaró Manjón. 

Este proyecto comenzó de la mano de las organizaciones promotoras, se fueron sumando organizaciones de todo el país y al mismo tiempo un equipo de jueces y fiscales que coordinó el juez Sebastian Casanello, quien redactó los primero borradores del proyecto de ley que se presentó. Después las organizaciones de jueves y fiscales como AJUFE, AFFUN, AMJA y JUFEJUS colaboraron y dieron valiosos aportes a esos borradores que se fueron incorporando, después las organizaciones religiosas, sindicales, sociales y de la economía popular también hicieron contribuciones. "Cuando todo ese proceso se llevo adelante fuimos al Congreso y todos los bloques parlamentarios nos abrieron la puerta y hoy podemos contar con un proyecto que tienen un montón de apoyo y que esperamos que salga con el apoyo de todos, de esa manera estamos seguros de que se va a generar una política publica de largo alcance y durabilidad", agregó el especialista.

-Además de los casos en Argentina e Italia, ¿qué otros países se interesan por estas políticas? 

En muchos países del mundo, casi todos los países tienen agencias u organismos dedicados a la administración de bienes confiscados pero muchos se están dando cuenta que todos los bienes no se pueden vender y tampoco es conveniente que se vendan, tanto por el poco valor económico que algunos tienen -pero tienen una alta utilidad en el uso- y por la perdida del valor simbólico que tiene para el Estado y la sociedad en general, reutilizar bienes que eran de las organizaciones criminales. Es un tipo de política judicial, económica y social integral, que afortunadamente se esta expandiendo. Francia tiene experiencia convirtiendo viviendas recuperadas y transformadas en refugios contra la trata, España convirtió fincas y estancias en centros de recuperación para personas con consumo problemática, Países Bajos a convertido barcos en donde se transportaba drogas en embarcaciones con fines científicos. Tenes muchos casos en diferentes partes del mundo, en algunos casos son como parte de una política publica orientada como Italia y en otros casos como Francia, España, Países Bajos, Albania, Rumania, Colombia que están trabajando en una idea integral. Colombia que recuperó enormes cantidades de bienes a los grupos criminales comenzó a utilizar esos bienes para generar viviendas y puestos de trabajo y de socialización comunitaria en varios puntos del país.

-¿Qué relación tienen con organizaciones afines de Italia? 

Libera es una asociación que nació en 1995, que tiene más o menos unas 1800 organizaciones, digamos que es una asociación de asociaciones y que fue la promotora de esta ley de reutilizó social de bienes, que por ahora es única en Italia y que esperamos que Argentina sea el segundo país en el mundo que la tenga ya bajo el marco de una ley. La promotora de esta política en el mundo a través de las organizaciones sociales es Libera y el acompañamiento de todas las organizaciones que integran a Libera en Italia y las redes que Libera impulsa en Europa. América y África lo tuvimos y lo tenemos desde el comienzo. Intercambiando información, proyectos, brindando capacitaciones, fundamentalmente lo tenemos en la experiencia, lo cual nos permite sortear algunos pasos que ellos ya con casi 30 años de experiencia tienen

-¿De qué manera se involucraron en la reconstrucción y construcción del ex prostíbulo "Casita Azul" y la Casa de Lucía, en homenaje a la víctima de femicidio, Lucía Pérez? 

-Nosotros conocíamos desde hace ya varios años el trabajo de la Mesa contra la Trata de Mar del Plata y te diría que de una manera son promotores en la política de reutilización, porque llevar adelante la expropiación y transformar el lugar en un centro de memoria y reparación es el núcleo de nuestro proyecto. La mesa se incorporo desde el primer día a Bien Restituido y son una parte central del motor. Hicimos charlas en la ciudad, tuvimos reuniones con otras organizaciones, con funcionarios y eso solo fue posible por el trabajo de los compañeros y compañeras de la mesa. De hecho ellos nos cuentan la experiencia que están llevando adelante Marta y Guillermo (padres de Lucía), que también lo llevan adelante a partir de un bien recuperado y que para nosotros es una muestra enorme de que es el camino que tenemos que seguir. Por eso nosotros estamos trabajando para que a través del proyecto Bien Restituido, que es apoyado financieramente por la Delegación de la Unión Europea en Argentina podamos colaborar en la reconstrucción de esos espacios, que de haber tenido los dos lugares y tantos otros un sistema de cuidado previo, estarían óptimos al ciento por ciento. Nosotros solo queremos colaborar y fundamentalmente aprender de la experiencia y el trabajo diario de las dos organizaciones.

El consorcio de organizaciones que ejecuta el proyecto desde 2021, además de Libera, la fundación global sin fines de lucro que lucha por prevenir y combatir la trata de personas y la esclavitud en todas sus formas, también cuenta con el apoyo de Asociaciones, nombres y números contra las mafias; Circolo Giuridico di Argentina; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); y Fundación Multipolar. Y es financiado por la delegación de la Unión Europea en Argentina.

Con estas propuestas, el proyecto abre la discusión sobre la necesidad de establecer un nuevo sistema de administración y disposición racional, efectivo y transparente. Permite pensar un proceso más eficiente de gestión de esos bienes, generando herramientas adecuadas para la lucha contra el crimen organizado y permitiendo que lo que se le quitó a la comunidad pueda volver a ella.

También tiene como objetivo promover un debate participativo entre diversos sectores del Estado y la sociedad civil, para alcanzar un amplio acuerdo que permita avanzar en el recupero de activos con orientación social. Busca transformar los bienes criminales en bienes comunes y reutilizados social y económicamente. 

La reutilización de los bienes es una práctica que permite al Estado cumplir con su deber de reparación de daño padecido por las víctimas directas de las actividades criminales, pero también de las víctimas indirectas, que es la sociedad civil en general, con particular énfasis en los sectores más vulnerables de ella.

"En un contexto en donde la violencia asociada al narcotráfico crece de modo alarmante, se impone la necesidad de realizar cambios en la actuación del sistema judicial argentino frente a estos casos", coinciden los adherente al proyecto.

En Italia, la reutilización social de bienes decomisados de la delincuencia organizada rige desde 1996, y actualmente la Agencia Nacional para la administración y la destinación de los bienes secuestrados y confiscados a la criminalidad organizada (ANSBC) administra junto a los diferentes gobiernos regionales y municipales y las organizaciones de la sociedad civil, más de 24.500 bienes inmuebles que antes pertenecían a las organizaciones mafiosas.

La ANSBC, además de preservar y administrar estos bienes muebles (automóviles, embarcaciones y aeronaves) e inmuebles (casas, departamentos, hoteles, campos, entre otros), ha logrado destinar más de 40.000 millones de euros recuperados del crimen organizado a la prevención y reparación del daño ocasionado.